Elsa Canchaya tendrá que inhibirse ante presentación de acusación constitucional

agenciaperu.com

La congresista Elsa Canchaya, acusada de contratar como asesora a su empleada doméstica, Jackeline Simón Vicente, tendrá que inhibirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si se presenta la denuncia constitucional en su contra, advirtió su presidente, Víctor Mayorga.

Mayorga recordó que una de las condiciones del debido proceso es, justamente, no ser juez y parte en una investigación. "La inhibición es un acto totalmente personal y ético, pero si ella no lo hiciera allí sí nosotros tendríamos que decirle que no puede participar en el análisis de su propio caso, esto es, una vez que se presente la acusación constitucional en su contra", precisó.

El legislador anunció que, de formalizarse la acusación constitucional contra Canchaya, se procederá a la calificación del documento respectivo para determinar la infracción constitucional o la comisión de delito, y si se declara admisible la denuncia, se comunica a la congresista para que presente su descargo, y se convoca a una audiencia para elaborar el informe final que defina la absolución o la acusación de carácter penal o constitucional.

Mayorga precisó que si la acusación es de carácter penal, se presentaría la denuncia ante el Ministerio Público, y si tuviera carácter constitucional, se le suspendería en la función pública por un periodo de diez años.

Otro miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Víctor Andrés García Belaunde, adelantó que el grupo de trabajo no podrá abordar el tema mientras no exista una denuncia formal en contra de su colega de Unidad Nacional.

García Belaunde precisó que dicha acción tendrá que hacerse efectiva a través del procurador del Congreso o la Comisión de Ética, que debe ver el asunto de modo "casi automático", indicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Luis Galarreta, expresó la urgencia de que su colega de bancada, Elsa Canchaya, se presente ante dicho grupo de trabajo para dar su versión por el contrato como 'asesora' de su empleada doméstica.

Galarreta expresó que el caso merece una investigación "lo más rápido posible", con el fin de evitar que se dañe la imagen del Poder Legislativo por un "hecho aislado, toda vez que no es un tema de política institucional".