Encuentran responsabilidad penal en Mazzetti por compra de patrulleros

agenciaperu.com

La Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que la ex ministra del Interior, Pilar Mazzetti, incurrió en el cargo de condición penal conocido como “omisión funcional”, en el caso de los 469 patrulleros.

El presidente de dicho grupo de trabajo legislativo, Edgar Raymundo, presentó el informe final de su investigación al respecto y especificó que el cargo “se encuentra tipificado en el artículo 377 del Código Penal”.

“La ex ministra no hizo un control eficiente de los diferentes mecanismos de la licitación, por eso, la Comisión ha encontrado actos total y absolutamente negligentes de carácter penal”, señaló.

Subrayó que la “omisión funcional” de Mazzetti es “pasible de acusación constitucional” en su contra, de parte de cualquier congresista y conforme al reglamento del Parlamento.

“Mazzetti señaló que esta compra fue totalmente transparente (...). Esto indudablemente conlleva un tipo de responsabilidad penal de la ex ministra”, afirmó.

Añadió que otros serían los resultados si Mazzetti “hubiese actuado distinto”, y “en su momento hubiese impedido que prospere una mala adquisición, en detrimento del MINITER y del Estado”.

Manifestó que la comisión ha concluido que el 15 de diciembre del 2006, 13 días antes de la firma del contrato entre el MINITER y las empresas Gildemeister y Anjotech, éstas habrían realizado una “colusión” ilícita.

“Una concertación con un precio inferior al que después le vendría mucho más caro al Estado. Esto tiene efectos de contenido penal en su modalidad de colusión, tipificada en el artículo 84 del Código Penal”, refirió.

Remarcó que estos hechos demuestran “que ha habido una sobrevaluación en perjuicio del Estado por más o menos un promedio de 4 millones de dólares, que está plenamente acreditada como indicio”.

No obstante, advirtió que para que el delito de Gildemeister se haga efectivo, la Comisión concluyó que hubo “cierto grado de concertación, de colusión desleal de funcionarios de diferentes niveles del MININTER”.

Ellos habrían “direccionado la adquisición (...) a través de especificaciones técnicas y un estudio de mercado totalmente deficiente, con cotizaciones que no corresponden a la oferta real del mercado”.

Por ello, afirmó que la Comisión también recomendó que el MININTER “pueda declarar sin efecto el contrato, esto es, anularlo”.

No obstante, precisó que no se ha podido determinar la responsabilidad de todos aquellos funcionarios, porque muchos de ellos no acudieron a las citaciones de la Comisión.

“Se está haciendo la disquisición para que la investigación sea continuada por el Ministerio Público”, dijo Raymundo, de manera que sea la Fiscalía quien los cite y decida si los denuncia penalmente.

“Posteriormente, el Poder Judicial, con su sentencia absolutoria o condenatoria, determinará su responsabilidad penal”, acotó.