Perú Posible denuncia pacto entre el Gobierno y el fujimorismo

> EN CONFERENCIA DE PRENSA: Perú Posible defiende a ex Presidente. > (imagen cortesía Canal N)

agenciaperu.com

El dirigente peruposibilista Juan Sheput denunció un supuesto “pacto tácito entre el actual gobierno y el fujimorismo”, puesto en manifiesto en una campaña  de desprestigio contra el ex presidente Alejandro Toledo.  

Cabe indicar que en una conferencia de prensa, la dirigencia de Perú Posible salió en defensa de Toledo y expresó su preocupación por la acusación constitucional que la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) planteó contra su líder.

Para Sheput, “Alejandro Toledo es un medio y no el fin del actual gobierno para lograr que nos retiremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tanto sobre el presidente Alan García como sobre Fujimori penden acusaciones de violaciones a los derechos humanos”. 

Además sostuvo que “es obvio que existe un pacto tácito entre el actual gobierno y el fujimorismo que se manifiesta en esta permanente campaña de desprestigio”.

Indicó también que “se quiere colocar a Alejandro Toledo como culpable de lo que es un hecho que dignifica a la nación. En el Perú el estado de derecho esta al revés, porque se acusa a un presidente de defender los derechos humanos”.

A su vez, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó la denuncia constitucional contra Toledo y sus ministros por el allanamiento a la CIDH por el caso de la matanza de Castro Castro, como “un dislate y un despropósito”.
  
Tras recordar que la CIDH declaró como probados los asesinatos, torturas y delitos de abuso sexual cometidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, precisó que el Gobierno actual no ha dicho la verdad al señalar que la Corte de San José dio una sentencia para pagar indemnizaciones a los terroristas.

“La sentencia responde a la siguiente pregunta: ¿Los agentes del Estado, incluido el presidente de la República, deben tener impunidad para asesinar, ejecutar extrajudicialmente, torturar, o para desaparecer a las personas? (…)
La respuesta es obviamente que no”, sostuvo Rodríguez Cuadros.

Enfatizó que el primer artículo de la Constitución establece que el fin supremo de la sociedad y el Estado es proteger a la persona “y la primera función del presidente de la República es proteger y defender los derechos humanos”.

“El allanamiento que hizo el gobierno, fue parcial en cuanto a los hechos ocurridos entre el 6 y el  9 de mayo, no se allanó a los hechos ocurridos después (…) El allanamiento es una practica democrática de los Estados de derecho, que los gobiernos democráticos de la región, cada vez más, realizan en la CIDH”, precisó.

Rodríguez Cuadros señaló que el presidente Alan García argumenta que para acudir a la instancia internacional debe primero agotarse la instancia interna, y que en el caso de Castro Castro “no se culminó con el juzgamiento interno”.
  
En este contexto, explicó que conforme al reglamento de dicho tribunal, los procesos empiezan en la Corte Interamericana y cuando el Estado es notificado de la denuncia tiene un plazo de noventa días para interponer sus recursos, momento en el que debe presentar el recurso de excepción de no agotamiento de las instancias de jurisdicción interna.

“En el caso Castro Castro no se interpuso este recurso”, refirió tras subrayar que la CIDH pasó la denuncia al Estado Peruano el 12 de junio de 1992, cuando Alberto Fujimori era presidente.

Por ello afirmó: “Hay un equivoco en la denuncia, en vez de estar dirigida al presidente Alejandro Toledo, debería estar dirigida a Fujimori”.

“Esta denuncia inconstitucional tiene que ver con la determinación del Gobierno de retirarse de la Corte, tiene que ver con la ley anti Organizaciones No Gubernamentales, y tiene que ver con una serie de declaraciones insinuando la posibilidad de alterar la institucionalidad democrática”.
   
A su vez el ex jefe del gabinete toledista, Carlos Ferrero, afirmó que el Gobierno ha levantado el caso de Castro Castro a fin de ocultar el de la matanza de La Cantuta, en el que la sentencia de la Corte de San José  establece una responsabilidad directa del ex presidente Alberto Fujimori.

“Los hechos de la Cantuta constituyen delitos de lesa humanidad, no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos en una amnistía”, afirmó tras indicar que fue por ello que “lo han borrado (el caso La Cantuta) y han levantado Castro Castro”.
 
Además fue enfático al precisar que “el allanamiento es una figura usual de los estados que reconocen que se ha cometido un abuso (…) Lo que hizo el gobierno fue exactamente lo que tenia que hacer y esto es parte de una persecución política contra Alejandro Toledo y el propósito de dañar su imagen”.