Valle Riestra pide a PJ respetar derecho de gracia para Jalilie

agenciaperu.com

El jurista Javier Valle Riestra exhortó al Poder Judicial que acate la decisión del Jefe de Estado, Alejandro Toledo, de otorgar al ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jalilie Awapara, el derecho de gracia en el marco de las investigaciones que se le siguen.

Valle Riestra calificó al Poder Judicial como totalitario, fachista y autocrático, en el que no se respeta la cosa juzgada ni la prescripción, y enfatizó que el beneficio que Toledo –conforme a sus atribuciones -  otorgó a Jalilie, se debe respetar, pues de lo contrario sería un atropello. 

“La Sala, al rechazar la decisión del presidente de la República, está negando la Constitución (…) estamos bajo una cosa juzgada y no puede ser vulnerada por un tribunal (…) la sala está prevaricando”, expresó en comunicación telefónica con RPP Noticias desde España.

AF INICIARÁ CAMPAÑA CONTRA POLITIZACIÓN EN TRIBUNALES

A su vez, la congresista electa por la Alianza por el Futuro (AF), Keiko Fujimori, informó que su agrupación iniciará una campaña agresiva en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, a fin de desnudar el nivel de politización que hay en los tribunales de justicia en el Perú.

La determinación de los fujimoristas se debe a la negativa del Poder Judicial de respetar el derecho de gracia que Alejandro Toledo concedió a Alfredo Jalilie, quien está recluido en el Penal de Reos Primarios, y según Keiko Fujimori “no es un político sino un profesional a carta cabal, víctima de una cruel persecución política”.

“Es prueba irrefutable que en el Perú no existe estado de derecho y que la justicia es un instrumento de venganza contra quienes trabajaron en el gobierno de mi padre”, manifestó.

La parlamentaria electa del fujimorismo, afirmó que ha tratado ser discreta en este tema y evitar su politización, pero decidió pronunciarse porque “no podemos permitir que la justicia tenga color político en el Perú”.

Cabe recordar que el ex viceministro de Hacienda fujimorista afrontaba un juicio por su presunta vinculación en casos de desvío de fondos públicos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Este dinero se habría usado para financiar el pago de la deuda que el publicista argentino Daniel Borobio tenía con la Sunat, así como la adquisición irregular de aviones y camionetas para el Ministerio de Defensa y el Ejército Peruano.