l año pasado, en un avión a Piura el cantante Miguel Bosé intentaba pasar inadvertido detrás de su gorra y sus lentes oscuros, pero igualmente recibía la mayor deferencia de las entusiasmadas aeromozas. Bosé no viajaba para una presentación musical o para hacer turismo, sino para expresar su solidaridad con los algodoneros de Piura, quienes reciben cada vez menos por sus cultivos.
Con el algodón sucede lo mismo con muchos productos: aunque generan importantes ingresos para las empresas que los exportan, las ganancias son mínimas para los trabajadores que se ocupan de extraerlos, desde las mujeres que cosechan espárragos (RP 109) hasta los obreros mineros (RP 54). La mayoría de empresarios parece operar bajo la convicción que, aunque paguen muy poco o existan serios riesgos al desempeñar un trabajo, siempre habrá peruanos que, impulsados por la extrema necesidad, acepten verdaderas condiciones de explotación.
De esta manera, el Perú puede ocupar un importante lugar como exportador de cobre y de oro, de plata y de espárragos, de alcachofas o mangos... y ostentar también elevados niveles en cuanto a desnutrición, analfabetismo, mortalidad infantil, contaminación ambiental y otros lamentables “primeros lugares”. Como ha señalado desde Chile el propio Fujimori con orgullo, el gobierno aprista viene continuando el modelo económico que él comenzó en 1990, es decir, crecimiento sin equidad.
Resulta curioso que muchos líderes políticos y medios de comunicación que critican a Fujimori por la corrupción y las violaciones a derechos humanos respalden la continuación de sus políticas económicas, manteniendo un silencio cómplice sobre sus consecuencias hacia los más pobres.
Meses después del viaje de Bosé, llegó a Loreto Q’orianka Kilcher, la actriz que aparece como Pocahontas en la película Un Nuevo Mundo. Ella visitó la zona del río Corrientes, donde la contaminación generada por las empresas petroleras Oxy y Pluspetrol ha generado serios daños a la salud de los nativos achuar. Como había sucedido con Bosé, las autoridades se encogieron de hombros cuando Q’orianka denunció los abusos cometidos. Solamente cuando los achuar decidieron tomar el campamento de Pluspetrol, el gobierno aceptó negociar con ellos una solución a sus demandas.
Como en tiempos de Toledo, los peruanos excluidos perciben que el gobierno sólo se da cuenta de sus reclamos, o inclusive de su existencia, cuando llevan a cabo medidas de fuerza... y como en tiempos de Toledo, la respuesta parece ser la represión indiscriminada. Los peruanos más pobres ven entonces que el mismo Estado que nunca realiza inspecciones laborales, que se mantiene indiferente cuando el aire, los ríos o las tierras son contaminados, que ofrece un pésimo servicio de salud (por el que además cobra), ese mismo Estado inexistente y débil sí despliega toda su energía para reprimirlos, como si fuera un ejército de ocupación y ellos una masa de delincuentes.
Cada vez se hacen más frecuentes las muertes de personas en base a disparos al cuerpo o bombas lacrimógenas, como ha sucedido, respectivamente, con el joven Marvin Gutiérrez en Chimbote (11 de abril) y el niño Imel Huayta en Puno (22 de abril).
En febrero del año 2002, después que otra protesta de algodoneros fue reprimida sangrientamente, ocasionando la muerte del anciano Marcelino Sulca, el entonces Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, defendió las acciones policiales y responsabilizó de las protestas a dirigentes apristas, que sostenía estaban agitando a la población con fines politicos (RP 64). En la actualidad, son los dirigentes apristas quienes defienden a Rospigliosi y señalan mas bien que existe una conspiración humalista detrás de las protestas sociales. Algunos medios cercanos a grupos empresariales o al fujimorismo llegan a sostener que la intención es derrocar al gobierno.
A nuestro entender, estos discursos conspirativos no son solamente una forma de trasladar a supuestos “agitadores” la responsabilidad del descontento popular y no admitir que millones de peruanos siguen sintiendo el mismo olvido de años anteriores. En realidad, aludir a conspiraciones contra el gobierno o la democracia, parece ser mas bien una estrategia para generar el ambiente favorable a mayores acciones represivas hacia aquellos que puedan discrepar del modelo económico.
Si hablamos de conjuras o conspiraciones, ésta parece la más probable y, a fines del año pasado, la detención de los ocho campesinos ayacuchanos acusados de senderistas y de los dos integrantes del grupo Todas las Voces, que supuestamente iban a asesinar a Alan García, podrían haber sido peligrosos ensayos (RP 128). Para generar más preocupación, en los últimos días, además, se ha revelado que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedican al espionaje de instituciones completamente legales como las ONGs ambientalistas (RP 140) y que las empresas transnacionales compran esta información.
En realidad, en las conjuras antidemocráticas no se encuentran ni Miguel Bosé, ni Q’orianka Kilcher, ni los algodoneros piuranos, ni las ONGs, ni los achuares o los dirigentes mineros. Si existe alguna amenaza contra los derechos democráticos, podría provenir mas bien de quienes están en el poder, independientemente de cuán visibles sean.
