La democracia y el cerro Quilish

Escribe Wilfredo Ardito Vega

n julio pasado, mientras se realizaba la reciente Copa América, UNICEF denunció que decenas de niños habían muerto en los departamentos más pobres del país. La versión oficial atribuía la causa de las muertes al frío. En realidad, señalaba UNICEF, las autoridades peruanas no habían tomado medidas para atender un factor climático que se repite todos los años: el invierno. El Estado había tenido el dinero que hubiera salvado la vida de estos niños, pero consideró más importante adquirir fragatas en desuso y remodelar estadios para el campeonato de fútbol. Por ello, el frío no fue la causa de esas muertes (hay temperaturas más bajas en otros países), sino la negligencia estatal.

Todos los días en el Perú se toman decisiones que postergan los derechos de los campesinos andinos y otros grupos excluidos. Para ponerlo en pocas palabras: la regla es que se invierte menos en quienes más necesitan. En el presupuesto del Poder Judicial para el 2005 no se ha considerado un solo centavo para los 5,000 Jueces de Paz que administran justicia en precarias condiciones. El Estado ni siquiera les va a proporcionar papel o lapiceros.

La sistemática indiferencia hacia los peruanos excluidos por causas geográficas, raciales o lingüísticas hace disfuncional a nuestra sociedad. Es imposible alcanzar el desarrollo de un país con los actuales niveles de analfabetismo, mortalidad materno-infantil y esperanza de vida. Y muchas veces, el menosprecio por los ciudadanos es tan grande, que ni siquiera se les considera interlocutores válidos para opinar sobre aquellos hechos que pueden afectar su vida de manera irremediable. Este desdén se encuentra en la raíz de los conflictos de Las Bambas y el cerro Quilish.

En el proyecto Las Bambas, Pro Inversión se abstuvo de contactarse con las comunidades propietarias de las tierras donde se ubica el yacimiento minero. No se trataba de cumplir una deferencia, sino una obligación, establecida por el Convenio 169 de la OIT. Los funcionarios prefirieron dirigirse a Luis Barra Pacheco, Presidente Regional de Apurímac, que habla castellano, es un profesional... y está procesado y sentenciado por diversos delitos. Si entre sus proezas se encuentra que los cargamentos de ladrillos del gobierno regional aparecían en casa de una familiar suya, es previsible que ningún campesino de Apurímac sienta mucha confianza en él. Es más, la semana anterior a la concesión de Las Bambas, Barra había sido vacado por segunda vez por los consejeros regionales.

En el conflicto del cerro Quilish, el Ministerio de Energía y Minas ha cometido el mismo error que en Tambogrande y Huancabamba: servir de vocero a una actividad ampliamente cuestionada por los ciudadanos. Durante años, los campesinos de Cajamarca han denunciado la muerte de millares de truchas y la contaminación de las aguas. Los desastres de Choropampa y otros lugares sólo han incrementado la desconfianza frente a la empresa Yanacocha y su aparente imagen de eficiencia y modernidad. Pocos cajamarquinos han visto el documental "Choropampa, El Precio del Oro", premiado en numerosos festivales, pero la mayoría ha sido testigo directo de la prepotencia e insensibilidad de los funcionarios y empleados de la empresa, que se manifiesta en el video. Con estos antecedentes, es lógico que los habitantes de la ciudad de Cajamarca, teman morir envenenados con mercurio o u otro compuesto químico si comienzan las obras en el Cerro Quilish, que es la principal fuente del agua de la ciudad.

Por ello, el 5 de octubre del año 2000, la Municipalidad Provincial de Cajamarca declaró zona protegida el cerro y las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y Grande, estableciendo que la violación de la ordenanza sería sancionada de acuerdo al Código de Medio Ambiente. Cabe señalar, además, que en el Quilish existe una fauna rica y diversa, que incluye animales en vías de extinción como zorros andinos, zarigüeyas, cernícalos, búhos, sapos andinos, todos los cuales que se verían afectados por las actividades mineras.

A pesar de esta norma, la empresa obtuvo del Ministerio de Energía y Minas la Resolución 361-2004-MEM, que autoriza las labores de exploración. La indignación ha sido generalizada en la población rural y urbana y se incrementó por los reportajes tendenciosos que algunos medios realizaron en los primeros días del conflicto (que los campesinos habían cortado el abastecimiento de agua, que mantenían secuestrados a varios periodistas, que actuaban por ignorancia o manipulación).

Se argumenta, como siempre, que la explotación del Quilish proporcionará muchas divisas al Estado. Sin embargo, con un gobierno que prefiere adquirir armamento de guerra que evitar que los niños mueran de frío, es natural que estos supuestos ingresos no generen mayor entusiasmo.

En la práctica, en su irresponsable actitud en ambos casos, el gobierno manifiesta una concepción de democracia delegativa, es decir que a la autoridad una vez electa se le ha delegado la facultad de actuar de acuerdo a su criterio, sin necesidad de explicar sus decisiones, que los ciudadanos deben acatar en silencio. Pero esta forma de democracia es la que tanto desencanto genera en la población, porque ha estado asociada a políticas abiertamente injustas y excluyentes. Actualmente, la democracia que sí moviliza a los peruanos es una democracia participativa, donde las personas efectivamente dan su opinión sobre las decisiones que les afectan.

El conflicto armado interno demostró que en el Perú no valen igual las vidas de todos los peruanos. En la actualidad, tampoco valen igual sus opiniones. Plantear que tanto vale la opinión de un campesino como la de un empresario, aparece como una sugerencia totalmente radical. El mejor camino pareciera imponer la opinión del segundo: a la manera más tradicional, como en una novela de Manuel Scorza, en Cotabambas se ha instalado hace unas semanas una base militar. Pero esta es la vía que precisamente genera inestabilidad y conflictos sociales, desde Arequipa hasta Playa Hermosa: ignorar la voluntad de la población.

¿Aprenderán alguna vez quienes tienen poder político y económico a tratar como ciudadanos a los campesinos? ¿Aprenderán a sentirlo realmente? Sólo cuando eso suceda, podremos hablar de una democracia de verdad, con la cual los ciudadanos se puedan identificar.

El equipo de profesionales del IDL es actualmente diverso y plural en términos de especialidades, rostros, experiencias, trayectorias, edades, y, por supuesto género, compartiendo todos eso sí convicciones democráticas.
Realidad que provoca una discusión interna muy rica, especialmente cuando de análisis político se trata. De ahí esta iniciativa de volcar hacia fuera nuestro debate interno, a través de artículos que saldrán por esta vía de lunes a viernes, sobre temas y preocupaciones del IDL, aunque no necesariamente expresen una posición institucional, reservada solo para determinadas ocasiones, previa advertencia. Participan de esta primera intensa experiencia de análisis político: Wilfredo Ardito, Carlos Basombrío, Gino Costa, Ernesto de la Jara, Gustavo Gorriti, Hans Landolt, David Lovatón, Sofía Macher, Glatzer Tuesta y Susana Villarán.