Denuncian a presidente regional

Max Ramírez, presidente de la Región San Martín.

agenciaperu.com

La Comisión de Fiscalización del Congreso denunció el martes 16 ante el Ministerio Público al presidente de la Región San Martín, Max Ramírez, acusado de haber cometido diversas irregularidades en el ejercicio de su función de apenas ocho meses.

La resolución fue adoptada por mayoría de votos. Sólo se abstuvo el congresista aprista Aurelio Pastor por razones éticas. Explicó que él aportó pruebas, pero precisó que es un asunto que ha involucrado a la región que él representa y al partido en el cual milita. Fue, además, sindicado por Ramírez de ejercer venganza política contra él.

El caso fue visto en el curso de una sesión que tuvo matices de tensión política cuando el presidente de la Comisión, Javier Velásquez (APRA), fue acusado de evitar la sanción contra los presidentes de las regiones Lima, Miguel Ángel Mufarech, y Áncash, Freddy Ghilardi, ambos del Apra.

Velásquez explicó que en el primer caso, el asunto no pudo verse debido a la finalización de la legislatura anterior. El "Caso Ghilardi", aseveró, se trabó por la ausencia de un testigo. Ambos asuntos serán definidos la semana entrante.

La resolución aprobada fue producida por el Grupo de Trabajo conformada por los parlamentarios Jorge Luis Mera (PP) y Juan de Dios Ramírez Canchari (PP). Las indagaciones fueron hechas a partir de las denuncias hechas contra Max Ramírez por el vicepresidente y los consejeros regionales, todos miembros del Partido Aprista.

Los delitos por los que se acusa a Ramírez y a otras personas son los siguientes:

1) COLUSIÓN, cometido por Max Ramírez, Jorge Rioja Díaz y Gerardo Vigil Ramírez por la compra ficticia de combustible; y por un contrato irregular con una firma de contratistas.

2) PECULADO Y CONCUSIÓN cometidos por los funcionarios Jorge Reátegui Del Águila y Abel Arturo Victorio, así como por la señora Dina Visagel Monzón por la compra de repuestos para maquinaria pesada que nunca ingresó a los almacenes del proyecto.

3) RECEPTACIÓN por parte de la señora Eleana Castillo Sánchez, esposa del presidente. Se le acusa de recibir dinero de comisiones irregulares realizadas entre el Gobierno Regional de San Martín y la empresa CG Contratistas Generales SAC, representada por César Alberto Morey.

El Grupo de Trabajo recomendó enviar lo actuado al Ministerio Público, así como solicitar el nombramiento de un fiscal ad hoc para que amplíe las investigaciones; remitir copia del informe a la Contraloría General de la República para que verifique la denuncia; y a SUNAT para que investigue la emisión de facturas por parte de la empresa Visagel.