Procurador designado para casos de Fujimori tiene serios inconvenientes

Escribe Cecilia Valenzuela / agenciaperu.com

pesar de que la gran mayoría está de acuerdo con la extradición del ex presidente Alberto Fujimori y con la complicidad de la dupla Fujimori–Montesinos, cerca del 50% duda sobre el accionar honesto y transparente en la administración de la justicia.

El Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima registró en una encuesta que el 82,2% de la población está de acuerdo con la extradición de Fujimori, contra el 16,2% que no lo está.

También sondeó que el 75,4% cree que Fujimori y Montesinos fueron cómplices, a diferencia del 18,6%, que no lo cree así.

Pero, por otro lado, sólo el 46,8% confía en la imparcialidad del Poder Judicial en el proceso a Fujimori, mientras que un muy cercano 42,2% no confía.

El temor se fundamenta en los antecedentes del Poder Judicial, pero también se basa en los gestos de desidia y desgano que ha expresado el ministerio de justicia en este caso.

Para los ciudadanos es una afrenta que el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Moisés Tambini del Valle, haya impuesto en la Procuraduría Anticorrupción la designación de su ahijado, Juan Carlos Portocarrero Zamora, como el procurador encargado de los juicios contra Alberto Fujimori.

Portocarrero no conoce los expedientes de este caso. No participó en su elaboración y no siguió el caso mientras éste estuvo en Chile. No domina el caso como lo conocen los procuradores Carlos Briceño y Omar Chehade.

De hecho, Portocarrero se tendría que ir informando de sus extensos contenidos mientras los procesos avanzan. Sin embargo, Tambini ha ordenado que sea él quien se encargue de representar al Estado en los juicios más importantes de la historia de la República.

Lo más grave es que el procurador Portocarrero tiene serios problemas personales, que lo descalifican como representante del Estado y lo vuelven vulnerable frente a la corrupción.

El 18 de abril de este año, en el Quinto Juzgado de Paz Letrado de Surco, su ex esposa, Gianina Ramírez Oropeza, le interpuso una demanda por alimentos. No sabemos si ya accedió a pasar la pensión de alimentos que corresponde a su familia, pero lo que nos importa es que el procurador que represente al Estado Peruano en el caso Fujimori no cuente con este tipo de antecedentes.

El procurador Portocarrero, además, también tiene serios conflictos de intereses para representarnos a los peruanos en estos procesos. Su hermana, María Elena Portocarrero Zamora, es la abogada defensora de uno de los implicados en la red de corrupción de Vladimiro Montesinos, Manuel Tafur Ruiz.

Tafur Ruiz fue uno de los cómplices de Montesinos en el soborno que se le pagó al ex congresista, ya sentenciado, Ernesto Gamarra Olivares.

Además, el esposo de María Elena Portocarrero, Rafael Castillo Ísmodes, socio en el mismo estudio que la hermana del procurador, defiende a Víctor Joy Way en varios casos que afronta contra el Estado Peruano.

Son los procesos de las medicinas chinas adulteradas, el golpe del 5 de abril, y por haber llevado a Ernesto Schütz Landázuri al SIN para que Montesinos le pagara por la línea editorial de Panamericana Televisión.

Si el presidente García se quiere comprometer en serio contra la corrupción, debe investigar por qué el Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Moisés Tambini del Valle, ha impuesto a una persona con los problemas del procurador Portocarrero para encargarse precisamente de estos casos.

Si el Ejecutivo quiere que creamos realmente en su compromiso contra la corrupción, debe elegir al procurador más enterado de los expedientes.

Carlos Briceño debería ser quien designe al procurador para el caso Fujimori, y no Tambini, que es íntimo amigo del padre de los Portocarrero, el dueño del estudio que defiende a Joy Way y a Tafur, cómplices de Montesinos y Fujimori en los delitos de corrupción por los que ahora se juzgará al ex dictador.

Si la parte civil, que es la procuraduría, no defiende y cuida con exceso de celo los intereses del Estado, Fujimori podría utilizar los recursos y los vídeos que tiene guardados para lograr la impunidad que tanto anhela.

Es urgente que la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados, los organismos de defensa de los Derechos Humanos, protesten por la designación de Portocarrero. La historia no nos va a perdonar si nos quedamos dormidos.