Procuraduría: acusación contra Toledo no afectará caso Fujimori

agenciaperu.com

El procurador Omar Briceño afirmó que la acusación constitucional en contra del ex presidente Alejandro Toledo en el Congreso, por haberse allanado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Castro Castro”, no afectará la extradición de Alberto Fujimori.

Cabe recordar que ayer, la plana mayor de Perú Posible señaló que la acusación constitucional que pesa contra Toledo, abría la puerta para que sea desestimado el proceso abierto contra Fujimori por la matanza de 41 senderistas en dicho penal el año 1992.

“Alejandro Toledo es un medio y no el fin del actual gobierno para lograr que nos retiremos de la CIDH, porque tanto sobre el presidente Alan García como sobre Fujimori penden acusaciones de violaciones a los derechos humanos”, aseveró el dirigente Juan Sheput. 
                                         
Ante ello, el procurador Briceño aseguró que la advertencia de Perú Posible “es un temor que no tiene ningún fundamento”, y descartó “que se libere a Fujimori”, porque se trata de hechos “totalmente probados”.

“Hay pruebas suficientes y resoluciones en diversas instancias que demuestran su responsabilidad y que han tenido, como base, entre otros documentos, el informe de Comisión de la Verdad", indicó.

Similar preocupación expresó Amnistía Internacional, a través de su titular en nuestro país, Ismael Vega, quien advirtió que el mensaje implícito  en la acusación  contra Toledo sería que el gobierno de Fujimori actuó respetando los Derechos Humanos, por lo que quedaría libre de responsabilidad en el mencionado caso.

Al respecto, el procurador Briceño dijo tener “mucha fe en la justicia chilena”, y confió en que “los jueces son muy técnicos, no se van a dejar influenciar por asuntos del Estado peruano respecto a lo que opina Amnistía Internacional”.
 
Remarcó que dos de los delitos por los que se procesa a Fujimori para pedir su extradición corresponden a violaciones a los derechos humanos, entre los que figuran las matanzas de Barrios Altos en noviembre de 1991, y la de universidad La Cantuta en julio de 1992.

En estos casos, Briceño subrayó que el Estado peruano ha presentado “pruebas categóricas e irrefutables para lograr la extradición".