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El disco duro del SIN y otras historias
3 de diciembre del 2001

Saúl Peña incautó una de las lujosas casas de Villanueva Ruesta. Actitudes como esa le han valido el odio de Montesinos.

¿Por qué Montesinos difama a Saúl Peña?

Montesinos se ha lanzado contra el juez Saúl Peña no sólo por haber ordenado la detención de su hija Silvana o por las varias incautaciones de inmuebles de la mafia, sino porque ahora Peña está analizando parte de su memoria, la que tenía en los discos duros de las computadoras del SIN.

agenciaperu.com

Anoche, el programa Entre Líneas de Canal N, difundió imágenes exclusivas del momento en que la Policía Contra la Corrupción incauta una de las lujosas casas de la mafia. El suntuoso inmueble -en el que se aprecia, entre otros lujos, bares, jacuzzis y una gran piscina- pertenece al ex comandante general del Ejército, José Vilanueva Ruesta.

Este es sólo uno de los 48 inmuebles que el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán, con la intervención de la fiscalía y la Policía Contra la corrupción, ha mandado incautar.

La ya clásica huachafería de la mafia montesinista se manifestó en esta casa de Villanueva Ruesta.

La semana pasada, Panamericana Televisión, el canal de Ernesto Schutz, propaló un vídeo en el que Montesinos, ante la comisión Mulder, acusó al juez y al procurador que lo procesan e investigan. Pero, ¿por qué Montesinos quiere enlodar a Saúl Peña?

LA MEMORIA DE MONTESINOS

El 25 de setiembre, el juez Peña, la fiscal Ada Gotuzzo y un grupo de oficiales de la Dirpocc, entre los que había dos especialistas en computación, ingresaron a la casa de Rafael Merino Bartet, el agente 002.

Este grupo especial había sido informado que en la unidad "D" de la computadora de Merino, existían archivos y carpetas con material clasificado perteneciente a Pedro Huertas Caballero, el asesor legal del SIN durante todo el fujimorismo. El copiado de estos archivos le ha puesto los nervios de punta a Montesinos. Esta sería una de las razones por las que el ex asesor acusa falsamente al juez que ahora tiene en su poder parte de su memoria. Pero hay más.

ANTECEDENTES DE UN ODIO

En 1996, el juez Peña ordenó la detención del comandante de la PNP Gerardo Ricci, hermano de una secretaria de Palacio de Gobierno, Carmen Ricci, quien tenía una relación sentimental con Alberto Fujimori. A mediados de 1999, el juez Peña abrió instrucción contra Fernando Dianderas, entonces Director de la Policía Nacional, por abuso de autoridad. Dianderas luego ayudaría a Montesinos a reprimir la Marcha de los Cuatro Suyos.

En el 2000, Saúl Peña fue el primer juez anticorrupción nombrado para investigar la mafia de Montesinos. En este tiempo, ha ordenado incautar las propiedades que Villanueva Ruesta había comprado a nombre de su esposa Pilar del Rocio Meza; las que el prófugo Víctor Malca, el ex ministro de Defensa, había adquirido en sociedad con su yerno, Oscar López Meneses; y los espectaculares edificios que los socios de Montesinos, Luis Duthurburu y Alberto Venero, habían construido con dinero negro.

Pero lo que desencadenó la ira de Montesinos fue la detención de su hija Silvana, después de probar que ella coordinaba con los demás miembros de la mafia, en el nombre del padre.

Los jacuzzis eran casi una obsesión para el ex Comandante General.

LAS INCAUTACIONES

Dinero, armas, joyas, equipos de interceptación, casas y hasta automóviles artillados que tenían lanza llamas y lanza granadas como parte de su blindaje, valorizados en más de 400 mil dólares -como el que usaba Alberto Venero- han sido incautados gracias al trabajo del juez Saúl Peña y de la Policía Contra la corrupción.

De hecho, los primeros 50 millones de dólares repatriados por el Estado peruano, y que la mafia tenía depositados en el Pacific Industrial Bank de Miami, fueron detectados a partir de una investigación realizada por la Dirpocc con la diligente participación del juez Peña.

La parentela del prófugo ex presidente, Alberto Fujimori, también ha sido intervenida. Rumy y Jeni Kagami Fujimori, las hijas de Juana Fujimori, han tenido que entregar dos inmuebles comprados con el dinero de todos los peruanos.

No todo el trabajo de las autoridades contra la corrupción se hace público inmediatamente. Los jueces, los fiscales, los procuradores y los policías que tienen a su cargo la tarea de combatir la organización criminal del régimen anterior, no tienen el tic de figuretis con el que la mayoría de congresistas nos sorprenden cada día.