Experto afirma que Consucode es principal responsable de cuestionada compra de patrulleros

agenciaperu.com

El especialista Mario Linares, ex asesor externo del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), consideró que dicho organismo es el principal responsable de la discutida compra de 698 vehículos para la Policía Nacional, efectuada por el Ministerio del Interior (Mininter).

“La Constitución indica que el Estado contrata realizando procedimientos de selección, es decir, con un sistema restrictivo de contratación, no existe la libre elección, la discrecionalidad, y en ese sistema hay dos opciones: se privilegia el precio, por lo que se va a una subasta, o la calidad, por la que se opta por una licitación en su acepción genérica”, indicó.

En diálogo con La Ventana Indiscreta, precisó que “para bienes simples, sencillos, con las condiciones homogéneas, se hacen unas precisiones muy pequeñas, para ese tipo de contrato es idóneo el sistema de subasta”, pero si se trata de bienes o servicios que no sólo deben atender el precio sino la calidad, se debe escoger otra forma.

“Porque se resguarda intereses públicos, se debe aplicar el procedimiento clásico de selección de contratistas, una licitación con concurso, no sólo con especificaciones técnicas sino también con factores de evaluación que van a tender a medir el grado de calidad de lo que se quiere contratar”, agregó.

Linares dijo que en la compra de los patrulleros “el principal responsable es el Consucode, porque aprueba la ficha técnica, que no debió aprobarse, está dentro de sus funciones, no en las del Mininter”, y comentó que su actual presidente, Luis Torricelli, ha impulsado este sistema, que debe definirse cuándo se aplica o no.

El letrado no atribuyó las falencias a la corrupción, sino a una palpable incapacidad, “originada desde el inicio de este régimen, con una persecución a los principales funcionarios, se destituyó y se hizo renunciar a muchos de ellos, y entonces hubo una carencia de cuadros técnicos, sustituidos con gente que no es idónea”.

“Tienen la experiencia de tratar en la bolsa de productos, creen que todo se puede solucionar mediante subasta inversa. Ha habido una minimización, se ha hecho escarnio, de la profesión del abogado, se ha destituido abogados con mucha experiencia y formación, en la que el Estado ha invertido”, aseveró.

Puntualizó que la antigua gerencia de Normas y Procesos, que hoy tiene otro nombre, siempre la ocuparon abogados, y ahora lo hace un administrador, aunque las funciones son legales. Señaló que “eso tiene mucho que ver, porque hablamos de derecho administrativo, de actos, hechos, informes, resoluciones”.

También reveló que hace unas dos semanas el Consucode descolgó fichas técnicas aprobadas sobre seguros, “porque no funcionaron, ninguna compañía participó activamente en la elaboración de las fichas y cuando se hicieron las convocatorias se declararon desiertas”.

“Ahora están evaluando si la subasta inversa es el medio idóneo para los patrulleros, eso es gravísimo, se está experimentando con los recursos públicos”, fustigó.

Asimismo, Linares comentó que si la compra de los patrulleros es nuevamente anulada, “el Estado podría tener un problema como el que ahora tiene el Mininter, un arbitraje en curso, con la empresa Gildemeister, en el que muy previsiblemente se pierda el proceso”.

Sobre las denuncias de corrupción alrededor de la operación, lo que daría la razón al Estado, dijo que “hablamos de legalidad, predictibilidad y seguridad jurídica, hubo normas y reglas, se otorgó la buena pro” y que “mucha gente puede estar procesada, pero habría que esperar el resultado final”.

“Hay un principio que se llama ‘confianza legítima’: cuando el Estado otorga determinadas reglas, y hay participantes de acuerdo a ellas, el Estado se va a perjudicar de sus propias reglas pero no tiene por qué perjudicar al particular que las siguió de buena fe”, concluyó.