La izquierda judicial: razones y errores

Escribe Fernando O' Phelan

ace unos días Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, declaró en el diario El Comercio, respecto a la denuncia de una posible coima de una transnacional cervecera a Almeyda, que "Hugo Durán Alcalde es un testigo clave de hechos presuntamente ilícitos. Es importante porque su testimonio se puede cruzar, ya que él ha estado presente en varias circunstancias siendo testigo ocular, directo, de esos supuestos hechos que ha contado ante el Ministerio Público. Las autoridades, ahora, deben dar varios pasos: tomar la manifestación del testigo, brindarle la seguridad del caso e iniciar el proceso de verificación de los hechos narrados. También se deben recoger documentos que están de por medio y tomar el testimonio de las personas involucradas, así como dictar las medidas procesales más convenientes. Corresponde al Poder Judicial hacer la denuncia respectiva", Según el diario El Comercio este señor “patrocina al testigo ante el Ministerio Público a raíz de haberse acogido al régimen de colaboración eficaz.” (15 de Junio)

Existe un debate sobre intereses económicos o de control empresarial detrás de esta denuncia. Eso se sabrá pronto, sin embargo, lo que nos llama la atención es la distorsión del rol de instituciones que afirman representar a la sociedad civil.

Así como criticamos a los abogados litigantes, que con algún barniz académico ocupan puestos de consultoría en la Reforma Judicial de papel de Hugo Sivina y aprovechan esos espacios para ejercer influencias sobre jueces y fiscales en casos específicos, hoy observamos el riesgo de los monopolios de ONGS que más allá de su valiosa trayectoria, atraviesan ahora una metamorfosis que nadie fiscaliza.

Según la Web del IDL, “no solo los casos de inocentes acusados por terrorismo y de violaciones a los derechos humanos son ahora parte de nuestras líneas de trabajo, sino también nuevos tipos de casos como los de defensa de la libertad de expresión, de denuncia de corrupción de funcionarios, de incumplimiento y trasgresión del debido proceso y, junto a ellos, nuevos casos de violaciones a los derechos fundamentales de las personas en los que actualmente desarrollamos nuestra labor”. El caso Almeyda – Duran parece encajar en el de denuncia de corrupción de funcionarios y ello no tendría nada de malo si al mismo tiempo el IDL no fuera una institución que desarrolla una labor de asesoría directa al Poder Judicial a través del Consorcio Justicia Viva.

Si revisamos la Web del Diario El Comercio encontramos 25 referencias sobre el IDL entre Mayo del 2003 y Junio del 2004. De esas notas la mayoría se refieren a las investigaciones institucionales sobre seguridad ciudadana, relación cívico - militares y la lucha contra la corrupción. La mayor parte de ellas son notas, entrevistas o resumen de informes. Todo ese trabajo es valioso, sin duda alguna. Pero, ¿qué necesidad tiene una institución seria de hacer el ridículo auspiciando una denuncia tan mal sustentada como la del caso Bavaria - Almeyda?

La cooperación internacional que llega a países como el Perú, según Horst Schönbohm, se concentra en aspectos como el desarrollo de suficientes energías para el cambio del sistema y la generación de una dinámica propia en cada una de las instituciones. (“La Reforma Procesal penal en Bolivia, avances y retos”. Marzo 2004)

“No se trata de facilitar dogmas, ni de transferir sistemas jurídicos ajenos, soluciones prefabricadas o encontrar soluciones según recetas”. Se trata, según Schönbohm, de dar un efecto catalizador y, en el caso de los bancos, como el Banco Mundial y el BID y en parte también el USAID, financiar los procesos de cambio. ¿De quién es la culpa de que el IDL extravíe el camino y quiera imponer “su“ visión de democracia, justicia, seguridad ciudadana y rol de los militares?

Nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional incluye fortalecer a ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista ideológicos sobre temas tan delicados como las Fuerzas Armadas, la administración de justicia o la realidad policial. Nada de eso justifica que se use los fondos internacionales que son para la SOCIEDAD PERUANA, como fondos para alimentar el poder institucional de quienes eligen sus casos y litigios en base a los recursos económicos y el poder político que de allí emana.
Alguna vez la oficina de USAID en Lima me pidió pruebas que mostraran el rol interesado del IDL en casos donde aprovechando su posición de asesores en el alto nivel judicial pudiese ocurrir colisiones insalvables. Ya no pueden mantener el silencio cómplice sobre los errores del Consorcio Justicia Viva.

Hay dos tareas pendientes, una: la cooperación internacional debe pluralizar su actitud frente al tema judicial y buscar banderas de democratización institucional como el cambio de las reglas de juego para la elección del próximo Presidente de la Corte Suprema. Y dos: debemos vigilar el poder de la izquierda en las ONGs con fondos destinados a políticas públicas estatales.

fernandoophelan@yahoo.com.mx