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29 de mayo del 2007
Podrían recibir 30 años de prisión

Fiscal formaliza denuncia contra Porras, Nieto y otros dirigentes

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agenciaperu.com

El titular de la Tercera Fiscalía Penal de Santa Anita, César Espinoza, pidió hoy al Poder Judicial dictar la orden de captura de ocho dirigentes del desalojado mercado de ese distrito, tras formalizar su denuncia penal por seis graves delitos, entre ellos, secuestro y exposición al peligro de menores de edad.

Encabezados por Herminio Porras y Fernandino Nieto, afrontarán un proceso judicial que podría llevarlos a prisión hasta por 30 años, por dirigir e incitar a los comerciantes a permanecer ilegalmente con niños y armas de fuego en dicho local y evitar ser desalojados por la policía.

Además han sido denunciados Aymela Castro Caro (vicepresidenta), Juan Gálvez Chocano (secretario), Mario Méndez Cáceres (secretario de actas), Calixta Ticona Mamani (secretaria de economía), María Quispe Peralta (relaciones públicas) y Clifor Santos Erazo, para quienes también se pide la detención preventiva.

La lista completa de delitos incluye secuestro, tenencia ilegal de armas de fuego, y contra la tranquilidad pública en las modalidades de peligro común y la paz pública, asociación ilícita para delinquir, violencia y resistencia a la autoridad y exposición al peligro de menores.

El fiscal indica que los dirigentes mantuvieron secuestrados a los comerciantes Melquíades Chávez Pérez, Dany del Águila Díaz, Richar Olarte Sulca, Cosme Espinoza Fernández y Calixto León Soca, pese a que deseaban retirarse del mercado antes del desalojo del pasado lunes.

En diálogo con Andina, Espinoza afirmó que “durante el desalojo se observó que los comerciantes trataban de salir del mercado por las paredes, por lo que luego testificaron que los dirigentes los obligaron a permanecer en el local comercial, inclusive, amenazando sus vidas”.

Además, la acusación contiene, por el delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, a 16 comerciantes más, en su mayoría de bajos recursos y obligados a permanecer en el local, por lo que no se ha pedido su detención.

 

 
   
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