Congresista Ernesto Herrera, presentando su informe a la prensa (Foto cortesía Congreso de la República).

Aseguran que privatización de hoteles fue un mal negocio para el Estado

agenciaperu.com

El congresista Ernesto Herrera Becerra, presidente de la Comisión Investigadora de los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori, aseguró que pese a los beneficios tributarios de que gozaron las empresas de servicios de hospedaje, las cuales se constituyeron hasta diciembre de 1995, los compromisos de inversión que asumieron sus representantes han sido incumplidos en un 81%, y de los tres operadores privados que cumplieron con sus compromisos, no han cancelado, hasta el momento, las cuotas por la compra a plazos de los hoteles.

El congresista indicó que el campo de trabajo de la Comisión fue el sector hotelero del Estado, compuesto por cuarenta y siete hoteles o "unidades de negocio", que corresponden a las cadenas Enturperú (hoteles de Turistas, Hostales y Albergues), Emturim (Cusco, Urubamba) y Ertur-Kuelap (Trujillo, Chiclayo) y la Región nororiental.

Herrera señaló que para vender los hoteles, el Estado realizó importantes inversiones previas como el saneamiento económico financiero que incluyó las deudas, reparaciones, mantenimiento, y otros, por un monto de nueve millones veinticuatro mil dólares.

La transferencia de los hoteles al sector privado fue bajo las modalidades de venta o concesión. Se vendieron en cinco subastas en el año 1995, siendo una de las adjudicadas el Hotel de Chiclayo a la empresa Consorcio Hotelero, representado por el ministro de Economía de ese entonces, Jorge Baca Campodónico.

Este hecho está siendo investigado porque en ese entonces habría habido incompatibilidades entre su cargo de ministro con el de representante de una empresa privada para adquirir bienes del Estado.

Herrera Becerra explicó también que se cancelaron veinte unidades u hoteles al contado y veinticinco a plazos, a través del Programa de Promoción Empresarial (PPE) cuyo seguimiento es realizado por Cofide.

Los veinticinco hoteles vendidos a plazos sumaron treinta y siete millones de dólares, de estos, trece millones representaron las cuotas iniciales y veinticuatro fueron financiados a través del PPE.

Los beneficios incluyeron un plazo de crédito de cinco años y un año de gracia; el pago del 70% del monto de financiamiento, el 30% como cuota inicial y el saldo en cuotas semestrales con una tasa libor a 180 días más un 2%.

Bajo estas condiciones, los propietarios se comprometieron a que los hoteles funcionen, como tales, por un período de cinco años, salvo que cancelaran la totalidad del monto al tercer año de funcionar como centro de hospedaje, y cumplir con el compromiso de inversión en un tiempo no mayor de tres años.

Los compromisos de inversión de los hoteles ascendieron a cinco millones 300 mil dólares, y los pagos por amortizaciones fueron ocho millones 330 mil dólares, además de dos millones 280 mil de intereses.

Según el estudio de investigación, seis operadores no han pagado el saldo financiero ni cumplido con los compromisos de inversión (son las compañías Santa Patricia, Distribuidora S.A. - con cuatro hoteles- y Constructora Gonzales Marchant ). Los compromisos de inversión no se cumplieron en su totalidad, sólo se canceló el 11%, equivalente a 300 mil dólares. Del monto financiado, sólo se ha cancelado un millón de dólares (12%).

Por estas operaciones, informó el congresista Herrera Becerra, el Tesoro Público ha recibido sólo 21 millones de dólares. Ante estos hechos, la Comisión Investigadora recomienda que resuelvan los contratos y se ejecuten las garantías en aquellos que hayan incumplido con las cuotas acordadas con el Programa de Promoción Empresarial; a Cofide, que no proceda a reestructurar las deudas en plazos mayores a los estipulados en los contratos de compra venta; a Indecopi, que realice una evaluación integral en coordinación con Comide y ProInversión antes del acogimiento a insolvencia de las empresas hoteleras incluidas en el PPE.

También se recomienda que el Ministerio Público realice una inmediata investigación preliminar para delimitar las responsabilidades en que podrían haber incurrido los inversionistas en la privatización de los hoteles, al haber incumplido parcial o totalmente con las obligaciones estipuladas en sus contratos.