Cuestionan facultades para legislar en materia antisubversiva y contra el narcotráfico

agenciaperu.com

Salvo la bancada fujimorista, diversos actores políticos (y un abogado penalista) cuestionaron la solicitud del Ejecutivo de otorgar facultades extraordinarias para legislar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, con el objeto de aplicar leyes más severas y agilizar los procesos judiciales.

El vocero de la bancada nacionalista, Juvenal Ordóñez, se manifestó en contra de otorgar las facultades, advirtiendo cierto "tufo dictatorial" en las acciones del gobierno que, de aprobarse la solicitud, podría llevarlo a ejercer una política "de ojo por ojo y diente por diente".

Incluso, Ordóñez recalcó que en general es enemigo de que el Congreso de la República abdique de sus funciones, por lo que anteriormente también se pronunció contra la dación de atribuciones fiscales a la presente administración.

Lourdes Alcorta, representante de Unidad Nacional, expresó que “todas las leyes ya están dadas, ya existen, a no ser que esté ocurriendo algo que no sabemos, entonces escucharemos los planteamientos del Ejecutivo y decidiremos”.

Asimismo, dos miembros de Alianza Parlamentaria, Carlos Bruce, de Perú Posible, y Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, declararon al respecto. Bruce indicó que “las leyes no van a acabar con el narcotráfico, sino las acciones”, mientras que García Belaunde observó que “al gobierno le falta autoridad para aplicar las leyes que ya existen”.

La congresista Keiko Fujimori ha sido la única integrante de la oposición que se ha pronunciado a favor de la solicitud del Ejecutivo. “Por la complejidad del problema, se deben dar las facultades, espero que las bancadas lo consideren, a veces por diferencias políticas no se dan”, argumentó.

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti consideró que la seguridad ciudadana o la criminalidad no pasan por la dación de facultades para modificar la legislación, sino por la aplicación, de parte de fiscales y jueces, de las leyes existentes.

"¿Si existen leyes que van hasta la pena de cadena perpetua, no sé qué más quieren?, objetó Amoretti, quien opinó que el principio de autoridad ya se ha perdido en el país, producto de la inacción de las autoridades, y criticó que los gobiernos sólo busquen endurecer las penas, en vez de dedicarse a reforzar su aplicabilidad.

Finalmente, Amoretti atribuyó el pedido de facultades, simplemente, a lo que sería “una respuesta a los actos de convulsión social en diversas puntos del interior del país".