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15 de septiembre del 2004
Ideele Política
Escribe:
Sofía Macher (*)

"Los perros ladran Sancho, es señal que avanzamos"

a última sentencia del Tribunal Constitucional sobre las atribuciones de la Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos ha espantado a más de uno. Especialmente a aquellos que ven los tribunales militares como una herramienta indispensable para garantizarles impunidad.
Si les quitan este instrumento se sienten en peligro.

Salen apresurados a la televisión y prensa escrita que les son favorables para defenderse como puedan. Y claro la única manera que conocen es el insulto, la mentira, el cuco de los comunistas (se quedaron congelados en el tiempo, para ellos no cayó nunca el muro de Berlín!!). Cuando uno los escucha y los lee, uno comprende y confirma lo que se hizo con los campesinos, con los ciudadanos y ciudadanas invisibles durante el conflicto armado interno. Uno confirma las miles de denuncias recibidas, por ejemplo como la que se tiene de 60 bases contrasubversivas en las que se violaba a las mujeres.

¿Que peligro puede entrañar un proceso judicial independiente si uno es inocente? ¿Qué tienen de diferentes los peruanos que están en los institutos armados, de los peruanos y peruanas que no estamos en los institutos armados? ¿Qué de especial tienen que no pueden acudir a los mismos juzgados a los que acude el resto de peruanos?

La CVR ha documentado patrones de violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados por los órganos jurisdiccionales. Deben ser sancionados los responsables del más alto nivel que si no dieron las órdenes directamente, no hicieron nada por detener las matanzas de campesinos inocentes o la violación masiva a las mujeres.

Deben ponerse a derecho. El mundo ha cambiado señores, las amnistías son cosas del pasado. Hay que sancionar a los culpables de los horrendos crímenes que se cometieron. Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país queremos que se haga justicia. Nunca mas debemos oír en nuestro país que no hay justicia para los pobres. Esta vez el Poder Judicial no debe dar la espalda a los humildes como lo hizo en el pasado. Esto es central para la reconciliación de todos los peruanos y peruanas.

Una de las columnas vertebrales de la democracia y de nuestra Constitución, es que todos somos iguales ante la ley. Esta debe aplicarse sin distinción a todos y todas. Pero además, debe garantizarse el debido proceso, todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Por qué algunos militares no quieren someterse a los tribunales jurisdiccionales civiles? Aquí hay una cuestión de fondo que todos los ciudadanos de este país debemos planteárnosla de manera urgente: ¿Qué formación les estamos dando a nuestros soldados en las escuelas militares? ¿Qué formación democrática están recibiendo? ¿Qué educación estamos pagando con nuestros impuestos? Me temo que se les sigue educando como si ellos fueran la patria, los únicos que la representan y la defienden. ¿Qué seremos el resto de peruanos y peruanas?

Las fuerzas armadas deben estar subordinadas a la autoridad civil democráticamente constituida y no estar demandando prerrogativas o pretendiendo ausencia de controles. Y ya tenemos experiencia de lo que ocurre ante la falta de control y los tratos exclusivos. Debemos recordarlo ahora, cuando reclaman un fondo fijo anual de mas de 100 millones de dólares, en vez de someterse a las prioridades que deben establecer las autoridades para vencer la pobreza en la que se encuentran mas del 50% de peruano y peruanas.


El equipo de profesionales del IDL es actualmente diverso y plural en términos de especialidades, rostros, experiencias, trayectorias, edades, y, por supuesto género, compartiendo todos eso sí convicciones democráticas.
Realidad que provoca una discusión interna muy rica, especialmente cuando de análisis político se trata. De ahí esta iniciativa de volcar hacia fuera nuestro debate interno, a través de artículos que saldrán por esta vía de lunes a viernes, sobre temas y preocupaciones del IDL, aunque no necesariamente expresen una posición institucional, reservada solo para determinadas ocasiones, previa advertencia. Participan de esta primera intensa experiencia de análisis político: Wilfredo Ardito, Carlos Basombrío, Gino Costa, Ernesto de la Jara, Gustavo Gorriti, Hans Landolt, David Lovatón, Sofía Macher, Glatzer Tuesta y Susana Villarán.

 
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