Los dineros de la corrupción;
Un destino corrupto...

Escribe Fernando Torres
agenciaperu.com

a justicia, hoy en el Perú; es el reflejo de una sociedad extraviada en sus propias contradicciones. Una justicia que se criminaliza en el cumplimiento de su deber, justicia que se envilece desconociendo el principio de legalidad que constituye una garantía fundamental, frente al poder punitivo del Estado.

La repatriación de los dineros incautados a la corrupción; suponen un nuevo escenario el ideal de hacer justicia, tras los pasos dejados por el régimen anterior. Este proceso, lamentablemente tampoco escapa, a la cultura de la improvisación tan arraigada en nuestro país. Todos los peruanos tenemos el derecho a saber cuanto es el dinero a cuyos fondos se a trabado embargo, y los inculpados tienen el derecho a escuchar en una sentencia; Cuanto de estos fondos pasan a formar parte de la reparación civil a la que están obligados y esencialmente, todos los peruanos tenemos el derecho inalienable de ser informados en cuanto al destino de dichos fondos.

Se entiende, en este contexto; Que si la Ley es obligatoria y se despliega con una fuerza irresistible, capaz de obtener la observancia generalizada, debe tener un órgano adecuado para conseguir su finalidad, tal entidad es el Estado, organización colectiva de un pueblo, que en unidad de querer y de acción, hace prevalecer la norma jurídica, sobre los deseos individuales y anarquistas contrarios a los fines sociales.

En la gestión del entonces Ministro de Justicia, Diego García-Sayán, se diseña una estrategia integral en la lucha contra la corrupción, que contemplo una serie de herramientas legales, además de las procuradurías Ad Hoc y el impulsó de un Plan Nacional Anticorrupción. En un informe de la referida gestión, se evidencia la existencia de 156 millones de dólares inmovilizados en diversos países del mundo.

En todo caso, estos dineros, cuyo monto no se a determinado a ciencia cierta, han sido incautados a raíz de una serie de procesos penales, que en el extremo de los delitos imputados a los inculpados, no resisten discusión alguna; Pero constituyen una especie de garantía con la que el Estado, a través de un embargo preventivo a los bienes del inculpado, se asegura que sean bastantes, para cubrir la reparación civil, que se determina conjuntamente con la pena, es decir con la Sentencia. Por lo menos así se difiere de la atenta lectura de la legislación vigente.

Primero a la cárcel, después el debido proceso, primero el Estado dispone de los fondos que garantizan la reparación civil, y después se demuestra el dolo..., primero se incauta, después se sentencia.

Probablemente, esta es la lógica de los procuradores de estudio privado, que se arrogan el debido proceso, al parecer en virtud a la Ley 27379, promulgada durante el Gobierno de Valentin Paniagua, esta Ley es curiosa; Forma parte de las herramientas legales diseñadas en la gestión de García-Sayán y en ella se percibe la crónica de una captura anunciada, a la muerte del régimen fujimorista...

Entre otras cosas, el Inciso 4 del Artículo 3 de la referida Ley; Señala el embargo de los bienes de las personas vinculadas a los delitos perpetrados por organizaciones criminales que hayan utilizado recursos públicos, ante el peligro de que se frustre el pago de la reparación civil. Si bien es cierto esta ley lesiona algunos derechos constitucionales, de alguna manera, el Estado, genero un mecanismo en "defensa propia" y apelando al "estado de necesidad", en la urgencia de resguardar los recursos del Estado, pero en ninguna parte del referido mecanismo legal se lee: "Que el Estado pudiese disponer de dichos bienes".

Este dinero, hoy es parte del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado - FEDADOI -, y se encuentra adscrito al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros. En todo caso parte de este dinero, pertenece a las cuentas incautados en el extranjero, que mediante Resolución del Quinto Juzgado Especial Penal, fueron transferidos a la cuenta del FEDADOI, en un monto de 27 millones de dólares aproximadamente.

Se señala que este fondo es manejado por funcionarios que pertenecen al Ministerio de Justicia, de Economía y del Interior, quienes aprobaron el desembolso de 20 millones 558 mil dólares para pagos de Indemnizaciones y otros; Se indemniza a Mariela Barreto con 170 mil dólares, se paga a los Procuradores Anti Corrupción con 300 mil dólares, otros 350 para las Procuradurías Ad Hoc, 1 millón de dólares para la Comisión de la Verdad, 1 millón 300 mil dólares para el Seguro Policial, 3 millones 300 mil dólares para el caso Barrios Altos, 14 millones de dólares para los uniformes de la Policía Nacional y 120 mil dólares para doña Leonor La Rosa.

Esto del FEDADOI, evidentemente no es un asunto transparente, ya que el propio defensor de una de la beneficiadas con el fondo, el Congresista Heriberto Benites (FIM), habría solicitado un informe urgente y detallado al Primer Ministro Luis Solari, a raíz del Artículo Primero del Decreto de Urgencia 139-2001, con el que se considera indispensable; Atender los requerimientos vinculados al bienestar de las fuerzas armadas y policiales, obviamente con dineros de este fondo.

Se a denunciado también, que los dineros de este ya controvertido fondo, serian utilizados para cubrir los gastos en la defensa legal del Estado Peruano en los casos seguidos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 13 de julio del presente año, el Ministerio de Relaciones Exteriores, habría designado como abogados del Estado Peruano, en el caso de Lori Berinson, a Jorge Villegas Ratti y Cesar Azabache Caracciolo, contratados aparentemente sin licitación pública por la suma de 182 mil dólares americanos.

Si usted piensa que el fondo se a agotado esta equivocado, da para mucho más...

Es así, que el gobierno del Presidente Toledo, para eludir la andanada de marchas de miles de peruanos despedidos durante el régimen de Fujimori; Promulga, la ley 27803, por la que los trabajadores comprendidos en los ceses colectivos efectuados por las Empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y entidades del Sector Público y Gobiernos Locales tendrán derecho a alguno de los siguientes beneficios: reincorporación, jubilación adelantada, compensación económica o reconversión laboral. ¿Pero de donde salen los fondos?; De acuerdo al Artículo 20 de la referida Ley, los gastos que irrogué la aplicación de esta, serán cubiertos con los recursos provenientes del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (FEDADOI).

Inagotables, al parecer son los recursos de la corrupción, cual inagotable fue el desmoronamiento moral de la patria en manos de los corruptores, inagotable la ineptitud del Estado en resarcir el daño ocasionado a través de medidas efectistas y populosas, inagotable al parecer; La maraña legal, en la que ocultos intereses se corrompen en la corrupción que combaten, inagotable el dolor de hambre de los más pobres, para quienes el circo esta tendido y la función aun no concluye.