Ambición de poder de regidores fue factor clave para alzamiento en Ilave

> POR PODER. Comisión del Congreso determinó que afanes de poder de teniente alcalde y regidores de Ilave hicieron que propicien alzamiento contra fallecido alcalde Robles.

En este artículo

Recomendaciones

agenciaperu.com

El informe de un subgrupo de la Comisión de Fiscalización del Congreso señaló a la “ambición de poder” por parte de un grupo de regidores de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, como uno de los factores que incitaron a los pobladores de esa localidad al alzamiento que tuvo como consecuencia el asesinato del alcalde Cirilo Robles.

En la presentación del informe final sobre el caso, el presidente de este grupo, Jorge Chávez Sibina (Perú Ahora), precisó que entre estos regidores figuran el teniente alcalde Alberto Sandoval, y los regidores Teófilo Contreras Encinas, Marcelino Aguilar Arce y Gilberto Quispe.

Además se menciona a los dirigentes Valentín Ramírez Chino, Rubén Pari Mamani, Edgar Larijo Cutipa, Rufino Vidal Flores, entre otros, quienes apoyaron a las autoridades ediles en su propósito.

"Hubo una lucha evidente por el poder, que a la postre, presuntamente se habría convertido en el detonante de la crisis de El Collao-Ilave", señala el informe final.

Chávez Sibina indicó que estas versiones fueron corroboradas con la manifestación de la esposa del extinto alcalde y los testimonios de dichos regidores, quienes manifestaron que Robles Callomamani no les hacía caso y los trataba mal.

Según el subgrupo parlamentario, la presunta participación de los implicados se encuadra en las siguientes figuras delictivas: delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones con evidencias de tortura, delito contra el patrimonio en la modalidad de daños a la propiedad privada, violación de domicilio, entre otras.

El informe señala además que parte de la prensa radial y televisiva de la provincia de El Collao-Ilave, habría llevado a cabo una campaña de destrucción moral de las autoridades, azuzando a diario a los pobladores, atribuyéndole al caído alcalde una serie de delitos como de malversación, peculado y otras figuras delictivas que no han sido probadas.

También recaería responsabilidad en el Prefecto y Subprefecto de Puno, Edgar Mamani Condori y Regulo Mucho Mamani, respectivamente, quienes habrían omitido coordinar con la autoridades respectivas a fin de preservar el orden público. El grupo de trabajo señala que dentro de las funciones de estas autoridades está autorizar las concentraciones públicas. Sobre ellos podría recaer el delito de omisión, ‘rehusamiento’ o retardo de funcionario público en actos de su oficio.

Otra conclusión importante es que la Contraloría General de la República no ha evaluado hasta la fecha la real situación financiera de la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave. Por lo tanto, no se ha podio establecer la comisión de ilícitos de parte de Robles Callomamani, lo que denotaría una actitud displicente y desprovista de celeridad de esa entidad.

También se establece que la Policía Nacional actuó correctamente el 26 de abril, día que se llevo a cabo el asesinato de Robles, al no usar indiscriminadamente la fuerza. "La represión indiscriminada y el uso de armas de reglamento hubiese incitado a una mayor tragedia", dice el Informe.

RECOMENDACIONES

Tras 30 días de trabajo, el subgrupo de la Comisión de Fiscalización demandó en sus recomendaciones un trabajo más eficiente por parte de la Contraloría, a fin de garantizar medidas que supongan un oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental.

Se pidió también la participación del Ministerio Público a fin de que amplíe las investigaciones y, de ser el caso, formule las denuncias correspondientes contra los responsables del crimen, y los daños y perjuicios generados en los bienes públicos y privados.

De igual forma, se propuso el establecimiento de un patrullaje disuasivo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, en zonas de cierta conflictividad regional.

El informe deberá ser discutido en los próximos días en la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso