Gobierno nombra como nuevos procuradores a peruposibilistas

agenciaperu.com

Esta semana, el Ministerio de Justicia presentó a los tres nuevos procuradores que, supuestamente, investigarán la corrupción en este gobierno: Felipe Galindo La Torre, David Nolasco Ravelo y Julia Príncipe Trujillo.

De estos tres nuevos procuradores, dos de ellos mantienen vínculos estrechos con Perú Posible.

Felipe Galindo ocupó la secretaría de la presidencia de Corpac durante la gestión de Julián Palacín, abogado de Margarita Toledo, y acaba de ser incluido en las investigaciones que la Contraloría General de la República viene haciendo de esa gestión.

Según nuestras fuentes consultadas por agenciaperu.com, dicha auditoria acaba de establecer que Palacín y Galindo deben ser investigados por los delitos contra la fe pública y peculado, al haber actuado “concertadamente para obtener un beneficio económico”.

El otro procurador, David Nolasco, ha integrado la comisión de profesionales de Perú Posible, y también ha sido personero legal del partido de gobierno en Chimbote. En 1998, Nolasco fue denunciado en esa ciudad por corrupción de funcionarios, porque habría ejercido como juez y como abogado en un mismo caso.

Eso no es todo. Un ex funcionario del liquidado Banco República llamado Jaime Espinoza Huamán acaba de comprometer a Nolasco en un acto de corrupción. Espinoza ha declarado, ante la Sala Suprema Penal Especial, que en marzo de 1997 el entonces abogado del Banco República y ahora procurador, David Nolasco, presenció un soborno realizado por funcionarios del banco a un fiscal que estaba a cargo de un caso que comprometía seriamente a esa entidad financiera.

El fiscal supuestamente sobornado, y destituido posteriormente, se llama José Mercado López. Las declaraciones de Jaime Espinoza el 2 de junio pasado, fueron grabadas por la periodista chimbotana Marilú Gambini.

Estas cuestionables designaciones se enmarcarían en una campaña contra los fiscales anticorrupción, la cual tiene como uno de sus principales gestos la creación de una nueva procuraduría para investigar temas relacionados a la corrupción.

De esta forma, el gobierno ha negado a los procuradores anticorrupción la facultad de investigar los delitos cometidos en el 2001 y en adelante, para lo cual ha nombrado un nuevo equipo.