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PATRIMONIO INDUSTRIAL EN CUBA, CONTEXTO LEGISLATIVO PARA SU PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN


Cuando se menciona el termino “Patrimonio Cultural”, inmediatamente el pensamiento de las personas se remite a los grandes monumentos artísticos e históricos del pasado, en muy pocas ocasiones se nos ocurre pensar, que todo lo que nos rodea en la cotidianidad puede formar parte de ese Patrimonio.

El concepto de Patrimonio es muy amplio, como su nombre lo indica, patrimonio es la herencia de nuestros padres, es decir, toda la huella material o espiritual creada por los hombres a su paso por la historia y que distingue e identifica a un pueblo. Desde este prisma el Patrimonio está integrado por elementos tangibles e intangibles, que abarcan objetos decorativos y utilitarios, construcciones, tradiciones y costumbres.

El desarrollo del pensamiento humano facilitó la ampliación del concepto de patrimonio hasta llegar al universo actual, en que se consideran bienes culturales, con valor patrimonial todos aquellos objetos y edificaciones que reflejen rasgos específicos de una época o período histórico y que son útiles para el estudio y la comprensión del desarrollo social.

A finales del siglo XIX, fundamentalmente en Europa, los países abanderados de la Revolución Industrial: Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania, comienzan a reconocer el valor de las industrias, como portadoras de valores culturales, huellas imborrables de una etapa histórica, cuyos bienes muebles e inmuebles trascienden en el tiempo y resultan imprescindibles para la comprensión de procesos económicos sociales de regiones y países. Este reconocimiento da paso a una etapa definitoria en la evolución del concepto de patrimonio cultural.

En la segunda mitad del siglo XX esta tendencia se hace fuerte en Europa, surgen museos y se legisla a favor de la conservación de los bienes del patrimonio industrial en diferentes países. Por otra parte organismos internacionales promotores de los valores de la cultura universal como la UNESCO, incorporan a su trabajo la protección del patrimonio industrial y surge en la década del 70’ el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), organización que ha devenido en significativo órgano internacional, regional y nacional, aglutinador de profesionales de diferentes especialidades y áreas geográficas con un interés común: la salvaguarda del patrimonio industrial.

El TICCIH ha promovido y apoyado la creación de comités nacionales y sus congresos han devenido en forum internacional para el intercambio de experiencias, debates teóricos, análisis de documentación, estrategias de conservación y aspectos sociales referidos al patrimonio industrial.

En este contexto internacional la sociedad cubana permanecía carente de la conciencia necesaria para apreciar y valorar la riqueza creada, en el devenir histórico, lo que condujo a pérdidas irreparables de la memoria verdadera. Las acciones a favor de la conservación de bienes de valor patrimonial se limitaban a iniciativas individuales encaminadas a la creación de colecciones de objetos de los más variados temas.

Algunas de estas colecciones dieron origen a los primeros museos del país, los cuales en la actualidad llevan el nombre de sus benefactores, como son los casos del Oscar María de Rojas en Cárdenas, Matanzas y el Emilio Bacardí en Santiago de Cuba. Otras pasaron a ser exhibidas en importantes museos, la colección del primer historiador de la ciudad, Emilio Roig de Leuschering, dio origen al Museo de la Ciudad de La Habana, la colección de arte antiguo del Conde de Lagunillas se exhibe en la sala de Arte Universal del Museo de Bellas Artes de la Habana y la colección más valiosa fuera de Europa sobre la figura de Napoleón, atesorada por el magnate azucarero Julio Lobo, dio origen al Museo Napoleónico de la Ciudad de la Habana.

No será hasta la segunda mitad del siglo XX, con la llegada del gobierno revolucionario, que se produzca un cambio radical a favor de la conservación del patrimonio cultural de la nación, entendiéndose el patrimonio cultural en toda la amplitud de su concepto, y como una responsabilidad social con el presente y el futuro.

Un paso relevante en la organización de la sociedad civil cubana, fue la aprobación de la Constitución de la República en el año 1977, cuyas dos primeras leyes muestran la madurez social alcanzada en el reconocimiento del valor del patrimonio cultural de una nación, al estar referidas la Ley No. 1 y la Ley N. 2 a su salvaguarda.
La Ley No. 1, Ley de Protección al Patrimonio Cultural establece:

“Artículo 1: … tiene por objeto la determinación de los bienes que, por su especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general integran el Patrimonio Cultural de la Nación y establecer medios idóneos de protección a los mismos.”

Artículo 2: El Ministerio de Cultura es el organismo encargado de precisar y declarar los bienes que deben formar parte del patrimonio Cultural de la Nación”

Está ley permitió la creación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, institución responsabilizada con llevar a la práctica lo legislado en cuanto a la protección y conservación del patrimonio cultural. Como complemento a la Ley No. 1, se dicta la Ley No. 2, Ley de los Monumentos Nacionales y Locales que en el capitulo I hace referencia a las diferentes clasificaciones para la declaratoria de un bien como monumento nacional o local y define los grados de protección que se otorgaran de acuerdo al carácter excepcional de estos bienes. Entre las clasificaciones que se definen están la de centro histórico; objetos; sitios, que pueden ser científicos, históricos, arqueológicos y naturales y las construcciones las cuales pueden ser civiles, conmemorativas, domésticas, militares, religiosas e industriales.

En su artículo 3 la mencionada ley “ … crea la Comisión Nacional de Monumentos…” entre cuyas funciones se encuentran:

1) preparar estudios y planes para la localización, conservación y restauración de construcciones, sitios y objetos declarados o que se declaren Monumentos Nacionales o Locales.

2) Autorizar, inspeccionar y supervisar toda obra que deba realizarse en una construcción, sitio u objeto declarado Monumento Nacional o Local ...

3) Declarar cuales construcciones, sitios u objetos son Monumentos Nacionales, Locales …

La implementación de estás leyes constituyó un paso adelante para la protección del patrimonio cultural de la nación, incluyendo desde un inicio las construcciones industriales.

En Cuba el desarrollo de diversas producciones industriales, fundamentalmente durante el siglo XIX y primera mitad del XX generó la creación de un sinnúmero de bienes muebles e inmuebles que por su trascendencia en el tiempo merecen ser conservados como parte activa de la memoria histórica del país; técnica y arquitectura se mezclan para identificar y caracterizar regiones, constituyendo un elemento didáctico de estudio que permite conocer mejor la vida cotidiana pasada.

Los bienes del patrimonio industrial cubano de mayor relevancia se concentran en dos grandes grupos, primero los relacionados con las industrias tradicionales: azúcar café y tabaco y segundo: las industrias contemporáneas, fundamentalmente vinculadas a los servicios como son fábricas de productos alimenticios, generación de energía eléctrica, transportación entre otras. De manera relevante e independiente debemos citar el valioso parque de locomotoras a vapor que se conserva funcionando en el país vinculado fundamentalmente a las labores de zafra azucarera.

Desde su creación la Comisión Nacional de Monumentos evaluó y declaro como Monumentos Nacionales varios bienes del patrimonio industrial, distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. (Anexo I) y dos de ellos, a propuesta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural han sido incluidos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: El Valle de los Ingenios en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus y el conjunto de los Cafetales Franceses distribuidos en la zona montañosa de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo en la zona oriental del país.

Otra de las acciones encaminadas a revalorizar el patrimonio industrial, estuvo concentrada en la realización a partir del año 1996 del Inventario Nacional, esta labor facilitó la identificación y valorización de nuevos sitios y contribuyo a la sensibilización de administraciones y profesionales directamente vinculados a las producciones, algunos de los cuales han tomado medidas para conservar lo que hasta sus manos ha llegado.

Independientemente de poseer un contexto legislativo favorable a la protección y conservación del Patrimonio Industrial, no nos podemos abstraer a la realidad de un país subdesarrollado en la búsqueda de alternativas económicas que faciliten su desarrollo. Las soluciones planteadas en algunos casos afectan bienes de las producciones que durante siglos nos identificaron, como es el caso del actual proceso de reorganización de la industria azucarera, en el que el Ministerio del Azúcar plantea la necesidad de desactivar el 50 % de los centrales azucareros del país.

Como es de suponer está decisión significa una pérdida para el patrimonio de la que fuere, durante siglos, la principal industria del país, sin embargo se ha tratado de salvaguardar los valores del patrimonio industrial, de conjunto con los intereses económicos.

El Ministerio del Azúcar creo la Comisión de Patrimonio Histórico Azucarero la cual ha trabajado con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Monumentos en la definición de los destinos de los bienes de la industria azucarera. Entre los resultados de esta labor se encuentra la creación del Museo Nacional del Azúcar en el antiguo central Martínez Prieto, esta instalación conserva íntegramente el proceso industrial para la obtención de azúcar de caña así como algunos de sus derivados y en la actualidad se encuentra prestando servicio al público. Otros 7 centrales azucareros de los que se desactivaban también han sido convertidos en museos constituyendo un gran atractivo para turistas nacionales e internacionales que hasta entonces nunca habían podido observar una fábrica por dentro.

Asociado a este proceso, un componente singular del patrimonio industrial cubano quedaba excedente, nos referimos al parque de locomotoras a vapor vinculado directamente a la actividad de la industria azucarera. El Consejo Nacional de Patrimonio se dio a la tarea de conciliar el inventario que poseía con el Ministerio del Azúcar resaltando el valor patrimonial de estos equipos y la importancia de garantizar su conservación e inmediatamente emitió una resolución, Resolución 02/04, declarando el conjunto de las locomotoras a vapor como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que obliga a los poseedores de estos equipos a realizar las consultas pertinentes con el Consejo Nacional de Patrimonio en el momento de definir su futuro destino. De esta forma se ha garantizado la reubicación de las máquinas de mayor valor patrimonial en los museos del azúcar y los museos municipales de los territorios azucareros así como otras se han asociado a actividades turísticas.

En este contexto el Ministerio del Transporte, sensibilizado con el valor patrimonial del parque de locomotoras a vapor se dio a la tarea de crear el Museo Nacional del Ferrocarril (2002), institución que ha acogido un número considerable de estos equipos y desarrolla una importante labor de investigación, estudio y conservación de disímiles piezas vinculadas a la historia del transporte ferroviario en Cuba.

Otras iniciativas que demuestran la sensibilización administrativa y de la población sobre el valor patrimonial de nuestras industrias lo constituye la implementación, por parte de los ministerios del Azúcar y el Transporte, de los premios anuales por el rescate y preservación del patrimonio histórico azucarero y ferroviario respectivamente, así como la realización del Festival Anual del Vapor, donde se premia las mejores locomotoras por su grado de conservación técnico. Estas iniciativas revalorizan y estimulan ante el trabajador común lo que hasta entonces quizás solo fue considerado un equipo de trabajo usual y corriente.

Por otra parte algunas de las industrias consideradas contemporáneas, destinadas fundamentalmente a servicios y que se encuentran ubicadas en entornos urbanos están siendo sometidas a procesos de remodelación de su tecnología lo que conlleva en muchos casos a realizar transformaciones espaciales en los inmuebles. De acuerdo a la ley de protección al patrimonio inmueble y las regulaciones urbanas establecidas, estás intervenciones son debidamente consultadas por sus administraciones y los proyectos arquitectónicos son respetuosos, el resultado final es el rescate de valiosos inmuebles en el entorno urbano. Sin embargo, de la misma manera no hemos podido incidir en los bienes muebles, la tecnología que se desactiva es desechada y en la mayoría de los casos se pierde.

Las experiencias vividas en el complejo proceso de desactivación de la industria azucarera y en la remodelación de otras industrias demuestran la utilidad del sistema legislativo e institucional vigente para la protección del patrimonio, incluidos los bienes industriales, sin embargo evidenció la deficiencia que existe para la protección de la tecnología, reto que nos obliga a continuar trabajando en su perfeccionamiento o en la promulgación de una Ley específica para el patrimonio industrial.

 
 
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