¿Hacia una nueva dictadura?

a entrega de la segunda ciudad del Perú a un comando político-militar es un acto antidemocrático y supone el inicio de la transformación del gobierno de Alejandro Toledo en un régimen autoritario. Es la consecuencia natural de un comportamiento que en los últimos meses ha ido deslegitimando, una a una, todas las expresiones de protesta y crítica, y reduciendo a la insignificancia los espacios de independencia judicial y de libertad de expresión mediante el uso de la persecución política.

Al devolver a las Fuerzas Armadas al centro de la vida política de nuestro país, y entregarle responsabilidades propias de la autoridad civil, el gobierno de Alejandro Toledo no resuelve un problema de orden público: crea un problema de orden político con consecuencias impredecibles.

A las naturales protestas que esto acarreará en todo el sur del país y puede que en otras regiones, sucederá, inevitablemente, el endurecimiento de las medidas de excepción adoptadas el domingo 16 de junio, pues esa y no otra es la lógica de la decisión de poner bajo el control de los tanques una situación que se había originado en el comportamiento del propio gobierno.

Cuando en un país entre el 70 y 80 por ciento de la población reprueba la gestión del gobierno, es inevitable que la imposición prepotente, la amenaza política, el desacato judicial y el abuso de la fuerza pública exacerben los ánimos y generen actos de violencia ciudadana.

Pero poner en manos de los tanques la vida política del país aunque sea de forma parcial añade a ese desencuentro un nuevo y gravísimo problema, teniendo en cuenta que en la historia del Perú los regimenes de excepción bajo autoridades militares siempre han conducido, a la corta o a la larga, a la entronización de sistemas antidemocráticos.

Lo que está en juego no es la privatización de dos empresas menores, pues carece de sentido semejante premisa en un país donde en los últimos diez años se han privatizado centenares, sino la capacidad de respuesta política de la autoridad civil y elegida ante un descontento que se origina en su propia gestión y el uso tanto de la mentira oficial como de la intimidación política y la deslegitimación sistemática de toda forma de crítica.

La fuerza militar que ahora gobierna la ciudad de Arequipa no es la victoria del orden civil sino exactamente lo contrario: su derrota y capitulación. Y aunque se circunscriba por el momento a la ciudad de Arequipa, la irradiación de esta medida es nacional, pues cualquiera que pretenda expresar una crítica en el país sabe a lo que se expone. Los tanques que hoy apuntan sobre Arequipa apuntan también, de forma simbólica, sobre cualquier juez, parlamentario, periodista o líder civil que se oponga al gobierno.

Estamos ante un golpe de muerte al régimen civil y la transición democrática, y el orden que a partir de ahora se instalará será postizo y artificial. Bajo el imperio de estas reglas de juego, campeará una vez más la corrupción, de la que en este primer año de gobierno ha habido indicios casi cotidianos.

Las posibilidades de extender los beneficios de la economía de mercado al mayor número quedarán, desde luego, canceladas una vez más, pues es previsible que estas medidas de excepción, que seguramente se extenderán a otras parte del país muy pronto, sean secundadas por la clase mercantilista que espera del régimen de fuerza la protección de unos espacios excluyentes que el dictadura de Fujimori y Montesinos le garantizaron durante sus años dorados.