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26 de marzo del 2003
En el Congreso de la República

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agenciaperu.com

Este miércoles, las bancadas de oposición en el Pleno del Congreso de la República plantearon presentar una orden de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Reátegui, por no haber respondido satisfactoriamente a los pliegos interpelatorios que se le planteó sobre el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), y las altas tarifas que cobra la empresa Telefónica del Perú.

La propuesta fue apoyada, especialmente en el caso del SOAT, por el APRA, UPD y de Unidad Nacional.

Sin embargo, en el debate de las tarifas telefónicas, Hildebrando Tapia Samaniego (UN), tercer vicepresidente del Congreso, dijo que el ministro debería de renunciar sin tener que pasar necesariamente por la vía de la censura, pues había evidenciado deficiencia en el tratamiento del problema.

En defensa del ministro, durante la sesión vespertina del Pleno, intervinieron representantes de Perú Posible y del FIM, quienes reconocieron el derecho de la oposición a plantear la interpelación, y eventualmente la censura a un ministro de Estado. No obstante ello, expusieron que en el caso presente no se justificaba una censura al titular del MTC.

Conforme a las normas reglamentarias sobre el particular, la moción de censura, o mociones de censura que sean presentadas, serán tratadas por el Pleno congresal después del tercer día de su presentación. Si la censura fuera aprobada, el ministro tendría que renunciar inevitablemente a su cargo.

REÁTEGUI SE DEFIENDE

Durante su intervención, con respecto al tema de la renta básica, el ministro Reátegui aseguró comprender y compartir la preocupación de la población por las altas tarifas que se cobraba, por lo cual añadió que el Gobierno estaba trabajando para bajar las tarifas, prestando el servicio y sin afectar la necesaria competencia.

Al final de su exposición sobre ese tema, Reátegui Roselló señaló que carecía de sustento la afirmación en el sentido de que la renta básica no figuraba en el contrato. Consideró que resultaba indiferente la terminología que pudiera usarse para ese caso, y subrayó que el concepto sí había sido recogido en el contrato.

Respecto a que si resultaban beneficiosos los planes para bajar las tarifas, indicó que habían sido aprobados por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Precisó que los propios usuarios comprobarán el resultado beneficioso cuando les llegue el correspondiente recibo a fin de mes. Añadió que también bajarían las tarifas de las tarjetas prepago.

El ministro Reátegui sostuvo que se podía discrepar en esos temas, pero que era necesario que el Legislativo y el Ejecutivo trabajasen juntos para lograr mejores tarifas. Señaló que, si no se actuaba realistamente, podría darse el caso de ahuyentar a los inversionistas.

Al reconocer las tarifas altas que se cobraba en el Perú por la renta básica, que en opinión de la oposición resultaban las más caras de la región latinoamericana, Reátegui llamó a los congresistas a trabajar juntos en beneficio del país.

Del mismo modo, reafirmó la posición del Gobierno en cuanto al SOAT, y entre otras cosas manifestó que existía la decisión de atacar problemas cruciales que se observaba en el parque automotor, apelar a las revisiones técnicas, lo mismo que reparación y adecuado mantenimiento de carreteras a lo largo y ancho del país.

Anotó que cualquier esquema que se aplicase en ese campo era perfectible, y por ello el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre estará llano a aceptar medidas que tiendan a proteger a la persona humana y su dignidad.

Reveló que la tarea desarrollada sobre la base del Soat había permitido que 773 mil 619 propietarios de vehículos se hayan incorporado a ese mecanismo, permitiéndose así una gradualidad conforme fuera expresado en la ley que aplicó ese mecanismo. Resaltó que a través de numerosos accidentes, ocurridos desde su aplicación, se había pagado indemnizaciones por ocho millones 696 mil soles a afectados en accidentes de tránsito.

Finalmente, recordó que la obligatoriedad de aplicar el Soat fue por mandato de la Ley N° 28181 y no por decisión inicial del ministerio a su cargo. Añadió que se había nombrado una subcomisión de técnicos para evaluar los aciertos y errores logrados a partir de la aplicación de la norma legal en su primer año de vigencia.

 
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