Hacia un sistema anticorrupción permanente

Escribe Fernando Miguel Silva La Rosa
/ Abogado Penalista - Profesor PUCP

En los últimos años del gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, la corrupción llegó a un extremo tal que se conocía y se comentaba en todos los círculos sociales, políticos y jurídicos de nuestro país. Sin embargo, no se hizo nada al respecto. Para quienes hicieron el intento de mostrar la corrupción, significó el inicio de una persecución implacable a través de todos los poderes y organismos del Estado (basta recordar como trabajaba la SUNAT en aquel tiempo o la velocidad del Poder Judicial para procesar a una persona incómoda al régimen). Luego de algunos años ya, nos hemos dado cuenta que la inactividad que permitió el enquiste de la corrupción en el Estado Peruano se debió a la bien estructurada mafia que implantó el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres. Mafia, que en su estructura contaba con un sistema de seguridad propio (el mismo que Vladimiro Montesinos no pudo controlar): los ahora famosos Vladivideos. Los actos de corrupción en video, listos para utilizar y comprar con ellos los silencios cómplices de los operadores que tenían a cargo nuestros sistema político (congresistas tránsfugas), social (televisión basura y prensa chicha) y jurídico (Poder Judicial con sentencias al mejor postor, y claro está con su reforma). Videos que dentro de nuestro sistema procesal nunca estuvieron considerados como medios de prueba en forma expresa y que ahora -a partir de Vladimiro Montesinos- constituyen en algunos casos la única prueba que sostiene un proceso penal sobre una imputación de corrupción.

El 14 de setiembre del año 2000, la sociedad peruana quedó perpleja al observar en vivo y en directo un video en el cual aparecía la corrupción completamente desnuda. Todos sabían de su existencia, inclusive algunos sabían como funcionaba pero nunca la habían visto en video. Desde ese día, muchos afirman que se inicio una gran cruzada contra la corrupción en todos los niveles de la Función Pública en el País (muchos la han catalogado no como una cruzada sino como una persecución). Esta lucha se dirigió no solo contra funcionarios públicos sino contra todos aquellos que colaboraron con las ilícitas actividades del régimen del Ing. Alberto Fujimori Fujimori. Sin embargo, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿Estamos frente a una cruzada total contra la corrupción?

Nuestro sistema jurídico no estaba preparado para sostener la investigación ni el procesamiento de todos los miembros de una mafia estructuralmente establecida. El propio Poder Judicial y sobre todo el sistema penal se encontraba dentro de esta estructura corrupta. No podía entonces este sistema procesar a sus propios operadores. Por esta razón y con el nombramiento de los Procuradores Ad-hoc se inició lo que se ha denominado la cruzada anticorrupción. Se ha construido un sub sistema penal especializado en la investigación y procesamiento de aquellos que participaron en la red de corrupción organizada por Vladimiro Montesinos Torres. En la actualidad, con más de tres años de función, este sub sistema cuenta con Policía, Fiscales, Jueces y dos Salas Superiores especializadas en Anticorrupción y casi mil quinientos procesados en ciento cincuenta expedientes. En consecuencia, aunque consideremos que debe ser dotado de normas de agilización de los procedimientos, nuestro sistema tiene ahora la capacidad de perseguir la corrupción. El sistema existe y está funcionando. El análisis de las formas y métodos utilizados, sobre todo en lo que respecta a la llamada colaboración eficaz o si más que una cruzada, se trata de persecución para algunos casos, forma parte de un debate que deberá abordarse en cada caso en concreto.

Pero recordemos que estamos frente a un sistema creado solo para la investigación y procesamiento de los delitos cometidos a partir de la Red de Corrupción formada por Vladimiro Montesinos Torres. Sistema que es producto de una reacción social frente a la más grande corrupción que ha visto la Republica del Perú. Sin embargo, la Red de Corrupción creada por Vladimiro Montesinos no es la única red que existía en nuestro país y lo que es peor, aparentemente la corrupción continua a todo nivel. Bastará con leer los diarios en los últimos meses para que se compruebe la veracidad de ello. En consecuencia, consideramos que no estamos frente a una lucha frontal y total contra la corrupción, sino más bien en una lucha contra la corrupción que existió en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Gobierno que ya terminó y cuyos actos de corrupción ya perjudicaron al País. Que pasa entonces con los hechos que la prensa está denunciando sobre los actuales Funcionarios Públicos? Porque no pueden ser procesados con la misma dureza y bajo las mismas reglas?

El actual gobierno tuvo como principal bandera para llegar al poder la lucha contra la corrupción, las alianzas políticas que ahora están en franco cuestionamiento tuvieron como punto de partida (al menos para quienes las observamos desde afuera) la lucha contra la corrupción, pasada ya la mitad del gobierno seguimos escuchando el mismo discurso: la manoseada lucha contra la corrupción o el ya famoso lema Corrupción Cero o las campañas como a la policía se le respeta. Sin embargo, todos los días seguimos presenciando que la prensa denuncia supuestos actos corrupción. Ministros cuestionados abiertamente (inclusive obligados a renunciar) y Funcionarios Públicos con indicios suficientes a partir de los cuales se pueden iniciar investigaciones por la comisión de delitos como tráfico de influencias, peculado, etc. Que es lo que está ocurriendo entonces, de que ha servido toda la reacción social de la cual los actuales gobernantes formaron parte, de que sirvieron las marchas (hoy también abundantes por cierto), de que ha servido todo el gasto público que se ha realizado para implementar este sistema especializado, de nada. La corrupción actual sigue sin investigarse, tal cual ocurrió en el antiguo régimen. Será acaso que en los próximos años asistiremos a la creación de otro sistema anticorrupción para revisar los posibles casos que ahora la prensa denuncia. Esperemos que eso no ocurra, pues sería realmente penoso comentar en algunos años otra fuga en velero.

El momento en el que vivimos es un momento de cambios, los cuales deben ser tomados con la madurez suficiente para realizar un trabajo sólido pensando en futuro muy cercano. Estamos nuevamente frente a una reforma del Poder Judicial, sea quien sea quien la maneje, el Poder Ejecutivo o el propio Poder Judicial, el asunto es que se tiene que hacer. Es el momento entonces de tomar una postura real, sin medias tintas y pensando en el país, sobre este tema y la única forma de conseguir esto es teniendo un sistema ya no solo para los casos de corrupción generados a partir del Ex asesor del SIN, Vladimiro Montesinos Torres, sino un real y permanente Sistema Anticorrupción. Listo a procesar cualquier caso de corrupción, ya sea de gobiernos anteriores o del gobierno actual. Esto, por cierto, deberá ir de la mano de reglas penales mucho mas claras que las actuales.

Para nadie es un secreto que la explosión de la Red de Corrupción creada por el ex asesor, encontró un sistema penal cuya descripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos no abarcaba todas las conductas que desarrollaron los miembros de la mafia. Por esta razón muchos de estos actores reclaman que son detenidos o procesados injustamente y denominan a la lucha contra la corrupción como una persecución. Esto es consecuencia directa de los vacíos legales y de la indeterminación en la descripción típica de los delitos imputados. Este hecho generó, por una parte que los Abogados de la Procuraduría Ad-hoc, con el afán de cumplir su labor (debemos recordar que no son miembros del Ministerio Público, son Abogados del Estado) generen teorías e interpretaciones penales con el fin de lograr la sanción de dichas conductas, ya que de otra forma las mismas quedarían impunes; y, por otra parte, los operadores judiciales (jueces y vocales) trataron -sin éxito por cierto- de lograr un procesamiento sin dilaciones.

La tipificación de delitos como el tráfico de influencias, del de Asociación ilícita para delinquir o las construcciones doctrinarias como la complicidad en el delito de peculado y la prueba prohibida (como consecuencia de los valdivideos), son claros ejemplo de ello. Independientemente de nuestra posición sobre dichas construcciones, consideramos que las normas penales que tipifican los delitos que tienen que ver con cualquier tipo de corrupción deben ser mucho más determinadas que las actuales, con el único fin de lograr un sistema anticorrupción legítimo, bajo el cual los funcionarios públicos y los particulares sepan claramente que conductas son punibles. En el mismo sentido se encuentran las normas en el procedimiento que se sigue para los casos de corrupción, de hecho en los próximos meses seremos testigos de procesados con detención judicial que lograran la libertad, ya que llevan más de dos años detenidos sin sentencia. Es decir, son un conjunto de medidas que este gobierno debe no solo impulsar, sino lograr que se creen lo más pronto posible.

En este sentido, el actual sistema Anticorrupción debe dejar de ser un sistema solo para un periodo de tiempo o dirigido solo para los casos a partir de Vladimiro Montesinos Torres sino debe ser un Sistema Anticorrupción Permanente, que se active frente todo acto de corrupción de este o de cualquier gobierno. Claro está que este sistema debe también ir de la mano con una modificación directa sobre la tipificación de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y por particulares (dejando establecida claramente cuando su participación es punible o no); y, con procedimientos mas ágiles que permitan la imposición de una sanción sin dilaciones. Esto debe ser considerado como una garantía para el correcto ejercicio de la función pública. Si esto no se sigue así, probablemente en los próximos años nos encontraremos frente a una nueva cruzada anticorrupción con reglas igual de confusas.