Del Castillo descarta persecución o coacción contra autoridades regionales

agenciaperu.com

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, desmintió que el Decreto Legislativo que inhabilita a los funcionarios del Estado a participar en huelgas, tenga a fin coaccionar a los presidentes regionales y demás autoridades.

“Esto  no es una persecución política o coacción, tampoco es una norma contra los presidentes regionales”, dijo tras precisar que lo que se busca es frenar el caos social en el que se ha visto envuelto el país y, aclarar que no se pretende atentar contra el derecho a huelga de la población.

En este contexto, Del Castillo fue consultado por la posibilidad de que presidentes regionales y alcaldes presenten una eventual acción de inconstitucionalidad contra la norma.

Al respecto, explicó que están muy equivocados pues el decreto legislativo se basa en el artículo N° 42 de la Constitución Política del Perú, en el que se reconoce el derecho a huelga, exceptuándose a los funcionarios del Estado con poder de decisión

“Si la quieren presentar, que la presenten, así es el estado de derecho. Si alguien cree que su derecho puede ser vulnerado, tiene el mecanismo legal para hacerlo. Lo que no puede hacer es violentarlo, menos aún  con hechos de fuerza o si es autoridad política o elegida por el pueblo”, sentenció.

En conferencia de prensa, Del Castillo señaló que sería impensable que los ministros de Estado o el Presidente de la República realicen una huelga, pues estarían haciendo una huelga “del Estado contra el Estado”.

“La huelga es un derecho. Lo que no es un derecho es que aquellas personas que han sido elegidas para gobernar realicen una marcha (…) O gobernamos el país con orden o esto se convierte en una anarquía, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Tenemos que demostrar que la democracia no es desorden. El país no es propiedad de los anárquicos”, enfatizó.

Como se sabe, ayer, en el marco de la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, narcotráfico y terrorismo que le dio el Congreso, el Ejecutivo promulgó un conjunto de 11 decretos legislativos.

Dentro de estas normas se estipula que ningún presidente regional, alcalde, y funcionarios públicos que tengan poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o dirección, no pueden participar de huelgas, pues de hacerlo se les denunciará por extorsión y será inhabilitado hasta por cinco años.