a agresiva oposición de los funcionarios del gobierno y diversos medios de comunicación hacia la consulta vecinal en Ayabaca y Huancabamba muestra la debilidad con que han sido asumidos valores como la democracia y la igualdad por las mismas élites peruanas que presumen de su modernidad.
De hecho, resulta sorprendente que un régimen que se proclama democrático descalifique a tres alcaldes simplemente por convocar a los ciudadanos a expresar su punto de vista. Ensayemos una explicación: los campesinos y las autoridades de Ayabaca y Huancabamba consideran que democracia implica gobernar respetando los intereses del pueblo y escuchando lo que piensa. Se trata de una concepción de democracia participativa, muy arraigada en el Perú, como se advierte en las comunidades campesinas y nativas.
En cambio, el gobierno de García, como antes Toledo, Fujimori o Belaúnde, tiene una concepción de democracia delegativa en la que un mandatario tiene cinco años de libertad para actuar según les parezca y a la población le corresponde simplemente obedecer. Desde esta percepción, una consulta vecinal resulta un “acto subversivo”, porque sólo el gobierno está facultado para decidir lo que afecta a los ciudadanos.
A esto se añade que uno de los principios fundamentales de la democracia, la igualdad entre los ciudadanos, en realidad tiene muy poca aceptación entre los peruanos con mayor poder. Recordemos que ante el proyecto de ley que buscaba incorporar el uso de idiomas indígenas en la administración pública, Martha Hildebrandt declaró que no discutiría con quienes “no eran iguales a ella”. En otro país, su actitud prepotente y altanera habría generado que fuera sancionada u obligada a renunciar.
En esa misma línea, hace poco un empresario piurano sostuvo que los campesinos no tenían criterio para decidir, porque eran como “niños de cinco años”. Expresiones similares han proferido el ex congresista y actual embajador ante la OEA Antero Flores Araoz (“llamas y vicuñas”) y el ex Primer Ministro y actual integrante de FORSUR Pedro Pablo Kuczinsky (“la falta de oxígeno les afecta el cerebro”), cuando los campesinos podían tener un punto de vista diferente al de ellos en un proceso electoral.
Desde esta percepción, se podía insistir en que “detrás de la consulta” está todo tipo de azuzadores, sean curas, senderistas, ONGs, Hugo Chávez o Al Qaeda. Aún la hipótesis más delirante era preferible a aceptar que un campesino podía pensar por sí mismo.
Además, principios que un régimen democrático debería defender como la libertad de expresión, la participación política o la seguridad jurídica pasan totalmente a segundo plano, cuando amenazan a un régimen que gobierna para satisfacer los intereses de una minoría afortunada, sin molestarse siquiera en pretender ocultarlo como intentaban sus predecesores.
Los campesinos de Ayabaca y Huancabamba consideran que antes que el gobierno pretenda otorgar una concesión minera o petrolera, debe haberse escuchado a los habitantes de la zona afectada. Su consulta se basó en el precedente de Tambogrande, cuyos habitantes en junio del 2002 rechazaron abrumadoramente las pretensiones de la empresa Manhattan y en estos cinco años han logrado que sus cultivos de limón y mango les generen cada vez mayores ingresos (RP 159).
Sin embargo, la semana pasada, los empresarios mineros reunidos en Arequipa rechazaron que pudiera darse un ordenamiento territorial planificado para disponer en cuáles lugares puede realizarse actividad minera y en cuáles no. Bajo esa mentalidad, la consulta vecinal era aberrante y debía ser desacreditada a toda costa.
Con esa intención, se difundió que tras la consulta de Tambogrande, los cultivos habían quedado arrasados por la minería artesanal. El propio gobierno usó esos argumentos, así como ocultó que Majaz ocupa ilegalmente los terrenos de dos comunidades.
En ese mismo afán, se llegó a decir que una empresa china con dos meses operando en el Perú representa nada menos que “el interés nacional” y que los campesinos a punto de ser despojados son individuos egoístas. Resulta ingenuo pensar que la empresa tenga otro interés, además de maximizar sus ganancias.
Podría señalarse que efectivamente habrá más ingresos fiscales, pero los campesinos no tienen mayores ilusiones de lo que pueda hacer el régimen con ello: después de todo, en una democracia delegativa, puede destinar todo el dinero que desee a bombas lacrimógenas y al pago de la deuda externa, a costa de mantener reducida la inversión social. En el probable caso que Ayabaca, Huancabamba o las provincias vecinas sufran daños ambientales, les quedaría sólo la resignación, porque las multas que impone OSINERGMIN se destinan a esta institución.
Desafiando a un régimen autoritario y a una empresa sin escrúpulos, los habitantes de Ayabaca y Huancabamba han dado este 16 de setiembre un ejemplo de compromiso por el medio ambiente, la construcción de la democracia y la dignidad de los peruanos. A todos ellos, a quienes caminaron varias horas, a quienes pernoctaron en plazas y a los que desafiaron la lluvia y las amenazas les hacemos llegar nuestro agradecimiento.
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