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TC declara inconstitucional Ley que impide revisión de los fallos del JNE
agenciaperu.com
El Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso que impedía la revisión de los fallos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La causa de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la Ley 28642 del Código Procesal Constitucional, fue interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao, motivando la inmediata protesta por parte de los miembros del máximo ente electoral.
Según informa la agencia Andina, el argumento de la sentencia es que dicha norma “impide el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones, y vulnera el artículo 200.2º de la Constitución”.
Del mismo modo, considera que “se negaba la posibilidad de reclamar una eventual afectación de los derechos fundamentales ante el Poder Judicial y, por lo tanto, no susceptibles de ser garantizados mediante un recurso judicial, lo cual resulta contrario a los tratados y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos”.
Además, ante las críticas que la revisión de los fallos electorales puede poner en peligro los resultados de los comicios, el TC señala que desde 1996 a la fecha, se ha resuelto 23 casos de amparo contra el JNE, y que en ninguno de ellos se puso en peligro ni se suspendió el cronograma electoral.
Añade que, salvo en dos casos, todas las demandas fueron declaradas improcedentes por irreparables.
Cabe recordar que para el JNE la anulación de dicha ley conlleva un riesgo de “inestabilidad jurídica”, dado que se estaría dejando sin protección las resoluciones que emita.
Los miembros del Jurado criticaron también la “sorprendente celeridad” con que el TC actuó ante la demanda presentada por el Colegio de Abogados del Callao, que pedía se declare inconstitucional la condición de irrevisable de los fallos de su fuero.
Del mismo modo, recordaron que una intervención del TC instaló dos alcaldes en la Municipalidad de Chiclayo, hecho que provocó los enfrentamientos por el sillón municipal que terminaron con el incendio de su sede, así como la posterior demanda de Castillo Chirinos al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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