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Canchaya renuncia a Comisión de Vivienda y Construcción
agenciaperu.com
El Pleno del Congreso decidió aceptar por unanimidad la renuncia que presentó, sin dar mayores explicaciones, la congresista de Unidad Nacional, Elsa Canchaya, a integrar como miembro titular la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento.
Por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales anunció que se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 2 de mayo, para calificar la procedencia de la acusación de corte penal presentada contra Canchaya por el procurador del Legislativo, Julio Ubilluz.
"Hemos adelantado la fecha en lo que respecta a la primera calificación de esta denuncia, porque creemos que la opinión pública necesita tener una garantía, respecto a que en el Parlamento no hay encubrimiento", indicó Víctor Mayorga, presidente del grupo de trabajo.
Mayorga explicó que inicialmente se analizará si la denuncia cumple con todos los requisitos técnicos necesarios para declararla procedente, como haber sido formulada por una persona que sea considerada agraviada y capaz de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Asimismo, que la queja puntualice hechos que constituyan delitos de función o infracción constitucional, y que la trasgresión imputada no haya prescrito, entre otros.
Mayorga adelantó que si la denuncia se declara procedente, el informe correspondiente será enviado de inmediato a la Comisión Permanente del Congreso para que se fije el plazo para realizar la investigación respectiva, y luego se convocará al demandante y a la congresista denunciada para que presenten sus alegatos.
En cuanto a la pertenencia de Elsa Canchaya, precisamente, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Mayorga reiteró que debe inhibirse de participar mientras dure la investigación de su caso, por una cuestión elemental de ética y del debido proceso.
Finalmente, aclaró que no ve obstáculo alguno en el hecho de que la Comisión de Ética también esté investigando a Canchaya, ya que ese grupo de trabajo sólo puede imponer como máxima sanción la suspensión de 120 días.
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