| Plantean
interpelar a Ferrero por nuevo jefe del Consejo de Inteligencia
agenciaperu.com
Distintas personalidades de la política
nacional expresaron su punto de vista sobre el informe periodístico
que señala que el flamante jefe del CNI, Ricardo Arboccó,
es investigado por el desfalco y las irregularidades que se
cometieron en la década del noventa en la Caja de Pensiones
Militar Policial (CPMP), donde este se desempeñaba
como miembro del Consejo Directivo.
Por un lado, miembros del partido de gobierno
como Henry Pease (Presidente del Congreso) o David Waisman
(Secretario General Colegiado de Perú Posible) salieron
en defensa del vicealmirante (r) Arboccó al señalar
su inocencia hasta que un juzgado diga lo contrario.
En esta línea, el congresista oficialista
Luis Solari indicó que tener denuncias "no es
un demérito". Sin embargo, el congresista recalcó
que él no defiende a nadie.
"Los deméritos son tener sentencias.
En la Constitución se señala que todos son inocentes
hasta mientras no se prueba la culpabilidad mediante proceso
judicial”, señaló.
Cabe recordar, que Ricardo Arboccó
fue uno de los tantos militares que firmó el acta de
sujeción al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos
en 1999, como lo demuestra el video que registró dicha
reunión.
A través de dicha acta, distintos militares
se comprometían a guardar silencio sobre los actos
ilícitos cometidos en el régimen fujimontesinista.
¿INTERPELAN A FERRERO?
De otro lado, la mayoría de políticos
de filas de la oposición mostraron su desacuerdo con
la designación de Arboccó. El más severo
fue Heriberto Benítez (FIM), quien adelantó
que el Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero,
podría ser interpelado en el Congreso debido a esta
polémica.
Benítez indicó que Ferrero le
debe al Parlamento una “profunda explicación”
sobre las causas y las razones por las que se produjo la designación
de una “persona procesada por delitos de corrupción
cometidos durante el gobierno de Alberto Fuhjimori y Vladimiro
Montesinos”.
"La interpelación a un Ministro de Estado no depende
sólo de mi persona, ni de mi firma, ya que de acuerdo
a las normas vigentes se necesita presentar una moción
de orden del día con la firma de por lo menos el quince
por ciento del numero legal de congresistas (18). Ahora bien,
si la representación parlamentaria decide no interpelar,
entonces por lo menos deberían invitarlo al pleno para
que nos de una explicación detallada sobre la designación
del nuevo jefe del CNI" señaló Benítez.
PROYECTO
PARA QUE JEFE DEL CNI SEA RATIFICADO POR EL CONGRESO
Por su parte, la congresista aprista Mercedes
Cabanillas presentó un proyecto de ley tendente a que
el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia sea designado
por el presidente de la República y ratificado por
el Pleno del Congreso, con el voto a favor de la mitad más
uno del número legal de congresistas.
La legisladora explicó que esta iniciativa
busca modificar el artículo 17 de la Ley del Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA), referida al mecanismo de
designación del titular del CNI, permitiendo que el
Congreso participe a través de una ratificación.
Mercedes Cabanillas manifestó que el
mecanismo de designación de este estratégico
funcionario del Estado ha traído múltiples problemas
respecto a la falta de idoneidad de las personas que desempeñan
este importante cargo, tal como exige el artículo 18
de la Ley 27479, y se presta a suspicacias en torno al uso
político de la función.
La labor del CNI, dijo, forma parte de una
política de Estado, que no puede correr el riesgo de
ser utilizada ‘partidariamente’, porque es un
organismo encargado de producir inteligencia y realizar actividades
de contrainteligencia necesarias para la seguridad y desarrollo
nacional que debe garantizar a la ciudadanía mediante
la Defensa Nacional, conforme al artículo 2 de la Ley
27479.
"Esta situación debe ser inmediatamente
corregida, porque últimamente la designación
del presidente ha ocasionado demasiados problemas e, incluso,
algunos representantes han planteado la desactivación
del CNI", expresó Mercedes Cabanillas, cuyo proyecto
lo presentó el 22 de setiembre del 2003 y ahora cobra
vigencia por las irregularidades conocidas.
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