¿Retirar la licencia a los canales de televisión que se vendieron a Montesinos?

En los últimos días, diversos especialistas han estado analizando la posibilidad de retirar las licencias de funcionamiento de los canales de televisión de señal abierta, como una sanción del Estado y de la opinión pública, a los propietarios que vendieron su línea informativa a Vladimiro Montesinos.

El tema fue analizado en el programa Entre Líneas, que conduce Cecilia Valenzuela, por Belisario Bernales, abogado y alto ejecutivo de Red Global, actual presidente de la Asociación de Radio y Televisión; y por César Zamalloa, profesor de la facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Intervino también, telefónicamente, el abogado, especialista en Derecho de la Comunicación, José Perla Anaya.

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¿Se puede o no sancionar? ¿Pueden la opinión pública y el Estado aplicar una sanción?

Belisario Bernales: Lo primero es que el espectro electromagnético pertenece a la comunidad internacional y el Perú es firmante de un tratado, suscrito en Ginebra en la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), y que está plasmado, además, en una norma que dice que las comunicaciones a distancia se rigen por la ley de telecomunicaciones y por los tratados internacionales, suscritos por el Perú.
Ahora bien, la ley se da en 1991. El texto unificado promulga en 1993 y el reglamento un año más tarde. Entre 1998 y 1998 se modifican 73 artículos del reglamento. Algunos de los críticos actuales, han leído la ley y el reglamento, pero no las 73 modificaciones y en dos de ellas, los artículos 183 y 184, se especifica que el Estado se somete a las regulaciones de la UIT. Ese es el primer problema que hay que ver.

César Zamalloa: Yo no hablaría de sanción porque no se trata de un problema coyuntural. Creo que debe ser el Poder Judicial el que juzgue a los propietarios de canales de televisión que actuaron de la forma en que todos los vimos. Me parece que este es un problema estructural que habría que enfrentarlo de otra manera. No es nuevo lo ocurrido entre el Estado y algunos de estos empresarios. Es más, es un problema que tiene la antigüedad de la televisión en el Perú. Hay una larga lista de acontecimientos que muestran esta relación, casi perversa, entre el Estado y los empresarios, con quienes ha ido haciendo una serie de transacciones, en las cuales el poder del dinero ha buscado el poder político y viceversa.
Lo que ha pasado con el gobierno en los últimos diez años no me parece nada nuevo. Yo enseño Economía Política de la Comunicación en la universidad de Lima y este tema lo converso con mis alumnos desde hace 20 años. Lo que nosotros buscamos no es una sanción sino un nuevo orden en la relación de las tres instancias: Estado, propietarios de medios -es decir el capital privado- y la sociedad civil. No es un asunto de sancionar ni de quitar la licencia por que fueron donde Montesinos. Ese no es el problema. De eso se encargará el Poder Judicial.

¿La Constitución del Perú permite hacer cambios en la ley de comunicaciones o no?

José Perla Anaya: La norma constitucional tiene varios artículos relativos a comunicaciones. Está la proclamación del derecho de libertad de opinión, expresión, de función, información. En el artículo 2 se habla de la responsabilidad social de los medios de colaborar con la educación y en el 14 sobre la formación moral y cultural. Sobre la libre competencia y el no acaparamiento de señales se establece en el artículo 61. Por lo tanto, son hasta tres los puntos en la Constitución que pueden reglamentarse.

¿Esto quiere decir, entonces, que es una decisión política únicamente?

José Perla Anaya: Creo que hay cuatro niveles de orden legal que tendrán que tener la correspondencia política para resolverse. El primer punto es preservar ese derecho fundamental de la población y de los políticos para informarse, opinar y difundir información. El segundo es penal y se relaciona a los juicios a los representantes de las empresas que recibieron dinero y comprometieron la línea informativa de sus empresas. Un tercer nivel de comprensión legal es la norma de administración del Estado, que todavía no está en marcha, que señala principios para operar licencias. Un cuarto nivel es sobre la responsabilidad de los propios socios.

En una encuesta que realizó Calandria se preguntó si se deben establecer sanciones a los propietarios de los medios de comunicación comprometidos con la corrupción. La respuesta fue un 93.4% por sí y un 6.5% por no. Sólo un 1% dijo que no sabe / no opina. A la pregunta "qué tipo de sanción le parece la mas adecuada", un 43.4% de los encuestados respondió "juzgarlos y penalizarlos como a cualquier ciudadano"; un 43.2% planteó retirarle el uso de la frecuencia (el canal y no la Empresa); un 10.9% propuso quitarle toda financiación estatal. Otros castigos fue la respuesta de un 2.5%.

Belisario Bernales: Creo que están equivocados. Autorización o concesión no es lo mismo. La autorización es para establecer un servicio, el permiso es para instalar unos equipos y la licencia es para operarlo. Hay causales expresas en la ley y en el reglamento para retirar la licencia o para sancionar faltas graves, muy graves o leves a las empresas, no a las personas. El plazo que se da, de diez años renovables, es por el alto monto de las inversiones que se realizan para establecer un servicio de difusión. No es cierto eso que se dice que se pueden quitar las licencias, lo que esta ocurriendo con eso es que estamos creando un factor más de problema político para el gobierno. Se trata de sancionar a los empresarios cuando ellos pueden haber cometido delitos a titulo personal, no las empresas.

César Zamalloa: Pienso que si les hubieran preguntado si creen que la televisión en el Perú ha sido democrática en estos últimos 30 años, creo que el 90% hubiera dicho que no. No es solamente el periodo Fujimori-Montesinos, esto viene desde atrás. La ley que ahora está en discusión para la renovación automática de licencia, que es una aberración, la dio Belaúnde en el año 83. Ahí empezó el asunto y ahí también se puede ver una relación perversa entre el gobierno de Belaúnde y un canal de televisión, concretamente el canal 5, que suscribe un contrato extraño con el gobierno para explotar la red de microondas del Perú, casi un monopolio, pagando el 70% o el 80% del contrato, con publicidad para el Estado.
Si se empieza a revisar todas estas cosas para atrás uno se da cuenta que no hay novedad. El problema no es sancionar a los dueños por lo que hicieron esta vez, el problema es buscar un nuevo orden, una nueva relación. Por ejemplo, cuando se empieza la televisión abierta, el Estado separa dos canales de los siete autorizados, para servicio público cultural. En estos momentos sólo trabaja como tal, el canal 7. Por una extraña razón, que también se produce en el gobierno de Belaúnde, el canal 13, que debía ser un canal cultural y que en un momento lo administró la Universidad de Lima, ahora es un canal comercial.
Me pregunto por qué no tener cuatro canales comerciales y de los otros tres, uno que sea público, otro cultural y el último cooperativo. En Europa, la televisión no sólo la pública, sino también la privada, están reglamentadas y controladas por la ley, no por el Estado. Así es en el resto del mundo, uno que no es comunista, ni totalitario ni velasquista, sino uno mucho más democrático. Yo creo que esos son los problemas que podemos discutir. Pero creo que hay un poder Judicial que debería meter preso al dueño del canal 5 y eventualmente al señor Abad; y también debería decirle algo al señor Delgado Parker.

¿Qué pensarían los dos de cotizar en bolsa las acciones de los canales de televisión? ¿Eso los volvería mucho mas transparentes? ¿Se pedirían las cuentas?

Belisario Bernales: Periódicamente hay que revisar los aspectos legales de la actividad para actualizarlos al mundo actual que vivimos. Si se considera conveniente que haya inversión extranjera en un porcentaje, como en los Estados Unidos, que es un 25 %; si se permitiera la fusión de dos cadenas para disminuir el numero de canales, como en México, donde la cadena Televisa tiene cuatro canales o la Azteca, que tiene dos. En Europa la televisión comenzó como entidad publica y ahora es privada.

¿Por qué no modificar las leyes si estamos frente a situaciones que, evidentemente, arremete a la sociedad por la forma cómo los contenidos fueron tergiversados y cómo fueron manipuladas las empresas de televisión?

Belisario Bernales: Yo estoy de acuerdo con modificar la ley. Lo que no se puede pedir es, a priori, sanciones que no están previstas en la ley porque eso es desarticular el orden jurídico.

¿Por que separar la responsabilidad de las personas y de las empresas, sí al final ellos son los propietarios de los medios?

Belisario Bernales: La ley establece tres tipos de faltas para las empresas. Estas son las relacionadas a interferencias, apagar sus equipos a pesar de tener licencia para operarlos y/o a usarlos con otros fines.

César Zamalloa: Es falso que la televisión pública se está privatizando en Europa. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 15 años es que también ha ingresado a competir la televisión privada, porque antes en sólo funcionaba la televisión pública o estatal.
Yo sí creo que debe haber una nueva ley, que en principio debe disponer la suspensión de las licencias, pero no como castigo a lo que hicieron estos señores, sino porque tiene que haber un nuevo orden jurídico para democratizar el uso de la televisión y de la radio en el Perú. Creo que además se debe ir a una nueva licitación, con nuevas reglas, nuevas leyes y nuevas formas. Pero no porque los actuales propietarios pasaron bajo el aro de Montesinos, sino porque este orden jurídico, que permite estas aberraciones, viene de mucho tiempo atrás. Pero el problema no es solo el Estado corrupto, sino también el de algunos empresario corruptos.