¿Por qué Donayre respalda a quien quiere sentarse en la autonomía del Poder Judicial?

Escribe Cecilia Valenzuela / agenciaperu.com

oy, el congresista y vicepresidente Luis Giampietri recibió el respaldo del Comandante General del Ejército. El general Donayre ha querido usar su pinta de Rambo para intimidar también a los juzgados anticorrupción por tocar a uno de los suyos. Para lo mismo se preparan mañana los congresistas del fujimorismo y algunos más: unos llegaron al Congreso invitados por el Apra, y otros tienen razones personales para odiar a la jueza Villa Bonilla, la magistrada que ha citado a declarar a Luis Giampietri.

¿De dónde tanta solidaridad con el vicealmirante en retiro? ¿De su participación en el develamiento del motín de El Frontón? ¿De su participación en el rescate de los rehenes del MRTA? 

No. Lamentablemente las razones no son de rechazo al terrorismo. Son de apoyo a la corrupción. A Giampietri lo respaldan porque se niega a asistir al juicio que se les sigue a los criminales del grupo Colina. ¿Las juezas pretenden acusar a Giampietri con los crímenes del Colina? No. Las juezas lo citan, simplemente porque un acusado, haciendo uso de su derecho de defensa, sostiene que el vicealmirante por su experiencia en la lucha antisubversiva puede ser dar un testimonio del contexto en que se dieron los operativos contra Sendero Luminoso. Por eso lo cita el Tribunal, como un simple testigo.

¿Entonces por que tanto escándalo? Porque quien lo ha citado es la Primera Sala Anticorrupción presidida por la vocal Inés Villa Bonilla, la vocal que preside la sala que  ha llevado y sentenciado los casos más complejos e importante  del sistema anticorrupción.

La sala de Villa Bonilla ha sentenciado ya en el caso de los diarios chicha, donde  se juzgó no sólo a Vladimiro Montesinos, sino a los ex propietarios del diario La Razón, la familia Wolfenzon, y los militares que solventaron esos diarios infames que como El Chino, El Tío, La Chuchi o El Mañanero lucraban del Estado a cambio de destruir la reputación y la imagen de los políticos y los periodistas que combatían la dictadura más corrupta que han visto estas tierras.

La sala de Villa Bonilla también ha sentenciado a Luis Bedoya de Vivanco, a Adrónico Luksic, propietario de la empresa Luccheti, y a Montesinos y sus cómplices en el más importante de todos los casos, en el proceso por el tráfico de armas para los terroristas  de las FARC.  En este caso, Montesinos recibió la condena más larga: 20 años de cárcel.

Además, la sala de las vocales Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñeco e Hilda Piedra,  ha dictado sentencia anticipada contra los miembros del grupo Colina: Marco Flores, Isaac Paquiyauri y Julio Chuqui Aguirre.

Desde el 2001 hasta el 2005 esta sala ha resuelto más de 2 mil 300 incidencias, es decir, pedidos que llegan de los juzgados de primera instancia y que tienen que ser resueltos por una sala superior.

Además lleva los casos más importantes por delitos de lesa humanidad: el caso La Cantuta, el caso Barrios Altos, el caso de la muerte de Pedro Yauri.  El proceso de Barrios Altos tiene más de 50 procesados y el de La Cantuta 25. Ambos procesos superan los 60 mil folios.

Y como si fuera poco, esta sala ve el proceso contra los generales de la promoción  Montesinos, que son investigados por enriquecimiento ilícito, por haberse robado el dinero de las privatizaciones con el pretexto de comprar armamento que resultó inservible. Ese proceso incluye a 45 procesados y los folios del expediente superan los 90 mil.

Estas son las verdaderas razones por la que los fujimoristas respaldan a Giampietri. Porque quieren golpear a unas de las mejores y más valientes juezas que tiene el Poder Judicial y el sistema anticorrupción.

Contra este Tribunal pretenden votar mañana los congresistas del fujimorismo y los congresistas aliados a la corrupción.

¿Qué hacen los apristas votando en este caso con los fujimoristas? Acaso Alan García, en pleno ejercicio de la Presidencia, no ha asistido ante una jueza que lo citó como testigo por el caso El Frontón. Si Giampietri pretende reemplazarlo, aunque sea por unas horas, que por lo menos siga su ejemplo.

¿Y qué hace el Comandante General del Ejército metiéndose a respaldar a un congresista que quiere sentarse en la autonomía del Poder Judicial, sumándose en el ataque a tres juezas del sistema anticorrupción?

La Constitución no le permite al general Donayre pronunciarse en temas políticos. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Acaso al general Ddonayre le incomoda que por lo menos cuatro de sus antecesores están siendo procesados, por corrupción, en esos tribunales? ¿El general Donayre sigue rindiendo obediencia a los generales Nicolás Hermoza, José Villanueva Ruesta, César Saucedo o Walter Chacón? O acaso al general Donayre le afecta que sus antiguos jefes estén siendo procesados por esas juezas valientes, tan valientes que no necesitan un fusil ni un tanque para hacer temblar a los más grandes enemigos del Perú. A aquellos que siendo peruanos traicionaron a su propio Ejército y le robaron a su propio pueblo.

¿Todo el Ejército peruano piensa como el general Donayre? El Ministro de Defensa debería preguntárselo, y debería también explicarnos a los peruanos honrados cómo así un subordinado suyo hace política desde el Real Felipe en un acto organizado por Alex Kouri, uno de los protagonistas de los vídeos en los que grabó Montesinos a la elite corrupta del país.

Ya en otra oportunidad el fujimorismo arremetió contra la jueza Villa Bonilla: a mediados de 1997, la Corte Nacional de Tráfico Ilícito de dDrogas, de la que ella era presidenta, fue cerrada por el fujimorismo. El pretexto que usó Montesinos en ese momento, es el mismo que quiere usar el fujimorismo ahora: “Esta sala se cierra porque no hay producción”. Mentira. Ahora sabemos que Montesinos necesitaba sacar a la jueza Villa Bonilla de esa sala y aun eliminar esa sala porque ya entonces estaba haciendo negocios con traficantes de drogas rusos, interesados en sacar del negocio en el Perú a su competencia colombiana. La mafia rusa estuvo metida en el tráfico de armas para las FARC. Los terroristas colombianos pagaron los Kalashnikov con droga. Desde sus escondites ellos no podían hacerle una transferencia bancaria al jefe de la inteligencia peruana que gozaba de todo el respaldo del partido que ahora quiere acabar con los juzgados anticorrupción y con las magistradas probas que trabajan en el Poder Judicial, gracias a que uno de ellos pudo infiltrarse en el partido de Haya de la Torre.

En el 2004, cuando Antero Flores Araoz era congresista, fue citado como testigo en el caso de los diarios chicha. Él fue solicitado como testigo por el procesado José Olaya. A pesar de su condición de congresista, Flores Araoz asistió a la citación judicial y declaró sin hacer escándalo ni lloriquear como una jovencita a la que le ha fallado el novio.

Los peruanos debemos estar atentos a lo que el Congreso pretenda hacer mañana contra las juezas anticorrupción. Por lo pronto, ni Cecilia Chacón, ni Javier Bedoya de Vivanco podrán votar. Ambos tienen razones personales para odiar a las magistradas más probas.