Congreso aprobó ley que busca reglamentar ONGs

agenciaperu.com

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que tiene como finalidad ordenar y reglamentar a las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).

La iniciativa que fue aprobada por 56 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones y que deberá ser sometida a segunda votación, busca además asegurar la transparencia en cuanto a las donaciones extranjeras que recibe el país.

Al respecto, el congresista Rolando Souza, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó esta mañana que existe en el país un absoluto desorden en el manejo de las ONGs.  “Nadie sabe cuantos organismos ejecutores existen en el Perú”, señaló.

Según informó RPP Noticias, el legislador sostuvo que actualmente existen 3,112 ONGs registradas, de las que sólo 1,429 se encuentran vigentes y que sólo 283 organismos ejecutores (ONG, IPREDA y ENIEX) brindan información.

Recordó que el tema es investigado debido a un proyecto de ley que fue presentado en la legislatura anterior, por el ex congresista Antero Flores Aráoz, y que fue observada por el Ejecutivo.
 
Ello motivó que consultaran a APCI cuantas ONG’s existen en el país, entidad que respondió que el registro es voluntario pues sólo los que requieren la devolución de sus impuestos deben inscribirse.

En tanto el congresista Yonhy Lescano, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, rechazó la decisión de aprobar tal ley, que a su entender es una clara violación a la Constitución Política del Perú.

Enfatizó que las modificaciones aprobadas incumplen el mandato que establece que ninguna asociación está obligada a pedir autorización del Estado para realizar sus funciones.

Precisó que cuando la ley entre en vigencia, las organizaciones sin fines de lucro y con fondos privados tendrán que obtener una autorización para ejercer actividades a través de un registro en el Estado.

MULTAS Y SANCIONES

Cabe recordar además que el pasado 10 de octubre, la Comisión de Fiscalización  aprobó una serie de sanciones y multas contra las ONGs que cometan irregularidades en el uso de los recursos y donaciones, medidas que constituyen parte de las observaciones realizadas por el Ejecutivo.
 
El grupo estableció que sería una grave omisión por parte de las ONG’s si es que brindaran información inexacta, utilizaran recursos para fines diferentes de los pactados o si financiaran actividades ilícitas.

Las sanciones a aplicar por la APCI a las entidades infractoras, van desde una simple amonestación hasta multas que alcanzarían las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 170 mil soles.

Otra medida sería la suspensión temporal de beneficios de inscripción y la cancelación definitiva del registro. Además la ACPI tendría facultad coactiva para la cobranza de sus acreencias derivadas de sanciones administrativas, previo proceso.

PROYECTO CONTIENE PUNTOS PREOCUPANTES
 
Sin embargo, el analista político y director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Martín Tanaka advirtió sobre las verdaderas intensiones que habría detrás del proyecto de ley impulsado por la Comisión de Relaciones Exteriores.

En declaraciones brindadas a La Ventana Indiscreta al inicio de esta semana, Tanaka señaló que “no debemos permitir que el Gobierno utilice la crítica a las ONGs como la búsqueda de un chivo expiatorio para los problemas que no puede solucionar, alegando que detrás de ellos hay una ONG manipulando a la población y conspirando contra el Gobierno”.

Afirmó que el proyecto que modificaba la ley de creación de la APCI contiene puntos preocupantes, que podrían constituir trabas en la labor de las ONGs.

Tanaka sostuvo que la iniciativa estaba dirigida contra las ONGs importantes y bien constituidas, que con su trabajo podrían incomodar a las autoridades gubernamentales, principalmente aquellas que defienden los Derechos Humanos, las que proponen reformas del sector Justicia, o las que fiscalizan a los organismos del Estado.

“De lo que hablamos es de defender el espacio de libertad que tiene la sociedad civil para hacer sugerencias, críticas y señalamientos contra la acción del Estado”, consideró. Por ello invocó al Gobierno para que “prime la sensatez” y no apruebe el proyecto.