l pasado miércoles 27 de junio, el conflicto de Casapalca generó su quinta víctima mortal: el policía Carlos Mariluz. Le impactó en la cabeza una pedrada lanzada por uno de los trabajadores que habían bloqueado la Carretera Central , en medio de una crisis donde se hace evidente la incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas.

Los obreros de Casapalca enfrentan un panorama desolador: jornadas de trabajo de hasta doce horas sin probar alimento, equipos averiados (desde botas hasta máscaras de oxígeno) y problemas de ventilación en los socavones. Casi todos, además, trabajan para services fantasmas creados por la empresa para evitar cualquier beneficio laboral. La empresa les descuenta a los trabajadores los alimentos que proporciona y de esta forma, ellos reciben mensualmente poco más de 300 soles.

Los trabajadores pernoctan hacinados en precarias habitaciones con techos de calamina, plástico y madera totalmente inadecuados para las difíciles condiciones climáticas y sin servicios adecuados de agua, desagüe y luz. “El desagüe no está cubierto y pasa al lado de los dormitorios y las aguas sucias llegan directamente al río”, informa Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien también comprobó como solamente tienen dos horas de luz eléctrica durante la noche.

Todo este panorama constituye una abierta violación a las condiciones laborales contempladas en la ley, lo cual hubiera debido implicar una severa sanción para la empresa desde hace varios años.

Hace unos meses, cansados de tanta explotación, los trabajadores se atrevieron a formar un sindicato, cosa que en el Perú es un caso de heroismo, porque no hay sindicatos ni en McDonald’s, ni en Topy Top ni en las ONGs. Como resultado, la empresa decidió despedir a los trabajadores afiliados, en una escandalosa maniobra que también debió haber sido sancionada.

Sucesivamente, la empresa Casapalca ha rehusado participar en las reuniones de conciliación convocadas por el Ministerio de Trabajo, evidenciando que no tiene ningún interés en un acuerdo con los trabajadores y tampoco fue sancionada por ello.

Para los obreros, después de varios meses de buscar una solución pacífica, bloquear la Carretera Central fue la única alternativa para llamar la atención sobre los abusos que padecen. Sin embargo, de esta manera quedaron afectadas miles de personas sin mayor relación con el conflicto. El primer bloqueo, realizado el 15 de junio, generó la muerte del niño Fermín García debido al frío, y del paciente Percy López, que era trasladado desde Pasco en una ambulancia hacia Lima. Ese mismo día, cuando la Policía Nacional pretendía disolver el bloqueo, fallecieron los trabajadores Oscar Fernández y Julio Raymundo, estando confirmado que, por lo menos el primero murió debido al impacto de perdigones y bombas lacrimógenas.

Todas las absurdas muertes de Casapalca deben investigarse y sancionarse, pero ninguna se hubiera producido si el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin hubieran cumplido sus responsabilidades frente a los abusos de la empresa, que prefiere pagar carísimos avisos en los periódicos para exponer su posición, en lugar de usar ese dinero para que los trabajadores tengan aire limpio y botas decentes.

La crisis de Casapalca demuestra un serio problema de gobernabilidad, con autoridades que no pueden mostrarse firmes para garantizar derechos fundamentales ni siquiera a cuatro horas de Lima. En otros lugares, sin embargo, las autoridades favorecen abiertamente a los actores económicos: durante el mes de junio fueron encarcelados varios dirigentes de los trabajadores que protestaban contra las empresas Shougang y Yanacocha, cuyos niveles de malignidad parecen provenir de alguna indignante novela de Manuel Scorza.

El panorama social se viene enrareciendo, porque en la Amazonía , el Sur y otras regiones no se percibe ya el descontento de un sector, sino un malestar generalizado, como lo reflejan las recientes movilizaciones en Ucayali (ahora bajo Estado de Emergencia), Loreto, Puno, Arequipa, Tacna, Ancash, etc..

En tiempos de Alejandro Toledo, la alternativa frente a las protestas sociales fue cuadruplicar las penas para los bloqueos de carreteras, sin enfrentar los problemas de fondo. El régimen de Alan García viene demostrando la misma incapacidad: de poco sirve transferir millones de soles a gobiernos regionales y locales, si al mismo tiempo es casi imposible que éstos puedan combatir la desnutrición o el analfabetismo debido a la normatividad vigente.

El denominador común a estas protestas es la indignación de la población frente a un Estado que los trata como a los obreros de Casapalca, es decir, ciudadanos aparentemente predestinados a sufrir, de cuya existencia sólo se toma conciencia cuando toman una medida de fuerza.

Enfrentar el problema de Casapalca, obligando a la empresa a cumplir la ley y sancionándola por todas sus infracciones sería un signo que el Estado reconoce que todos los peruanos son seres humanos. De lo contrario, conflictos como éste terminarán haciéndose cada vez más graves y más comunes, pudiendo derivar la situación del país en inmanejable.