La raíz de la furia aguaruna

A propósito de un terrible despertar y la defensa de un símbolo de enlace de grupo.

agenciaperu.com

La madrugada del jueves 17, en el más absoluto silencio, desplazándose por el fangoso terreno y escondiéndose entre los matorrales, unos doscientos hombres, con los rostros pintados y premunidos de escopetas, cuchillos, flechas y lanzas empezaron un feroz ataque para defender aquello que es símbolo de su seguridad individual y de enlace de grupo: su tierra.

El ataque de los aguarunas de la comunidad de Los Naranjos, a un grupo de aproximadamente 120 colonos, por la posesión de las tierras de la zona llamada Flor de la Frontera, en el distrito de San José de Lourdes, en Cajamarca, ha conmovido al país. El resultado del enfrentamiento aún no se conoce del todo. Se habla de más de 20 fallecidos, unos 25 heridos y aproximadamente seis niños desaparecidos. Entre tanto, los nativos heridos curan sus heridas con hierbas de la zona.

En su huida por el monte, varios adultos perdieron a sus niños los que, horas después, fueron hallados vagando por el monte por los mismos nativos aguarunas que habían perpetrado el ataque. Los nativos retuvieron a los niños hasta que las autoridades policiales los rescataron.

Sólo en la amazonía peruana existen alrededor de 1,402 comunidades nativas que pertenecen a unos 56 grupos etnolinguísticos, es decir, un aproximado de 305 mil personas. Entre ellos están los shipibos, huambisas, aguarunas, ashánikas y campas.

La comunidad aguaruna (awajún) es oriunda de las riberas de Marañón y pertenece a la familia etnolingüística Jíbaro. A consecuencia de enfrentamientos internos, un grupo emigró al valle del Alto Mayo a comienzos del siglo pasado. Ellos trabajaron sus tierra como les enseñaron sus ancestros, con un sistema de rotación y de descanso que, erróneamente, a decir de los dirigentes nativos, se mal entendió como un síntoma de abandono.

Dada la complejidad de la selva y el número de las comunidades nativas, las tierras son un signo de enlace grupal y su recuperación, reconocimiento, demarcación y registro son derechos esenciales para su supervivencia e integridad. Asimismo, el artículo 88 de la Constitución precisa que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Los problemas entre los nativos y los colonos se iniciaron en 1989, cuando éstos llegaron a Flor de Frontera a instalarse y a trabajar las tierras con cultivos de café, maíz y yuca. Esto llevó a las partes a un juicio que, según el presidente de la comunidad nativa Los Naranjos, Kasen Jempekit Katyp, se solucionó a favor de su etnia el 12 de enero pasado.

A decir del dirigente huambisa, Wrays Pérez Ramírez el territorio ocupado por los colonos les pertenece a los aguaruanas desde tiempos ancestrales, pero recién a fines de 1995 les fue reconocido ese derecho por el Poder Judicial, y fue inscrita en la ficha 3640 de la Oficina Registral de Jaén. Los títulos de propiedad les fueron entregados por el Programa Especial de Titulación de Tierras, del ministerio de Agricultura.

Pero como los problemas entre los colonos y los nativos continuaban, frente a la documentación presentada, se programó un primer desalojo en noviembre del año 2000. Al poco tiempo nuevamente habían regresado los colonos, azuzados, aseguran directivos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, por las empresas madereras ya que a zona es rica en aliso. Las autoridades locales programaron dos nuevos desalojos que fueron frustrados porque los colonos tuvieron el apoyo de ronderos de la zona.

El dirigente huambisa explicó que los invasores fueron desalojados, con apoyo policial, el 10 de enero último por el fiscal provincial de San Ignacio, Carlos Osores. Añadió que las mismas autoridades judiciales les recomendaron a los nativos tomar posesión del terreno de inmediato. Cuando los nativos quisieron hacerlo, se encontraron con los colonos que habían regresado a ocupar las tierras.

Por eso, confirmó, los aguarunas decidieron encargarse ellos mismos del desalojo y con sus propias armas. Ellos saben que su supervivencia depende de sus tierra, en ellas encuentran sus alimentos, sus medicinas y sus abrigos. Pero están dispuestos a conversar y encontrar una solución y sólo aceptarán la intermediación de la Defensoría del Pueblo, dijeron sus delegados.

Entre tanto, ya a nivel oficial, se ha creado una comisión multisectorial para buscar soluciones al problema. La integran representantes de los ministerios de Justicia y Agricultura, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de Comunidades Andinas y Amazónicas.

El congreso de la República también ha formado una comisión para investigar la matanza. Está presidida por el parlamentario Luis Guerrero (PP) e integrada por Víctor Noriega (PAP), Rosa Florián (UN), Manuel Bustamante (FIM) Y Jorge Mera Ramírez (UPD). Ellos tienen un plazo de 30 días para averiguar cómo ocurrieron lo hechos y presentar un informe a la Comisión Permanente.