Estos hechos nos recuerdan el contexto en que surgieron las rondas campesinas en Cajamarca. Los campesinos denunciaban a los abigeos, pero éstos eran protegidos por una mafia de Jueces y Policías, que utilizaban la legalidad para ponerlos en libertad.

¿Quién promueve el desgobierno?

Escribe Wilfredo Ardito Vega

i usted vive en Lima y el ataque a diez discotecas de Juliaca le ha parecido otra inexplicable manifestación de barbarie puneña, le conviene darse una vuelta por la avenida Petit Thouars, en el céntrico barrio de Lince. Allí desde hace años, todos los días, a la hora del almuerzo, decenas de vehículos invaden las veredas ante la cebichería “El Mordisco”, obligando a los transeúntes a caminar por la pista. Los guardianes del local bloquean con ademanes agresivos el tránsito para que puedan entrar y salir los automóviles. Muchas veces, quienes se retiran manejando se encuentran ebrios. Toda la escena se produce ante un policía uniformado, que presta servicio de custodia al mencionado local. A los vecinos que se quejan por los abusos, se les dice que el local está autorizado para ocupar las veredas.

En cualquier ciudad del Perú se aprecian escenas similares: bares que funcionan en la puerta de un colegio y gozan de protección policial (los bares, no el colegio); discotecas donde se permite el ingreso de menores de edad, se vende droga y/o se practica la prostitución; locales nocturnos donde no existe ninguna medida de seguridad (recordemos las tragedias de Santa Anita y el Jockey Plaza en Lima). La población, especialmente, los padres de familia, se queja por la proliferación de estos locales, que normalmente no tienen ni siquiera licencia de funcionamiento, pero las escasas autoridades municipales que intentan clausurarlos se hallan bloqueadas por acciones de amparo, concedidas por magistrados obsecuentes.

En el caso de Juliaca, además de todo el panorama descrito, el propio Subprefecto ha declarado que los propietarios de cien locales clandestinos han formado una mafia y que inclusive lo han amenazado de muerte. Otras versiones sostienen que Miguel Ramos, el alcalde, era propietario del depósito de cerveza que abastecía a los locales clandestinos y también fue saqueado.

Con las autoridades paralizadas, existía un serio descontento. Dichos locales generaban peleas callejeras, violaciones, asaltos y problemas de inseguridad y delincuencia. Finalmente, el domingo pasado, el detonante del estallido popular fue la muerte del comerciante Jacinto Mamani Yucra, quien fue arrojado por el guardián de la discoteca Mina de Oro a la pista, donde pereció arrollado por un camión. La población indignada atacó algunos de los locales clandestinos… y la policía llegó para enfrentarse con ella, con una energía que nunca había tenido para actuar frente a los delitos asociados a dichos establecimientos.

Algunos medios han cubierto lo ocurrido como una manifestación de “desgobierno”. ¿Habría preguntarse cómo podía calificarse a la existencia impune de estos locales durante varios años? El desgobierno, en realidad, se produce cuando el Estado incumple sus roles fundamentales: las municipalidades no logran regular el funcionamiento de los locales nocturnos, la policía no protege a la población, el Poder Judicial no sanciona a los delincuentes. El Subprefecto y el Alcalde, han señalado que se trató simplemente del resultado lógico del descontento. De esta forma, están reconociendo que la población está logrando enfrentar un problema frente al cual ellos son impotentes.

Diecinueve personas siguen detenidas por su participación en los disturbios, mientras los vecinos de Juliaca, de todos los sectores sociales, sostienen que deberían salir en libertad, “porque estaban actuando para proteger a su comunidad de la delincuencia”.

Estos hechos nos recuerdan el contexto en que surgieron las rondas campesinas en Cajamarca. Los campesinos denunciaban a los abigeos, pero éstos eran protegidos por una mafia de Jueces y Policías, que utilizaban la legalidad para ponerlos en libertad. Finalmente, los campesinos decidieron formar sus propias patrullas y sancionar a los abigeos que capturaban. Con el paso de los años, las rondas campesinas han asumido distintos casos, desde un problema de alimentos hasta el reparto de una herencia. En las zonas rurales de Puno, los campesinos también han conformado rondas para protegerse de la delincuencia. A mediados de este año, las rondas campesin! as han logrado que su derecho a administrar justicia sea reconocido por la Corte Suprema.

¿Es la solución para Juliaca que se formen rondas urbanas, como en otros lugares del país? ¿O sería demasiado exigir que las autoridades cumplan su obligación? En el Perú, contar con eso pareciera una aspiración ingenua. Actualmente, en otro lugar del país, la provincia de Alto Amazonas lleva ya nueve días en huelga, sin que las autoridades nacionales se preocupen por conocer sus reivindicaciones. ¿Qué deberá suceder para que sean escuchados? Desde Lince hasta Yurimaguas, muchos peruanos sienten que viven una situación de desgobierno, donde, ante la pasividad o complicidad de las autoridades, el más fuerte logra imponerse. ¿Llegará el día en que los ciud! adanos peruanos sean tratados como seres con derechos?