ace pocas semanas, el gobierno ecuatoriano realizó un planteamiento insólito para un país petrolero y necesitado de divisas: dejaría bajo el subsuelo un yacimiento con millones de barriles de probadas reservas de petróleo y solicitaría en cambio a la comunidad internacional la constitución de un fondo para el desarrollo sostenible, que equivaldría a menos de los 3,500 millones de dólares que obtendría el Estado ecuatoriano mediante la explotación petrolera.
Se trata del lote Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Yasuní, una zona amazónica donde viven los indígenas en aislamiento pertenecientes a los grupos tagaeiri y taromenane y además existe una impresionante diversidad biológica, con más especies naturales que en todo el territorio de Estados Unidos.
Aunque Ecuador ha venido exportando millones de barriles de petróleo durante las últimas décadas, para los habitantes de las regiones petroleras es un enigma qué se hicieron los importantes ingresos que llegaron al país, porque ellos continúan viviendo en extrema pobreza. Resulta una historia conocida de este lado de la frontera: Loreto recibe desde hace casi 30 años el canon petrolero, sin que los niveles de desnutrición o analfabetismo hayan mejorado mucho. La miseria parece parte del “paisaje amazónico”: las agencias de viajes llevan a los turistas a conocer el barrio Belén, cuyos habitantes sobreviven rodeados de aguas servidas.
La realidad de la Amazonía de Perú y Ecuador es similar, pero las posiciones de sus actuales gobiernos son diametralmente opuestas: Perú-Petro continúa ofreciendo lotes para explotación de gas y petróleo en la Amazonía que están superpuestos a cuencas, comunidades nativas, áreas protegidas y ciudades.
Una práctica similar lleva a cabo el Ministerio de Energía y Minas, generando que algunas provincias estén casi en su totalidad otorgadas en concesión a empresas mineras sin que ninguno de sus habitantes (ni los alcaldes ni las autoridades regionales) hayan sido informados.
En cuanto a los pueblos indígenas en aislamiento, es verdad que hace un año se promulgó la Ley 28736 respecto a las reservas constituidas para evitar el ingreso de foráneos, pero contradictoriamente la misma norma autoriza también la realización de actividades extractivas. Es más, el Presidente de Perú-Petro, Daniel Saba, ha negado hace poco la existencia de estos indígenas, como si fuera la fantasía de algunos antropólogos.
El principal argumento para promover una indiscriminada expansión minera y petrolera es que proporciona importantes ingresos al Estado. Sabemos, claro, que las empresas involucradas podrían aportar mucho más gracias a las desproporcionadas ganancias que vienen obteniendo en los últimos años. El problema es la pasividad de las autoridades estatales, que se limitan a fomentar estas actividades sin considerar los conflictos sociales que pueden generar los daños ambientales o, con cada vez más frecuencia, la explotación de los trabajadores (recordemos los trabajadores presos de Shougang y Yanacocha, los cuatro muertos en Casapalca y la muerte de Guillermo Tolentino en Huaraz el año pasado).
Respecto a problemas como el calentamiento global u otras consecuencias ambientales, la indiferencia de las autoridades peruanas es impresionante. A comienzos de este año, se ha llegado al extremo de prohibir a las municipalidades declarar áreas naturales protegidas en sus jurisdicciones. Ni siquiera se ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional que hace un año obligó a atender la salud de los niños de La Oroya afectados por Doe Run (RP 101). En el norte del Perú, además, vienen preparándose con entusiasmo amplias hectáreas para cultivos destinados al “biocombustible”, que puede tener efectos desastrosos.
En contraste con este panorama desolador, el gobierno ecuatoriano ha señalado que prefiere evitar que los mil millones de barriles de petróleo existentes en el lote ITT generen los temidos gases de efecto invernadero y la explotación del crudo genere daños irreversibles al ecosistema y las fuentes de agua.
Ecuador no es el único país donde se intenta que explotación minera o petrolera cumpla requisitos ambientales o sociales. En Bolivia, se ha aprobado este año el Decreto 29033 que reglamenta la consulta que debe hacerse a la población indígena si se pretende realizar actividades hidrocarburíferas en sus territorios y el Decreto 29103 sobre el monitoreo sociambiental a practicarse cuando estas actividades ya se están ejecutando. En Colombia, los indígenas tienen la facultad de señalar en qué zonas no puede haber actividad minera, por su carácter sagrado o su importancia cultural.
Estas decisiones en los países vecinos reflejan una manera muy distinta de percibir la relación entre el Estado y los recursos naturales no renovables, así como entre el Estado y la población indígena. Cabe preguntarse si alguna vez un gobierno en el Perú será capaz de respetar el derecho de los ciudadanos, indígenas o no, a decidir sobre qué forma de desarrollo desean.
Esperemos que la comunidad internacional respalde la decisión del gobierno ecuatoriano de proteger el Parque Yasuní. No sólo se asegurará así la sobrevivencia de los tagaeiri y taromenane, sino que se abrirá un camino de esperanza a quienes deseamos un mundo menos contaminado y más justo.
