Ejecutivo entregó proyecto de Ley que busca pena de muerte para terroristas

agenciaperu.com

El Poder Ejecutivo entregó al Congreso de la República el proyecto de ley que propone la Pena de muerte contra los terroristas, sanción que recaerá sobre quienes actúen en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente a nivel nacional.

Este proyecto modifica siete artículos del Decreto Ley 25475 que establece las penalidades para los delitos de terrorismo, y cambia algunos aspectos específicos del Código Penal.

La sanción capital también se impondrá cuando el agente sea integrante de pelotones o grupos de aniquilamiento que pertenezcan a una organización terrorista y esté encargado de la eliminación física de personas indefensas, sea cual fuere el medio empleado.

En tanto, la cadena perpetua recaerá sobre los terroristas que “utilicen artefactos explosivos y armas con el fin de causar estragos, (…) provoquen en forma directa la muerte de personas (…) o cuando el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impida total o parcialmente la prestación de servicios”.

Igual sanción será aplicada al delincuente terrorista que provoque en forma directa la muerte de personas o tenga participación en tales acciones; o cuando el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impida total o parcialmente la prestación de servicios.

Asimismo, la propuesta incrementa las sanciones contra las demás modalidades de terrorismo, incluyendo la colaboración y la apología.

De este modo, será sentenciado a pena privativa de la libertad no menor de 30 años quien provoque un estado de zozobra, alarma o temor, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio y la seguridad de edificios públicos, vías o medios de comunicación mediante el uso de armas o artefactos explosivos.

La entrega del proyecto de ley se dio tras dos semanas de polémica alrededor del anuncio que el presidente Alan García formuló al respecto a inicios del presente mes de noviembre.

En aquella ocasión, el Jefe de Estado también se mostró a favor de que se aplique la pena capital a los violadores y asesinos de menores de edad, aunque este último punto aún no ha tenido una elaboración formal de parte del Ejecutivo.