García lanza 14 medidas para la agilización de los trámites ante el Estado

agenciaperu.com

El presidente Alan García presentó 14 medidas mediante las cuales el Ejecutivo pretende agilizar los trámites administrativos en las instituciones gubernamentales. De esta forma, aseguró, los peruanos “no tendremos que estar pidiendo permiso para todo al Estado o a los gobiernos regionales o provinciales”.

Estas normas serán promulgadas a través de decretos supremos o en forma de proyectos de ley expuestos a la aprobación del Congreso. Además de agilizar los trámites ante el Estado, estarán enfocadas a garantizar los derechos ciudadanos de los peruanos residentes en el exterior.

La más importante, por su influencia en las demás, será la implementación del “silencio administrativo positivo”, a través de un proyecto de ley. Este mecanismo consistirá en que una vez vencido el plazo para ser emitida la resolución de aprobación a una solicitud, 10 días en cualquier municipio, sin haber conseguido respuesta, la solicitud será considerada aprobada. La copia de una declaración jurada, que certifique el vencimiento de dicho plazo, constituirá el equivalente al documento de aprobación.

El proyecto de ley también establece la sanción administrativa contra los funcionarios que no den trámite a la resolución aprobatoria, así como a aquellos que exijan requisitos no previstos en los textos únicos de procedimientos administrativos de cada circunscripción.

La segunda medida a presentarse ante el Poder Legislativo, es el proyecto de ley marco de licencia de funcionamiento. Actualmente, todas las entidades del Estado emiten licencias de funcionamientos muy diversas, y con distintos requisitos para cada una. El proyecto busca uniformar los requisitos y el procedimiento para la aprobación de todas las licencias.

El proyecto incluye la reducción de los plazos para los trámites, que en promedio constan de 120 días, para que se realicen en sólo 15 días. Además, para evitar que este dicho plazo se extienda, la entidad tramitante señalará claramente aquellos documentos innecesarios que el ciudadano no debe presentar para llevar a cabo los varios procedimientos.

Como tercer punto, el Ejecutivo emitirá un Decreto Supremo que entrará en vigencia mañana y modificará el reglamento del trámite de licencia de obras, o licencia de construcción. El objetivo es que el tiempo del trámite de este tipo de licencia se reduzca de 40 o 50 días, como actualmente dura, a solo 11 días.

Una cuarta medida, también en forma de Decreto Supremo, establecerá la “libre iniciativa privada para la promoción de proyectos inmobiliarios”. Aprovechando los ahorros con los que cuenta el Estado, por ejemplo, en los fondos del sistema nacional de pensiones, el Gobierno dará incentivos para que esos capitales sean invertidos en el sector inmobiliario, con la participación de entidades privadas.

García insistió en que el sector vivienda necesita una atención inmediata, pues constituye una necesidad urgente para la mayoría de peruanos, que tienen que enfrentarse a trámites engorrosos e interminables para construir. Por ello, la mayoría de las 14 medidas presentadas hoy están enfocadas en solucionar estos inconvenientes.

La quinta disposición especificará el “Reglamento General de procedimientos administrativos de los bienes de propiedad estatal”, a través de un Decreto Supremo. El Presidente explicó que “cuando el Estado quiere vender sus terrenos, tiene que pasar por muchas subastas. A veces, las subastas se declaran desiertas y estos terrenos no se venden, impidiendo que se destinen a la inversión del ahorro público o de las empresas privadas”.

A partir de la promulgación de este decreto, los bienes que no hayan sido adjudicados en la primera subasta pública, serán objeto de venta directa. El precio base de venta será castigado según el 20 por ciento del último precio base. Con esta y otras medidas, las ganancias del Estado por la venta de estos terrenos serán destinados a los diferentes proyectos de desarrollo del Gobierno.

La  sexta medida consiste en un proyecto de ley para modificar la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. “Cuando un ciudadano se presenta a una subasta para comprar un bien del Estado”, argumentó García, “tiene que estar inscrito en el registro nacional de proveedores. Si los funcionarios encargados de registrarlo se demoran demasiado evaluando su solicitud, la persona queda fuera del registro y no puede participar”.

Si se aprueba este proyecto de ley, el sistema se invertirá: el registro nacional de proveedores será eliminado y en su reemplazo se creará el registro de inhabilitados para participar en las subastas, con lo que se agilizará el trámite y se suprimirá el sobrecosto que el primer registro provoca actualmente en los ciudadanos postulantes.

La séptima medida, estipulada en un nuevo Decreto Supremo, declarará de interés nacional a las actividades destinadas a promover el desarrollo del mercado hipotecario. “Cuando desea construir con Mi Vivienda”, precisó el Jefe de Estado, “el ciudadano solicita un préstamo y el banco, para otorgárselo, le pide una hipoteca. Pero existen miles de hipotecas, el ciudadano sigue pagando y los bancos siguen cobrando”.

Mediante este Decreto, serán favorecidos aquellos bancos que vendan grandes paquetes de hipotecas, similares a la mencionada, a entidades como Mi Vivienda, de manera que éstas continúen invirtiendo el dinero en los proyectos estatales de construcción.

Las otras medidas anunciadas por el Ejecutivo son: la delimitación de las verificaciones en las que puede intervenir la administración estatal; la creación de las empresas administradoras hipotecarias; y el establecimiento de un organismo supervisor de servicios municipales para controlar la calidad de los servicios de acuerdo a los precios que se cobran y sancionar los excesos.

De igual forma y poniendo atención a los peruanos residentes en el extranjero, se ratificará el convenio de La Haya sobre el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros; se instituirá una ventanilla única de comercio exterior; se creará un distrito electoral especial para peruanos en el exterior; y se implementará la Comisión de nuestros connacionales residentes en el exterior, para que éstos puedan acceder a los derechos que les corresponde como peruanos.