¿ Por qué no prosperó la acusación contra Fujimori y sus ministros?

En el Congreso de la República hay una subcomisión que investiga la Acusación Constitucional número 28, que es la denuncia por traición a la patria contra los funcionarios corruptos del régimen fujimorista que se beneficiaron a través de los decretos de urgencia y secretos. Esta subcomisión, presidida por Walter Alejos, se preparaba para dar una conferencia de prensa el viernes pasado y exponer las revelaciones de su investigación. Sin embargo, una extraña y repentina renuncia de dos de sus tres integrantes la dejó sin quórum he impidió que se hiciera pública la denuncia. ¿Qué pasó? Jerónimo Centurión presentó un reportaje, en el programa Entre Líneas, que tienes algunas respuestas.

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La tentación de todos los gobiernos son los decretos de urgencia. Mejor aún si éstos además son secretos. El pretexto de siempre es la viabilidad de la urgencia. Pero ni rapidez significa garrocha; ni la emergencia, robo.

Durante el último quinquenio de la década fujimorista se promulgaron 7 decretos leyes, 22 de urgencia y 105 supremos, todos secretos. Pese a que la ley lo exige, ninguno fue publicado en el Diario Oficial, sólo ocho fueron vistos en el congreso y, claro, actualmente no existe copia de alguno de ellos.

Así es. No quisieron dejar evidencias, pero tarde o temprano la verdad se sabría.

LEYES URGENTES, CRÍMENES IMPUNES

La subcomisión parlamentaria que preside el congresista ayacuchano de Perú Posible, Walter Alejos, ha heredado la investigación que inició Pedro Morales durante la transición, y cuyas conclusiones prometen un golpe duro contra la mafia del régimen anterior.

"Ningún peruano quiere que se repitan los hechos del pasado", señala Alejos, "para ello, estas investigaciones están ayudando a que se tomen acciones para sancionar a los responsables", afirma.

Según nuestras fuentes, el informe del presidente de la subcomisión número 28, en su primera parte, respalda las conclusiones a las que llegó la comisión Morales.

Es decir, considera que existen indicios suficientes para acusar constitucionalmente al ex presidente Fujimori, a los ex presidentes del Consejos de Ministros Efraín Goldemberg, Alberto Pandolfi, Victor Joy Way; a los ex ministros de Economía, Jorge Camet y Jorge Baca, así como a los de Defensa, Tomás Castillo Meza, César Saucedo, Julio Salazar Monroe y Carlos Bergamino, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado, malversación de fondos, colusión ilegal, y ocultamiento de pruebas. Todos estos delitos son sancionados con prisión no menos de tres, ni mayor de ocho años.

Estas acusaciones se fundamentan en que los implicados usaron los decretos de urgencia para beneficiarse, básicamente, con dinero proveniente de la privatización. El argumento de esta mafia es que ellos gastaron el dinero durante la guerra del Cenepa. Es decir, se embarcaron en enormes negociados so pretexto de "la paz con Ecuador".

Con codicia, estos ejecutivos encontraron en el supuesto desbalance de fuerzas frente al Ecuador la oportunidad dorada para sobrevaluar, pagar comisiones, y favorecer a intermediarios por cientos de millones de dólares.

Lo cierto es que la guerra, que perdimos, le significó al país un gasto de más de mil 800 millones de dólares. De esta increíble suma, más de 900 mil millones fueron fondos de la privatización.

Fujimori y sus ministros, de una u otra forma, participaron o cerraron los ojos frente a estas oscuras compras que hoy, como se sigue descubriendo, no sólo estuvieron viciadas por la corrupción, sino que además pusieron en grave riesgo la seguridad del Estado, ya que la mayor parte de los equipos militares adquiridos, están en condiciones dudosas.

Según la Constitución, los altos funcionarios del estado tienen la calidad de garantes de la defensa nacional. Por ello, el subgrupo de trabajo, asumiendo la denuncia del congresista Javier Diez Canseco, habría encontrado indicios razonables para acusar constitucionalmente por el delito de traición a la patria al ex presidente Alberto Fujimori, al ex ministro de Economía, Jorge Camet; al ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, y al ex ministro de Defensa, Tomas Castillo Meza.

DUPLA MORTAL I: FLORES

Esta investigación fue aprobada y dictaminada el lunes 8 de abril. La firmaron entre otros, los congresistas Rosa Marina León Flores (APRA), y José Luis Risco (UN). Esto indicaba que, técnicamente, el informe había sido aprobado.

Sin embargo, una piedra desvió el rumbo de la subcomisión. De pronto, dos de los tres integrantes del grupo, precisamente Risco y Rosa León, dimitieron a este grupo de trabajo, anulando todo lo averiguado. La decisión se la dieron a conocer al presidente del congreso, Carlos Ferrero, en una carta. Lo que nunca hicieron fue explicar el por qué de la renuncia.

Así, Risco y León prolongaban, por lo menos por seis meses, la denuncia constitucional contra los mencionados funcionarios. Para Walter Alejos, el presidente de esta subcomisión, esto no hace más que "obstaculizar la investigación".

La parlamentaria aprista, Rosa León, quien no oculta que coordinó su renuncia con el congresista Risco, afirmó además que se apartó de la comisión porque no se incluyeron sus opiniones en el informe final. Ella lo explica así: "no era justo que después de habernos reunido con la Comisión Alejos para redactar el borrador de un informe, no se recojan por parte de los asesores todas nuestras conclusiones. Esa fue la razón por la que renunciamos tanto yo como el congresista Risco".

La congresista afirma haber renunciado no sólo por ello, sino además porque los asesores de la subcomisión quisieron que ella firme sin leer.

Pero lo que Rosa León no dice es que tanto ella como Risco renunciaron antes de leer el informe: el documento de renuncia tiene fecha 11 de abril a las doce del día. Es decir, media hora antes para la firma respectiva, los congresistas, ya habían renunciado.

Según fuentes del Legislativo, la congresista aprista se opone, nadie sabe por qué, a que el ex ministro de Defensa, Tomás Castillo Meza sea incluido en la denuncia constitucional por traición a la patria.

DUPLA MORTAL II: RISCO

Sin embargo, lo que no se ha podido confirmar son las razones del congresista Risco. En su oficina nos informaron que viajó, primero a Costa Rica y luego a Europa. El motivo de su ausencia, según sus asesores y su secretaria, no puede ser revelado.

Y, aunque no pudimos obtener la versión de Risco, hay que admitir que las razones que esgrime en este documento, en el que opina sobre el trabajo de la subcomisión, revelan una faceta escondida del parlamentario: detrás del trabajador hay un jurista casi romano.

En el documento, Risco escribe:
"La dación de los decretos de urgencia, en más de un caso, después de haberse concretado operaciones irregulares con la connotación penal, no son parte del iter criminis".

Y cita a connotados juristas como Carrara Mancini, Cuello Calón, Soler y Jiménez de Azúa, para negar que los fujimoristas acusados hayan cometido delito.

Risco en el mismo texto, señala también que otras denuncias, como la de asociación ilícita para delinquir, no son precisas ya que es "un delito plurisubjetivo".

Increíble. En sólo diez meses, el congresista que antes no sabía quién era el presidente de Argentina o Chile, ahora habla latín y se codea con la casta del ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Pero lo que llama enormemente la atención es que parte de los argumentos expuestos por Risco el 16 de enero de este año, en sesión reservada, fueron citados literalmente por el ex ministro Jorge Camet dos meses después. ¿Coincidencias? ¿Un extraño caso de telequinesia? ¿Es que ahora piensan -y redactan- igual los señores Camet y Risco?

Recientemente, la congresista Rosa León declaró en una carta dirigida al presidente del Congreso, que había desistido de su renuncia, y que estaba preparando un informe en mayoría, junto a su colega Risco, distinto al del congresista Alejos. En todo caso, tanto las renuncias de Risco y León, así como la extraña coincidencia arriba señalada, serán debatidas este miércoles en la comisión permanente del Congreso.