Aprueban informe de caso Pucalá

agenciaperu.com

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad, con cargo a redacción, el Informe Final del "Caso Pucalá", la ex hacienda azucarera que en 1996 pasó a manos privadas en una polémica operación financiera.

El Informe citado consta de dos conclusiones, uno de los cuales, suscrito por Víctor Valdez (GPDI), sindica a diversas personas como responsables de los presuntos delitos. El otro es firmado por Javier Velásquez Quesquén quien se excusa de dar nombres debido a que no se les tomó el debido testimonio.

INFORME VALDÉS

El Informe Valdez involucra a la actual magistrada del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo de Mur, por el delito de Tráfico de Influencias en agravio del Estado, "por invocar su calidad de magistrado del TC, prometiendo ventajas con el ofrecimiento de interceder ante el juez por un caso en el que se encuentra involucrado su esposo Jaime Mur Campoverde".

Un segundo cargo señala a Revoredo por Corrupción de Funcionarios. Valdez dijo que fueron hallados documentos que serían la prueba que ella recibió "pagos por su intervención".

Cita también a Boris Ljubicic, Arturo Woodman Pollit, presidente de la CEPRI azucarera; y Enrique Díaz Ortega, presidente de la Bolsa de Valores de Lima; al ex Presidente de la República, Alberto Fujimori y los ex ministros Víctor Joy Way, Belisario de las Casas, Absalón, Pedro Flores Polo, Edgardo Mosqueira y Gustavo Caillaux.

El Informe involucra además al coronel PNP José Raúl Baldo por Abuso de Autoridad; así como a Alberto Nugent, por homicidio en agravio de Marcos Barrantes; y Jaime Mur Campoverde por Apropiación Ilícita, Corrupción de Funcionarios y Homicidio en agravio de Leonidas Coronel Sánchez.

EL INFORME QUESQUÉN

A su vez, las conclusiones del Informe Final presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Javier Velásquez Quesquén (Apra), difiere del de su colega Valdez en que no individualiza a los presuntos responsables de los sucesos.

Velásquez expuso que los responsables penales están siendo procesados en el Poder Judicial. El citado legislador explicó que no puede señalar la responsabilidad penal de personas que no se les tomó testimonios.

Estas son las conclusiones, según Velásquez:

1) Wiese SAB transgredió la Ley de Mercado de Valores,
2) Wiese S.A.B. transgredió el Decreto Legislativo 861
3) El acto de transferencia de las acciones es nulo
4) El dictamen pericial señala que no hay igualdad entre el número de acciones ni en el de los accionistas.

Estas son las recomendaciones del congresista Velásquez:
a) Interponer a través de los trabajadores accionistas de Pucalá la nulidad de transferencia de acciones.
b) Indemnización por daños y perjuicios a favor de los trabajadores
c) Efectuar un seguimiento de las acciones legales según la denuncia del
Congreso
d) Exhortar a la SBS la imposición de acciones correspondientes a Wiese S.A.B.

Este caso se remonta a marzo de 1996 cuando el Poder Ejecutivo buscó reflotar a las antiguas haciendas cañaveleras con la incorporación de empresarios privados.

El congresista Valdez manifiesta en el informe que leyó, que el gobierno de Fujimori desarrolló toda una política intervencionista mediante el "Programa Extraordinario de Regularización Tributaria" (PERTA).

Gracias a este PERTA, la Sunat condonaba el 70% de la deuda tributaria y capitalizaba el restante 30%, siempre que cambiaran su modalidad empresarial a sociedades anónimas, y los trabajadores capitalicen no menos del 50 por ciento de su compensación por tiempo de servicios y el 100 por ciento de adeudos laborales.

Las acciones empresariales fueron compradas a 10 nuevos soles por unidad, para luego transferirlas a terceros a través de una Comisión de Ventas encargada de buscar socios estratégicos.

La Comisión de Ventas en coordinación con la CEPRI azucarera optó por la subasta internacional. Se presentaron a ella dos postores, quedando al final sólo "Ízaga Paramonga".