Por corrupción Caja Militar Policial perdió más de US$ 500 millones

Entre 1991 y el 2000, la Caja de Pensiones Militar Policial fue virtualmente tomada por asalto por la mafia de Montesinos. En ese período, para favorecer el manejo corrupto de sus "administradores" la Caja desvió sus inversiones de activos financieros a riesgosas compra de bienes inmuebles. Un análisis contable revela que las pérdidas ascenderían a por lo menos US$ 500 millones. Este desequilibrio pone en riesgo el pago de pensiones a miles de militares y policías que deben ser atendidos por la Caja a partir del 2004.

Escribe Gerardo Barraza / agenciaperu.com

La Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) fue creada mediante Decreto Ley 21021, el 17 de diciembre de 1974, para administrar el régimen de pensiones y compensaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Sus fondos se han ido sumando progresivamente con los descuentos a millares de militares y policías. Estaba implícito que los administradores de la Caja no sólo debían velar por el mantenimiento de estos recursos sino también por incrementarlos con inversiones adecuadas.

En esa orientación básica operó en sus primeros 16 años. Entonces Fujimori llegó al poder.

LA REORGANIZACIÓN INNECESARIA

El 19 de diciembre de 1991 la sesión No. 022-91 del Consejo Directivo de la CPMP decidió suspender por 60 días las operaciones de la entidad.

De las investigaciones preliminares que viene efectuando el Ministerio Público respecto al manejo de los fondos de la CPMP, se ha llegado establecer que Vladimiro Montesinos en esa fecha inició formalmente su intromisión en el manejo de los fondos de la Caja con la anuencia y participación directa de altos mandos militares y policiales encargados de su supervisión y administración toda inversión o colocación de dinero.

Según fuentes de la fiscalía, para ese objetivo Montesinos delegó ilícitamente el manejo de estos fondos a Víctor Alberto Venero Garrido, secundado por sus socios Luis Duthurburu Cubas y Juan Silvio Valencia Rosas, quienes decidieron asegurar el éxito de sus negocios ilícitos poniendo en dicha entidad pública a directivos y funcionarios allegados.

El entonces gerente general Hugo Ledesma Jaramillo había recibido "instrucciones verbales en el sentido de no efectuar ninguna colocación de los recursos de la Caja en un plazo aproximado de 60 días, plazo en el cual se llevará a cabo una probable reorganización o reestructuración de la institución", según declaró.

Por esa fecha se desempeñaba como ministro de Defensa el ahora prófugo general EP Oscar Malca Villanueva y como ministro del Interior el general EP, Juan Briones Dávila. Al frente de la CPMP se encontraba el general EP Manuel Alvarez Peralta.

Cumplidos los 60 días, el 19 de febrero de 1992, se reabrieron las operaciones de la Caja. Esta vez el consejo directivo había sido completamente renovado. Ahora lo presidía el Contralmirante AP José Duffo Boza. Lo acompañaban en el directorio el mayor general FAP, Luis Arroyo Jaime, el contralmirante AP Luis Bianchi Muñoz (vinculado al general Malca), el mayor general FAP Danfer Suarez Carranza (estrechamente relacionado a Venero).

También integraban este directorio dos personajes cercanos al SIN, el general EP, Luis Pérez Documet y el general EP, Juan Rivero Lazo. Completaban el directorio los generales PNP Hugo Gallegos Barriga y Rodolfo Calderón Cornejo.

SAQUEO Y SEQUÍA

Tomado el control de la Caja por personas vinculadas a Montesinos, empezó el desmadre en la entidad financiera. Así lo revela el informe presentado por una comisión investigadora nombrada durante el gobierno de Valentín Paniagua. Esta presentó su informe el 11 de noviembre del 2000, con los balances a diciembre de 1999.

Uno tras otro se fueron sucediendo las operaciones cuestionables en esta entidad: caso Cimex, caso Rotex, la compra de acciones del Banco de Comercio y de Finsur, la compra del hotel Las Américas y de otras instalaciones hoteleras.

Considerando los objetivos de la CPMP estaba claro que su viabilidad económica y financiera no sólo dependía de la solvencia económica de sus inversiones, sino también de la capacidad de hacer líquidas estas inversiones.

Bajo ese criterio la comisión evaluó cuatro parámetros (liquidez, solvencia económica, rentabilidad y riesgo) tomando como base un análisis en detalle de los Estados Financieros auditados presentados por la CPMP desde 1991 hasta 1999 (Balance General y Estado de Ingresos y Egresos).

La evaluación determinó que la Caja enfrenta un gravísimo problema de iliquidez. Entre fines de 1991 y 1999 este parámetro descendió de US$ 124 millones a sólo US$ 5 millones en las cuentas Caja y Bancos y Certificados Bancarios en Moneda Extranjera.

Con relación a la cartera de activos, en el mismo período, también reveló que se había producido un significativo desplazamiento de la disponibilidad de efectivo, en las cuentas Caja y Bancos y Certificados Bancarios en 1991, a una situación en la que los principales activos en 1999 eran las cuentas por cobrar y los bienes inmobiliarios.

Así, entre 1991 y 1999 la cuenta Caja Bancos se redujo de 18.92% a 0.8% de todos los activos.

En el mismo período la cuenta Certificados Bancarios en Moneda Extranjera se extinguió de 36.41% a 0.0% de los activos totales.

En contraste las Cuentas por Cobrar crecieron de 30.10% en 1991 a 65.3% en 1999. En la misma tendencia la cuenta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto creció de 14.55% en 1991 a 29.7% en 1999.

Con relación a las inversiones inmobiliarias estas se multiplicaron de US$ 32 millones en 1991 a US$ 217 millones en 1999.

Como ya se anotó, las Cuentas por Cobrar también crecieron de US$ 67 millones en 1991 a aproximadamente US$ 479 millones en 1999. De este último monto la mayor parte (el 85%) corresponde a las cuentas por cobrar al Estado (US$ 409 millones)

El desmanejo también condujo a un sustancial incremento de los pasivos (conjunto de deudas y obligaciones de la CPMP) totales de la Caja que crecieron de US$ 282 millones en 1991 a US$ 670 millones en 1999, incluyendo la denominada Reserva Técnica (obligaciones futuras de la Caja para pagar pensiones y compensaciones).

DESCAPITALIZACIÓN ACELERADA

Con estos resultados contables las conclusiones del informe son preocupantes ya que detecta un serio problema de pérdida de liquidez que pone en riesgo la posibilidad que la CPMP pueda cumplir con sus obligaciones a partir del 2004.

La comisión investigadora también concluye que si el objetivo central de la CPMP es "poder contar con los fondos a futuro necesarios para cumplir con el régimen de pensiones y compensaciones de los pensionistas", hay un fuerte desequilibrio entre los fines de la entidad y su realidad.

Como en los últimos años se dedico básicamente a adquisiciones inmobiliarias (edificios de departamentos y hoteles), la comisión llega a la conclusión que los "activos que tiene la Caja a diciembre de 1999 son de difícil realización y de una baja calidad para los objetivos trazados".

Como se sabe la inversión inmobiliaria es de naturaleza riesgosa ya que su éxito esta condicionado a futuras ventas. Por eso para la comisión investigadora resultó sorprendente que los "administradores" de la Caja consideraran que los proyectos inmobiliarios pudieran servir como fuente permanente de ingresos para el pago de pensiones y compensaciones.

La situación se agrava al constatarse que los valores en el mercado de inmuebles han bajado considerablemente. Por lo demás, concentrar cerca de US$ 217 millones en inmuebles equivale a tener "capital inmovilizado" que está perdiendo dinero en términos de costo de oportunidad ya que además de descapitalizarse no esta percibiendo intereses. Lo contrario hubiera ocurrido si se tomaba la decisión de invertir en activos de carácter financiero.

Por eso la comisión investigadora concluye que cuanto más se demore la Caja en vender los proyectos inmobiliarios mayor será el costo financiero en términos de intereses no recibidos. En ese sentido recomienda, dada la escasez de liquidez, proceder a la venta de inmuebles a la brevedad.

LO QUE SE PERDIÓ

Para demostrar que los fondos de la Caja fueron invertidos ineficiente y delictuosamente, la comisión investigadora hizo un ejercicio. Calculó qué habría ocurrido con los fondos de la Caja si en lugar de "invertirse" en la compra de inmuebles y otras transacciones, un empleado de la entidad, sin mayores conocimientos financieros los hubiera colocado como depósitos de ahorro en el sistema bancario a una tasa de interés pasiva promedio. Si éste hubiera sido el caso entre 1991 y 1999, el valor de los activos de la Caja se habría multiplicado de US$ 224 millones a US$ 1,028 millones.

Al 31 de diciembre de 1999, el valor en libros de los activos de la Caja sólo sumó US$ 732 millones. Por ello, la comisión concluye que entre 1991 y 1999 se produjo una descapitalización o pérdida cercana a los US$ 300 millones.

Sin embargo, este último monto no sería todo lo perdido por la Caja en el pasado decenio.

Si los mismos recursos se hubieran colocado con mayor destreza financiera, con tasas preferenciales en el sistema bancario, los activos de la CPMP se habrían multiplicado de US$ 224 millones a aproximadamente US$ 1, 178 millones, por lo que la pérdida habría aumentado a US$ 450 millones.

Además, si se toma en cuenta que en la compra de inmuebles (US$ 217 millones registrados en libros) hay una sobrevaluación de aproximadamente el 25% (US$ 54 millones), las pérdidas totales de la Caja sumarían US$ 504 millones.

Con estos elementos la comisión concluye que la viabilidad en el corto plazo de la Caja depende básicamente del reconocimiento de la deuda estatal por parte del Gobierno. Esto le permitiría contar con la liquidez suficiente para hacer frente a sus primeros desembolsos en el 2004, otorgando el tiempo suficiente para que la Caja recomponga su cartera de activos.

REPARANDO DAÑOS

El informe sirvió de base para que el ministerio de Defensa efectúe la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial. Actualmente el proceso está en manos de la fiscal Ana Cecilia Magallanes.

Actualmente la CPMP esta presidida por el general FAP, Augusto Mengoni. La gerencia general esta a cargo del ingeniero Jorge Guzmán. Su objetivo, afirman, es recuperar la situación de la entidad financiera.

Entre las acciones previstas está la venta de la cadena de hoteles por un valor proyectado de US$ 100 millones. También la búsqueda de un socio estratégico para repotenciar el Banco de Comercio y su posterior venta. No hay una valorización definida de la entidad bancaria pero se proyecta que esta podría representar un ingreso de US$ 30 millones a las arcas de la Caja.

Otra de las acciones a realizarse es la venta de los inmuebles con un valor en libros de US$ 217 millones. Se sabe que la Caja actualmente es propietaria de más de 7,500 departamentos ubicados en los distritos de Miraflores (Malecón de la Marina) y San Isidro (avenida Javier Prado). Hoy los precios de estos inmuebles estarían sobrevaluados en aproximadamente 30%. Un sinceramiento de estos precios facilitará su venta.

El directorio también tiene proyectado gestionar el reconocimiento por parte del Estado de la deuda que este mantiene con la CPMP por aproximadamente US$ 409 millones. Esta sería abonada por partes y de acuerdo a las posibilidades del fisco.

La CPMP empezará a tener obligaciones para el pago de pensiones a partir del 2004. En el primer año no serán muy significativas. Según el cronograma de pensiones las mayores presiones para el pago de esta deuda se producirán dentro de 10 años.

Otra de las acciones medulares del actual directorio es la recuperación de los aproximadamente US$ 500 millones extraídos a la Caja durante el decenio fujimontesinista.