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 Vargas
Valdivia niega campaña contra la libertad de prensa
El procurador
Vargas Valdivia rechazó las acusaciones de Nicolás
Lúcar, negó estar detrás de una campaña
contra la libertad de expresión y afirmó contar con
todas las razones legales para declarar a los medios de comunicación
como terceros civilmente responsables en los casos de corrupción.
Además, durante la entrevista que le hiciera Cecilia Valenzuela
en el programa Entre Líneas, recibió la solidaridad
de Javier Diez Canseco, Sofía Macher y Fernando de Szyszlo.
agenciaperu.com
El procurador
ad hoc para el caso Fujimori - Montesinos, Luis Vargas Valdivia
fue acusado por el periodista Nicolás Lúcar de haber
emprendido una campaña contra la libertad de expresión
y de querer silenciar los noticieros de canal 4 al pretender declarar
a América Televisión como tercero civilmente responsable
y pasivo de sanción al solicitar una intervención
judicial y el embargo de esa empresa.
"La Procuraduría
de la República no ha emprendido ninguna cruzada contra la
libertad de expresión, sino contra la impunidad y el delito
que cometieron todos aquellos que aprovecharon los bienes del Estado
para obtener parte del botín que manejaban Vladimiro Montesinos
y Alberto Fujimori", declaró Luis Vargas Valdivia, durante
una entrevista con Cecilia Valenzuela, en el programa Entre Líneas.
El funcionario
precisó que la telecomunicación es un bien del Estado
y que los que los propietarios de los canales de televisión
reciben tan sólo una licencia temporal para utilizar parte
de un espectro y ofrecer un servicio y un divertimento al público.
Si utilizan mal esa licencia actúan en perjuicio del propio
Estado de Derecho, dijo.
"Debemos
tener en cuenta que América Televisión fue el medio
que utilizaron los prófugos Crousillat para tener ilícitas
ventajas y obtener parte del botín que manejaban Vladimiro
Montesinos y Alberto Fujimori. Los Crousillat se encuentran comprendidos
como cómplices del delito de peculado y como autores del
delito de asociación para delinquir, además de otros
contra la administración pública. Por lo tanto, la
Procuraduría, el Poder Judicial y el Estado no están
embarcados en una campaña contra la libertad de prensa. Por
el contrario, creemos que estamos ayudando a limpiar la prensa peruana
y a separar a todos aquellos malos elementos que vendieron sus conciencias
a favor de esta dictadura", aclaró.
Luego agregó
que "prueba de lo que digo es que todos oímos los audios
en los que Vladimiro Montesinos y Borobio indicaban a los señores
Crousillat cuál debía ser la línea editorial
y que debía contener cada programa. También vimos
esas famosas entrevistas que no sólo eran pautadas por Vladimiro
Montesinos, sino que él mismo las dirigía. Queda claro
que estos medios de comunicación social si fueron utilizados
con fines ilícitos. Por eso nuestra cruzada es contra el
delito y contra aquellos que piensan que el dinero les da poder
y acceso a los medios de comunicación para salir impunes".
RECHAZA ACUSACIONES
DE LUCAR
Respondió
así a las acusaciones del director del programa La Revista
Dominical, emitido por América Televisión, que dijo
que hay una campaña siniestra para quitar el canal a la familia
Crousillat. Nicolás Lúcar contó que Gonzalo
de las Casas, abogado de Gustavo Mohme Seminario, dueño del
diario La República, empresa que pretendería comprar
el canal, es socio de Luis Vargas Valdivia.
El procurador
explicó que el Estado contrató los servicios del Estudio
Benitez, Mercado y Ugaz para administrar la Procuraduría
y defender los intereses del país en el caso Fujimori-Montesinos.
"Se designaron a los doctores José Ugaz, Ronald Gamarra,
César Azabache y yo. El contrato venció el 31 de enero
de este año y no se ha renovado porque el Estudio hizo saber
al Estado doctor José Ugaz decidió retirarse para
dedicarse a la docencia".
"Entonces
yo decidí seguir en la procuraduría a fin de darle
continuidad a las investigaciones. Pero para ello tomé la
precaución de pedir licencia sin goce de haber y también
licencia societaria al Estudio. Por eso no aparezco en el membrete
del Estudio y desde el primero de febrero de este año me
dedicó exclusiva y únicamente a defender los intereses
del Estado en la Procuraduría ad hoc", explicó
Vargas Valdivia.
Contó
luego desde el año pasado la procuraduría ha solicitado
que América Televisión (canal 4), Panamericana Televisión
(canal 5), Andina Televisión (canal 9), el diario Expreso
y otros medios de comunicación social, suyos propietarios
hipotecaron y vendieron su línea editorial en favor de la
campaña reeleccionista del ex presidente Fujimori, sean comprendidos
como terceros civilmente responsables y sujetos pasivos de sanción,
conforme al artículo 105 del código penal. Este artículo
señala que el juez al encontrar responsabilidad en el encausado
puede, también, dictar una serie de medidas contra las personas
jurídicas y ese sería el caso de una empresa cuando
es utilizada para cometer un delito.
Nicolás
Lúcar también acusó al procurador Vargas Valdivia
de aprovechar la ausencia del ministro de Justicia Fernando Olivera
para solicitar se declare persona jurídicamente responsable
al canal cuatro. La respuesta del procurador fue que, efectivamente,
él no coordina con el ministro Olivera ni con ningún
otro funcionario del gobierno y que actúa conforme a lo que
él estima correcto, porque cuando el Estado lo contrató
exigió independencia y autonomía.
LAS EMPRESAS
SÍ PAGAN REPARACIONES CIVILES
El procurador
rechazó el comentario de algunos congresistas y juristas
que alegaron que las personas jurídicas, o sea las empresas,
no pagan reparaciones civiles y que por ello los canales de televisión
involucrados en el caso no son sujetos pasivos de sanción.
Eso no es cierto y cualquier estudiante de derecho que haya cursado
el tercer o cuarto año puede señalarlo, dijo.
Puso como ejemplo
el caso del ómnibus Reibús, que chocó contra
una estación de venta de gasolina en Chincha y en el que
fallecieron carbonizadas más de 35 personas. Dijo que allí
hay un delito y serán procesados el chofer y el copiloto
y que la reparación civil también será pagada
por la empresa.
Más adelante
respondió que no es cierto que no se pueda embargar una empresa
en proceso de reestructuración empresarial, como es la situación
de Canal 4 frente a Indecopi y que sería uno de los argumentos
del abogado de esa empresa, Carlos Chipoco.
"Nosotros
consideramos que no es así y que hay que hacer una distinción
entre lo que es un embargo frente a acreencias existentes y lo que
es una medida cautelar con fin de aplicar una sanción penal.
Creo que hemos presentado argumentos sólidos para que el
Poder Judicial pueda acceder a nuestro pedido y también creo
que eso ya se ha iniciado con la constitución de América
Televisión, canal 4, como persona judicial civilmente responsable
y sujeto pasivo", precisó. 
MUESTRAS
DE SOLIDARIDAD
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Fernando
de Szyzslo, pintor
Para el
artista Fernando de Szyzslo América Televisión
y Panamericana Televisión fueron soportes muy importante
e indispensables para la dictadura. Esas empresas contribuyeron
a consolidar y a perpetrar un gobierno que ellos, antes y
mejor que nosotros, sabían que era totalmente corrupto,
explicó.
"Lo
más grave para mí es, sin duda, que todo ese
apoyo y toda esa promoción a la dictadura, junto a
los ataques contra todos aquellos que pensaban diferente,
usando los más bajos argumentos, no eran ni siquiera
nacidos de una convicción profunda, sino de un irreprimible
y de un inescrupuloso amor al dinero, como pudimos ver directamente
en los irrefutables vídeos hechos por su jefe",
agregó.
"Se trata, pues, de delitos muy graves que no deberían
quedar impunes. Espero que la justicia peruana no se deje
envolver en subterfugios legales. De lo que sí estoy
más que seguro es que apoyo totalmente el trabajo del
procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia", finalizó.
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Sofía
Macher, representante de la Coordinadora Nacional de los Derechos
Humanos.
Para Sofía
Macher, ex directora de la coordinadora nacional de Derechos
Humanos y actual miembros de la Comisión de la Verdad
la labor del procurador Luis Vargas Valdivia es restituir
el Estado de Derecho y al solicitar el embargo de los bienes
de los canales que se vendieron a la mafia de Vladimiro Montesinos
no está atentando contra la libertad de prensa ni es
una violación a los derechos humanos.
"Creo
que es evidente para todos los ciudadanos del Perú
que la corrupción que se vivió durante la época
de Fujimori y que América Televisión y Panamericana
Televisión, lo hemos comprobado con los vladivideos,
transmitieron los que les ordenaba el Servicio de Inteligencia
Nacional y eso es una clara manipulación", dijo.
Confió
en que el procurador Luis Vargas Valdivia se mantendrá
firme en su posición y, al expresarle su total respaldo,
dijo que es evidente que puede haber muchos trucos legales
para pretender buscar algún tipo de legalidad que los
pueda defender. Son vericuetos a los que tenemos que estar
muy atentos, advirtió.
"Creo
que para el país quedó absolutamente claro que
esta gente utilizó frecuencias que son de todos los
peruanos con fines absolutamente corruptos y eso no lo podemos
seguir permitiendo en nuestro país. Tenemos que ser
firmes", añadió.
Para finalizar
comentó que el debate que habrá en el Congreso
sobre el control de las licencias de los medios de comunicación
televisivos será un paso sustantivo para garantizar
la libertad de expresión y sea controlado por la sociedad
civil y por los ciudadanos.
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| Javier
Diez Canseco, congresista
Para el
congresista Javier Diez Canseco la petición de la Procuraduría
para embargar los bienes de los canales de televisión
cuyos propietarios vendieron su línea editorial no
sólo está ajustada a ley sino que merece el
respaldo de gran parte de peruanos, por encima de la campaña
de engaños y de escándalos que están
prediciendo algunos para preservar sus instrumentos de manipulación.
A continuación fragmentos de la conversación
con Cecilia Valenzuela de Entre Líneas.
El congresista Javier Diez Canseco opinó que hace mucho
tiempo que una gran cantidad de peruanos reclamamos sanciones
para castigar el accionar delictivo de aquellas personas que
violaron nuestro derecho a informarnos con objetividad y pluralidad.
Sin embargo lo que hicieron fue manipularnos, o intentarlo,
a través de los medios de comunicación que el
Estado entregó por medio de licencias y concesiones
para ser manejado por determinados grupos privados.
"Todos
hemos visto como Vladimiro Montesinos pago y bien para deformar
la información, para engañar a la gente y para
manipular a la opinión pública. También
hemos visto cómo presidentes de directorios, directores
y gerentes de los canales de televisión se prestaron
a esto sin rubor en el rostro", dijo.
Recordó, asimismo, que muchas empresas de comunicaciones
se negaron a emitir publicidad de varios de los partidos políticos
durante la campaña electoral del año 2000. Esta
es una decisión que sólo puede tomar la persona
jurídica y no la persona natural, porque es la empresa
la que decide no dar publicidad, a cambio de los pagos que
recibían de Montesinos, precisó.
Javier
Diez Canseco explicó que es la empresa la que decidió
colocar a determinados periodistas a manejar la información
y los noticieros, como se constató en las grabaciones
de las conversaciones de Montesinos con Schutz, los Crousillat
y los Winter. Añadió que es la empresa la que
también optó por manejar determinados programas
al servicio del régimen de Fujimori y con dinero mal
habido, que entregó el propio Montesinos.
"Entonces
es absurdo decir que la empresa no es civilmente responsable
y que sólo lo son las personas. Más aún,
un hecho que los peruanos deben saber es que el adelanto de
herencia que ha hecho el señor José Enrique
Crousillat a favor de sus hijas sería nulo porque nadie
puede pretender transferir una propiedad después de
haber cometido un delito, para evitar cumplir con las obligaciones
y penalidades que la ley establece", comentó.
"Creo
que la petición para embargar los bienes de los canales
cuyos propietarios han estado comprometidos en evidentes hechos
delictivos está perfectamente ajustado a derecho. Ahora
lo que corresponde es aplicar la ley de Telecomunicaciones
y sancionar, privando de licencia, a quienes violentan las
normas de la ley de telecomunicaciones, los derechos de los
radioescuchas y televidentes y de todos los peruanos a tener
una información veraz y bajo principios éticos",
añadió.
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