Congreso archivó proyecto que plantea pena de muerte para terroristas

> FUE APLAUDIDO. Javier Valle Riestra se mostró en contra del proyecto de pena de muerte. > (foto cortesía Congreso de la República)

agenciaperu.com

El Congreso de la República resolvió anoche, por 48 votos a favor y 27 en contra, archivar el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo que planteaba la pena de muerte para los terroristas.

De este modo, la propuesta del Ejecutivo no regresará a las comisiones de Justicia ni de Relaciones Exteriores para un posterior debate.

Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que la decisión del Parlamento no significa “una derrota política” del Gobierno.

Añadió que sólo se trata de una derrota numérica en el Congreso a la propuesta del Ejecutivo, con la que sólo se intentaba cumplir con una promesa electoral hecha a la ciudadanía durante la campaña.

“No veo una derrota política. La derrota numérica de votos en el Congreso no es lo mismo que una derrota política, porque la mayoría de la población, creo que el 75 por ciento, está de acuerdo”, refirió.

En declaraciones que concedió a RPP Noticias, Del Castillo consideró además que  “el Presidente cumplió con el pueblo; pero hubo una mayoría parlamentaria que tuvo otro criterio, que respetamos democráticamente. Esas son las reglas de juego en la democracia”.
 
Como se sabe, la iniciativa para aplicar la pena capital en el país despertó muchas controversias pues conllevaba el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en noviembre de 1969.

Ayer, durante el debate en el Pleno, el legislador Javier Valle Riestra (PAP) explicó las razones por las cuales la propuesta era improcedente.

“¿Puede el Perú, que firmó la Convención en 1969, ampliar los casos de pena de muerte? No. Porque el Pacto de San José es muy claro: los países que han abolido la pena de muerte no la pueden restaurar. Y los que casuísticamente tenían determinados casos como ejecutables, no pueden ampliar esos casos”, enfatizó.

Recordó también que cuando en 1992 sesionaba el Congreso Constituyente Democrático, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Estado peruano “que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado, adherida a la Convención, constituye una violación de esta”.