| Piden
ampliar investigaciones sobre Mantilla y grupo "Rodrigo Franco"
agenciaperu.com
La comisión
del Congreso de la República que investiga los hechos
de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto
Fujimori planteó la ampliación de investigaciones
sobre el accionar del grupo paramilitar “Rodrigo Franco”,
y su eventual relación con el ex ministro del Interior,
Agustín Mantilla, e incluso, el ex mandatario Alan
García.
En rueda
de prensa, los parlamentarios Ernesto Herrera y Javier Diez
Canseco, miembros del citado grupo congresal, precisaron que
los trabajos efectuados permiten conocer que hay indicios
que sugieren la conveniencia de ampliar investigaciones a
fin de esclarecer todo lo relacionado con las acciones de
violencia y eventual represión que se atribuye al desaparecido
comando armado.
Diez Canseco
expresó que se había establecido que miembros
de la seguridad del entonces ministro Mantilla tenían
estrecha vinculación con Jesús Miguel Ríos
Sáenz (a) "Chito Ríos", a quien se
atribuye haber realizado acciones de seguimiento e inteligencia
que implicaron posteriores comisiones de delitos.
"Hubo
abuso en el uso del Ministerio del Interior, que fue infiltrado
por elementos civiles que fueron armados y entrenados",
explicó Diez Canseco
Asimismo,
añadió que hubo un grupo paralelo a las instancias
oficiales en el que había elementos tanto policiales
como civiles que hacían labor de inteligencia con posteriores
desapariciones de personas.
Los legisladores
señalaron que en instancias del Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial no había ninguna investigación
concluida ni tampoco una voluntad registrada sobre el particular.
Por ello, reiteraron la conveniencia de ampliar las investigaciones.
En este
caso, el informe fue suscrito por los congresistas Herrera,
Diez Canseco, Heriberto Benítez Rivas (FIM) y Javier
Velásquez Quesquén (PAP). Se abstuvo de firmar
el documento el legislador Rafael Rey Rey (UN), según
dijeron.
CUENTAS
DE MANTILLA
De otro
lado, la misma comisión solicitó, en otro informe
dado a conocer en la rueda de prensa, el inicio de un antejuicio
político contra Agustín Mantilla por supuesta
infracción a la Constitución Política
y pidió su inhabilitación para el ejercicio
de la función pública hasta por diez años.
Ello está referido a las cuentas bancarias del ex ministro
en el exterior y cuya ilicitud se presume.
Así
mismo, propuso denunciar ante la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT) para que proceda
a ejercitar la acción penal que la ley reserva a Mantilla
y a su hermano Jorge Luis Mantilla Campos por presunto delito
de defraudación tributaria en agravio del Estado.
Los legisladores,
en su informe aprobado también por mayoría,
estimaron pertinente recomendar al Poder Ejecutivo que, consecuente
con la lucha frontal contra la corrupción en todas
sus formas, al más breve plazo proporcione recursos
necesarios que permitan la operatividad y funcionamiento integral
de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las cuentas
del ex ministro se refieren a las abiertas el 26 de septiembre
de 1990 en la agencia del UBS Bank de Miami, con un depósito
inicial de 300 mil dólares, en cada caso, a favor de
las empresas Dunmore Management Inc., de los hermanos Máximo
y Agustín Mantilla; y Killarney Management Ltd., de
Jorge Mantilla y Martha Salerno Flores.
Las dos
empresas fueron constituidas el 13 de diciembre de 1990 en
las Islas Vírgenes Británicas, con condiciones
muy especiales. Entre otras cosas, la comisión concluyó
que las cuentas bancarias fueron abiertas con recursos presumiblemente
ilícitos del pago de comisiones ilegales. Además,
considera falsa la declaración de Mantilla de que el
origen de sus cuentas serían donaciones. Igualmente,
considera falsas las declaraciones de los hermanos Mantilla
según las cuales el dinero fruto de las supuestas donaciones
fue para el financiamiento de actividades del Partido Aprista
Peruano (PAP).
Se verificó
que en las cuentas se efectuó movimientos por ingreso
ascendentes a 6 millones 325 mil 304.40 dólares americanos.
De otro lado, se concluyó que, pese a las transferencias
efectuadas a terceros identificados y no identificados, Mantilla
no incrementó su patrimonio personal en el país.
Además, cuando era congresista en el período
1995-2000, utilizando procedimientos de triangulación,
recibió 310 mil dólares. Por intereses recibió
190,183 dólares, y además realizó movimientos
por un millón 6 mil 992 dólares, lo que constituye
delito tributario.
Igualmente,
como congresista electo en 1995, Mantilla ocultó la
información que consignó en la Declaración
Jurada, que estaba obligado a presentar, conforme a la Constitución
del Estado, la ley y el Reglamento del Congreso de la República.
Este segundo
informe fue aprobado por mayoría, con observaciones
del congresista Velásquez Quesquén y la negativa
a suscribir el documento del legislador Rey Rey, conforme
a lo expresado por los legisladores informantes.
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