RDC favoreció a Germán de la Fuente

agenciaperu.com

El ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Raúl Diez Canseco, fue encontrado responsable de haber incurrido en el presunto delito de concusión, en la modalidad de patrocinio ilegal, por favorecer los intereses de Germán de la Fuente, padre de Luciana de la Fuente, y por la injerencia en la contratación de ella y de sus primos Juan Manuel y Marina Ostoja Carmelino.

Sin embargo, fue rechazada de las Conclusiones de la investigación, el presunto delito de usurpación de funciones por haber propiciado el decreto supremo 047-2003-EF que fue materia también de investigación por la Comisión de Fiscalización, que en su sesión del martes 2 se dedicó, exclusivamente y por seis horas, a debatir el pre-dictamen que elaboró la asesoría.

Asimismo, después de más de cuatro horas de debate intenso, la Comisión acordó acusar al ex ministro de Economía, firmante del DS (hoy presidente del BCR) Javier Silva Ruete, por el mismo delito.

El debate tuvo un preámbulo de críticas al presidente de la Comisión, Javier Velásquez Quesquén (PAP) porque el viernes de la semana pasada presentó el pre-dictamen en conferencia de prensa y sin ningún integrante de su mesa directiva.

Los cuestionamientos provinieron de los congresistas Gustavo Pacheco, Máximo Mena, Jorge Mufarech y Juan Ramírez Canchari. Argumentaron que el
presidente de la Comisión había adelantado conclusiones a las que no se había llegado en la Comisión y menos discutido.

Velásquez dijo que el texto fue remitido a los congresistas el mismo día viernes y como ha ocurrido en otras oportunidades con otras Comisiones y en busca de la transparencia, decidió hacer público el pre-dictamen haciendo hincapié en que aún no había sido discutido.

En el debate central, el congresista Mauricio Mulder anunció que la CPA hacía suya las conclusiones y recomendaciones del informe. Señaló que el ex ministro Diez Canseco vulneró los artículos 73°, 103° y 126° de la Constitución Política, y que la norma legal que se expidió tenía nombre propio.

La responsabilidad penal de Diez Canseco fue que patrocinó y promovió un interés particular, pero no se había acreditado que se iba a beneficiar a un tercero.

El congresista oficialista Jorge Mufarech afirmó que los responsables son los ministros y en el caso de Silva Ruete, él debió tener los informes de asesoría jurídica antes de firmar el decreto. Sin embargo, pudo haber sido sorprendido. En su concepto, no hubo infracción y por lo tanto no hubo delito.

La posición de su colega de bancada, Gerardo Saavedra, fue que el ex ministro de Economía sí estaba comprometido. Aurelio Pastor (PP) expresó que el país "estaba mortificado" por el caso Diez Canseco, y que en la expedición del DS hubo una clara y manifiesta participación para favorecer una situación especial.

Pidió la nulidad de la norma legal y dijo que se había delito de usurpación de funciones. La constitucionalidad del DS 047 fue defendida por los congresistas Juan de Dios Ramírez y Jorge Mufarech, ambos de Perú Posible. Mientras, el congresista Eduardo Salhuana pidió que la Comisión Permanente se pronuncie sobre el tema.

Gustavo Pacheco (FIM) dijo que habría que diferenciar el trabajo personal de cada congresista con lo que la Comisión había decidido en conjunto y con el argumento de que "cuando llueve todos se mojan", dijo que el referido DS tenía un "paraguas constitucional", pero detrás de ello había responsables que no fueron citados a la Comisión, como los funcionarios de Prompex, de Promperú, el viceministro de Hacienda, Fernando Zavala; y la jefa de Política Fiscal del MEF, Carmen Negrón.

Debido a los diversos argumentos que hacían casi imposible ponerse de acuerdo en las conclusiones y recomendaciones, el congresista Jorge Mufarech pidió un cuarto intermedio para alcanzar, de ser posible, un consenso en las responsabilidades señaladas en el predictamen. Pasados unos 30 minutos, se reinició el debate pero no hubo acuerdos.

Por mayoría, se aprobaron ocho conclusiones. Se eliminó la que consideraba que existían indicios razonables de que Raúl Diez Canseco habría incurrido en el delito de usurpación de funciones; y se incluyó en la acusación a Javier Silva Ruete.

En el caso de los funcionarios Ramiro Salas Bravo, Juan José Gastañeta, Pedro Zavaleta Montoya, Jaime Loret de Mola, Fernando Zavala, Carmen Negrón, Jorge Montero y Leticia Gonzales, será el Ministerio Público el que inicie las investigaciones del caso porque no les alcanza el antejuicio político.

La conclusiones a las que arribó la Comisión, al promediar las 9 de la noche fueron: El ex ministro Raúl Diez Canseco ha vulnerado el artículo 126° de la Constitución al haber gestionado los intereses del señor Germán de la Fuente. Obtuvo 11 votos a favor y dos abstenciones (las abstenciones fueron de los congresistas Jorge Mera, por ser integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; y Ramírez Canchari, quien pidió que el tema se vea en la Comisión de Constitución).

Diez Canseco transgredió el artículo 103° de la Constitución al haber expedido el decreto supremo 047 que benefició a una sola persona, desnaturalizando el principio de generalidad de la ley.

A las empresas que prestan servicios de expendio de alimentos y bebidas en la zona internacional de los aeropuertos del país, se les aplicará el régimen tributario común, por lo tanto, deberán pagar el IGV. La normas tributarias vigentes consideran como exportación inafecta al pago del IGV, la venta de los bienes.

Entre las recomendaciones, la Comisión aprobó por mayoría que el Ministerio Público evalúe la situación jurídica-penal de Germán de la Fuente; que el Ejecutivo, a través del MEF, genere un proyecto de norma legal que declare nulo el DS 047; exhortar a la SUNAT para que interponga una acción contenciosa-administrativa contra la resolución del Tribunal Fiscal, N° 05825-2-2003; y remitir a la Comisión Permanente del Congreso para que de conformidad con el Reglamento tramite la acusación constitucional contra Raúl Diez Canseco.