Olivera denunciará a juez de Arequipa

agenciaperu.com

El ministro de Justicia, Fernando Olivera, informó hoy en conferencia de prensa, que su despacho denunciará al juez del Noveno Juzgado de Instrucción de Arequipa, Deni Álvarez Quiñónez, por prevaricato, al haber ordenado la suspensión de la privatización de dos empresas eléctricas sureñas.

Olivera consideró que la resolución emitida por el juez Quiñónez es "una aberración jurídica", ya que se sustenta en una ley de regiones aún no vigente, ya que el reglamento de esta todavía no ha sido aprobado.

Esta reacción viene a raíz de la orden del juez Álvarez Quiñones, quien ordenó hoy que se suspenda la privatización de las empresas regionales del sur, a vísperas de que el gobierno realizará la subasta de dichas compañías.

Por su parte, en la misma conferencia de prensa, Ricardo Vega Llona, titular de PROINVERSIÓN, organismo encargado de llevar adelante la subasta pública, señaló que "hemos sido notificados esta mañana de la resolución de un juez de la ciudad de Arequipa, que declara fundada una acción de amparo en la que se pide que la subasta sea suspendida, pero hemos apelado de inmediato, de manera que vamos a seguir adelante".

DIEZ CANSECO: OLIVERA ES PREPOTENTE Y DICTATORIAL

El congresista de la República, Javier Diez Canseco, rechazó las declaraciones del Ministro Olivera, y las consideró una actitud contra la autonomía del Poder Judicial.

La acción fue catalogada por el parlamentario de "prepotente, dictatorial y abusiva frente a un juez que actúa con independencia de criterios", apara quien las declaraciones del ministro representa "una violación constitucional".

Además, Diez Canseco dijo que evaluará si las declaraciones de Olivera "ameritan una acusación constitucional contra el Ministro de Justicia".

El cuarto vicepresidente del Congreso explicó a los periodistas reunidos en los pasillos del Parlamento que el juez Álvarez Quiñónez, de Arequipa, decidió que es inaplicable en la región la resolución suprema que incorpora a las empresas Egasa y Seal al proceso de privatización, así como inaplicable la transferencia de acciones de la región Arequipa, por lo que ordenó a PROINVERSIÓN, cese el proceso de privatización de dichas empresas, cuya titularidad corresponde a la región Arequipa.