Transparencia e inversiones en el Estado

Escribe Cecilia Valenzuela / agenciaperu.com

l presidente García ha demostrado que un proyecto de inversión de un gobierno regional necesita de por lo menos 200 días útiles para ser aprobado. Eso sin contar los días que se atrasa una obra cuya licitación si ha sido impugnada por algunos de los postores. Al final, en el mejor de los casos, para realizar una obra, desde que se decide hasta que se entrega, se necesitan 680 días útiles. Más de dos años. 

Este sistema ha llevado a que los gobiernos regionales, las municipalidades y los ministerios, hayan gastado solo y en el mejor de los casos como es Arequipa, el 34% de su presupuesto asignado para obras de infraestructura. Loreto solo ha podido gastar el 9% de su presupuesto y la verdad es que atendiendo a la realidad, esto es un crimen.

Estamos casi a la mitad del año y las aulas, los hospitales, las carreteras no se pueden iniciar por la cantidad de controles que se han instaurado para las obras públicas.

El presidente planteará mañana al Consejo de Ministros un sistema que permita disminuir el tiempo de estudio, licitación y ejecución de estos proyectos. Nos parece muy bien. Pero el Presidente no debe olvidar que los controles han surgido por la desconfianza que han generado los escandalosos contratos corruptos de todos los gobiernos. Que incluyen a su primer gobierno y al presente.

Ahí están las compras de aviones y armas, los tractores y medicinas chinas, telecomunicaciones hemisféricas, la carretera a Cabana, los patrulleros, las ambulancias.... las reparaciones de las escuelas más pobres y en muchos casos, las empresas que son descubiertas robándole al Estado, vuelven a participar en las licitaciones que convoca el Estado, como pasó con los Aybar Cancho en la carretera a Cabana, o como ha pasado con funcionarios inhabilitados que son contratados nuevamente por el Estado, como el caso Pandolfi.

La pregunta es, ¿cómo hacer para que las obras y la inversión del Estado sean rápidas y ágiles sin que nos roben y nos estafen? Partamos por reemplazar la desconfianza por la confianza. Utilicemos algo parecido al semáforo de la aduana del aeropuerto. Obra sospechosa, obra investigada. La obra no se detiene pero si la investigación confirma que hubo corrupción la empresa y el funcionario comprometido se van a la cárcel y son inhabilitados para contratar con el estado de por vida y el ministro que cometió el error político, al que se le pasó el hecho, sea cómplice o no, se va su casa, por lo menos.

Con estas condiciones, ¿podríamos confiar en el Estado?