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Familiares de víctimas reiteran que Estado es responsable en caso Cantoral
agenciaperu.com
Los familiares de Saúl Cantoral y Consuelo García se reafirmaron en sus acusaciones al responsabilizar al Estado por el asesinato de ambos dirigentes por presuntos paramilitares en 1989, primer gobierno de Alan García.
En compañía de su abogada, Gloria Cano, los deudos confiaron en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condene al Estado peruano.
“El Estado tiene responsabilidad porque permitió las actividades del grupo Rodrigo Franco, ellos lo armaron y el primer ministro de ese entonces, Agustín Mantilla, estaba a la cabeza”, manifestó Ulises Cantoral, hermano de una de las víctimas.
Cabe indicar que la Corte de San José inició la vista del caso esta semana. Además según las investigaciones judiciales, Cantoral Huamaní y García Santa Cruz fueron asesinados el 13 de febrero de 1989 por presuntos miembros del grupo paramilitar Rodrigo Franco.
Glora Cano precisó que el representante del Estado ante la Corte señaló al respecto que Rodrigo Franco “existió sólo en la imaginación de los medios”, y citó como posibles culpables del crimen a Sendero Luminoso, a sicarios de los empresarios mineros e incluso a Martín Rivas, cabecilla del grupo militar encubierto que se dio a conocer durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Según informa RPP Noticias, la abogada relató que la estrategia del Estado es negar toda responsabilidad y argumentar que Rodrigo Franco no existió.
En este contexto, enfatizó en conferencia de prensa: “Nosotros creemos que sí existió y que fue el autor de estas muertes. Ellos habían amenazado anteriormente a Saul Cantoral y le dijeron que se retirara de la actividad sindical y que no hiciera la huelga minera”.
Como se sabe, la Ministra de Justicia, Maria Zavala informó hace dos días que el Estado peruano no había aceptado su responsabilidad ante la CIDH por este caso, pues no estaba acreditada su autoría.
Refirió que el miércoles 24 la Comisión Interamericana, los representantes de las víctimas, y el Estado presentaron sus alegatos finales ante el Tribunal, y que para el próximo 23 de febrero, o antes, se les deberá presentar por escrito.
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