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¿Contamina
Lucchetti?
La batalla
entre la Municipalidad de Lima Metropolitana y la empresa chilena
Luchetti comenzó en 1996. El conflicto, según todos
sus protagonistas, podría definirse la próxima semana.
El Municipio decidirá si prorroga o no el plazo para que
la fábrica se quede en la zona de los pantanos de villa o
sea trasladada a otro lugar.
Sin embargo, esta vez existe documentación calificada que,
sin lugar a dudas, abrirá un nuevo debate. El argumento más
sólido que esgrimió la Municipalidad para oponerse
al otorgamiento de la licencia fue el del daño ambiental
y ecológico que el funcionamiento de esta fábrica
causaría en la reserva nacional; pero, al cabo de estos años,
todos los estudios realizados por el INRENA, determinan que la fábrica
de Lucchetti, no contamina.
Escribe César
Hildebrandt Chávez
/ agenciaperu.com
El caso Lucchetti,
una de las mayores controversias jurídicas, sociales y ecológicas
que ha vivido el Perú, llega a sus últimos episodios.
Todo indica que la próxima semana, se decidirá si
la empresa chilena de fideos se queda o no en la zona de Pantanos
de Villa.
Por parte de
la Municipalidad de Lima, su abogado, Ernesto Blume, asegura que
"por el bien del país, Lucchetti debe entender que lo
más razonable es irse a otro lugar y seguir trabajando en
el país".
Sin embargo
para Jorge Avendaño, abogado de la empresa chilena, pretender
desocupar la fábrica "es un absurdo, los trabajadores
no se van a dejar desocupar, como es natural".
Asimismo, Jorge
Caillaux, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) asegura
que "no existe dentro de la población y de las instituciones
publicas la convicción de que la operación de Lucchetti
hoy es una operación legal, más aún después
de la intervención del Poder Judicial de Vladimiro Montesinos".
LOS INICIOS
Todo empezó
el 4 de julio de 1996. La empresa Lucchetti Peru S. A. preguntó
al Municipio de Chorrillos si podía o no levantar una fábrica
de tallarines y pastas en los lotes 1 y 2 de la avenida Prolongación
Huaylas, al costado de la fábrica Mimosa.
Pedro Solano,
de la SPDA, señala que la empresa chilena decidió
"estar en la zona de pantanos de Villa porque querían
dar a entender que su producto era muy limpio, el tema de la convivencia
con la vida silvestre, las aves, era parte de la imagen que Lucchetti
quería dar a sus productos".
La respuesta
de la comuna de Chorrillos fue que la zona tenía calificación
I2, es decir industria liviana, y que el uso que Lucchetti le quería
dar al terreno sí era compatible con el reglamento nacional
de construcciones.
Así,
se presentaron los planos, se aprobaron las solicitudes de construcción:
el proyecto ya estaba en camino. Pero a fines de 1997, la Municipalidad
de Lima decidió revisar la autorización y nombrar
una comisión investigadora para el caso Lucchetti. Para el
Municipio, los permisos de construcción otorgados no se habían
ajustado a la ley.
Desde ese momento,
la batalla legal entre Lucchetti y la Municipalidad Metropolitana
de Lima comenzó.
LUCCHETTI
CONTRA LA MUNICIPALIDAD
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| Jorge Avendaño,
abogado de Lucchetti: "pretender desocupar la fábrica es
un absurdo, los trabajadores no se van a dejar desocupar, como
es natural". |
Una de los principales
argumentos de la Municipalidad contra Lucchetti fue que a la empresa
no le correspondía la calificación de industria liviana,
sino la de gran industria.
El argumento
de la comuna limeña fue que el volumen de producción,
la gran infraestructura de la compañía chilena y,
sobretodo, la orientación de Lucchetti al mercado nacional
y regional la calificaban de ese modo, es decir, como gran industria.
Por lo tanto, era imposible construir la fábrica frente a
los Pantanos de Villa, zona en donde sólo pueden operar compañías
con calificación de industria liviana.
Lo cierto es
que las mismas condiciones no se cumplían con fábricas
de mayor magnitud. Por ejemplo Alicorp, la fábrica de pastas
y harinas del grupo Romero, que produce casi tres veces más
que Lucchetti y que dirige el 20% de su producción al mercado
extranjero está ubicada en una zona del Callao, es calificada
según este mapa documental no como gran industria ni como
industria liviana sino con la calificación I1, es decir,
industria elemental.
EL VEREDICTO
DE INRENA
El segundo argumento
fue el del impacto ambiental. El Municipio de Lima presentó
diversos informes que indicaban que Lucchetti infringía normas
de ecología y que su construcción dañaría
el medio ambiente.
A pesar de las
observaciones, Lucchetti inició la construcción de
su fábrica sin contar con un estudio de impacto ambiental
verificado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA.
Para Jorge Caillaux,
es necesario recordar que "el estudio de impacto ambiental
se hizo después de que ya estaban construyendo para ajustar
un poco un proyecto a un documento de compromiso ambiental que perdió
su carácter de ser un compromiso de prevención, porque
una de las posibilidades hubiera sido decir: no señores,
ustedes no pueden construir aquí, tienen que hacerlo en otro
lugar".
En 1997 y 1998,
los debates entre el Municipio de Lima y la fábrica chilena
continuaron. Distintas entidades, organismos de defensa del medio
ambiente y ONGs ecológicas emitieron informes sobre el tema.
Sin embargo,
la única entidad capacitada para pronunciarse sobre el impacto
ambiental en la zona protegida de los pantanos de villa es el INRENA.
"La opinión
ecológica y ambiental podría ser de que la presencia
de Lucchetti no genera hoy un grave daño al pantano",
asegura Caillaux, de la SPDA.
En efecto, esta
semana, agenciaperu.com tuvo acceso a un documento del Instituto
Nacional de Recursos Naturales: un riguroso examen de monitoreo
ambiental que registra evaluaciones en periodos variables desde
el año 98 hasta diciembre de 2001. Las conclusiones de este
informe abrirán un nuevo debate.
Se hizo cinco
diagnósticos: calidad del aire, emisiones atmosféricas,
parámetros meteorológicos, ruido ambiental y calidad
del agua.
En el primero,
calidad del aire, el INRENA halló que los niveles de dióxido
de azufre, hidrocarburos de petróleo, monóxido de
carbono, plomo y óxidos de nitrógeno se mantuvieron,
en el periodo indicado, muy por debajo del límite permitido.
El examen de
emisiones atmosféricas aplicado a la fábrica Lucchetti
determina que, con los niveles de partículas, dióxido
de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de
carbono, sucede lo mismo: sus valores están por debajo del
límite establecido.
En el rubro
Ruido ambiental, el INRENA ha determinado que, de las cuatro mediciones
hechas en distintos lugares de la fabrica de Chorrillos, sólo
una de ellas supero el limite de tolerancia en una oportunidad,
esto ocurrió en octubre de 2000. En las conclusiones del
informe se menciona además que los niveles de presión
sonora, tienden a disminuir sin transito vehicular.
Los exámenes
elaborados en los últimos meses de este año sobre
el impacto ambiental de la empresa Lucchetti en los pantanos de
villa, corroboran este resultado: la fábrica de tallarines
y fideos chilena no contamina el medio ambiente.
¿POR
QUÉ LUCCHETTI?
En 1998 la Municipalidad
no podía prever este resultado, sin embargo la preocupación
del Municipio de Lima por la probable contaminación producida
por Lucchetti no era similar cuando se trataba de otras fábricas.
El 31 de agosto
de 1995, la empresa 3M PERU S.A., ubicada también frente
a la zona de pantanos de Villa obtuvo de la propia Municipalidad
de Lima un certificado para construir un depósito de su compañía
sobre una zona calificada como vivienda o taller multifamiliar.
El 2 de enero
de 1998, una comisión técnica decidió declarar
nula el otorgamiento de la licencia de construcción de Lucchetti.
Así,
según la empresa de pastas, cuando la Municipalidad de Lima
decide anular todo lo que ella misma había hecho, es que
ellos deciden ir al Poder Judicial de Montesinos. Meses después,
el doctor dicto sentencia y falló a favor de Lucchetti
Según
Blume, "Lucchetti se pone de acuerdo con Montesinos, usa al
juez Percy Escobar, y ordena que le den la razón a Lucchetti,
entonces mediante fallos prevaricadores es que Lucchetti construye".
Jorge Caillaux
es de la idea de que "debe haber una sanción ejemplar,
o debe haber una asunción de responsabilidades o de 'mea
culpa' por parte de la empresa". Algo que no comparte del todo
Jorge Avendaño, abogado de Lucchetti: "si las personas
naturales se portaron mal, no tienen por que pagar la empresa industrial
y los trabajadores que prestan servicios en ella".
En agosto del
año pasado, la Municipalidad de Lima aprobó una solicitud
presentada por Lucchetti y amplió el periodo para que la
empresa chilena abandone la zona de los pantanos de Villa. Esta
próxima semana, el Concejo de Lima Metropolitana decidirá
si renueva la ampliación, es decir, si la fábrica
Lucchetti se va o no.
RELACIONES
BILATERALES
Por su parte,
el Presidente Toledo ha expresado su opinión. Para el mandatario,
la planta de pastas debería desaparecer para colocar en la
zona, en su lugar, un museo.
La propuesta,
para Avendaño, está alejada de la realidad: "ese
local esta construido sobre pilotes de concreto armado, y eso hay
que dinamitarlo. ¿El Perú se va a dar el lujo de dinamitar
una empresa que costo millones de dólares? No creo".
"Lo que
ha dicho el presidente equivale a decir 'regálenme la fabrica',
y el presidente Toledo no puede decidir el una expropiación,
estas se rigen por ley y por el Congreso de la Republica",
sentencia Avendaño.
Tras las declaraciones
del jefe de Estado, el gobierno chileno dio una señal de
protesta e insto al gobierno peruano a respetar el convenio de protección
recíproca de inversiones, ratificado por el Perú y
Chile en agosto de 2001.
Una fuente del
Ministerio de Relaciones Exteriores reveló a agenciaperu.com
que el 13 de mayo de este año, varios meses antes de las
expresiones del Presidente Toledo, la Cancillería peruana
comunicó, a través de una nota informativa a la embajada
de Chile, que el convenio de protección para las inversiones
extranjeras no es aplicable para el caso Lucchetti ya que éste
se encuentra en fueros municipales.
Ernesto Blume
asegura que "este convenio rige desde agosto de 2001 en adelante,
o sea que se aplican a las controversias surgidas desde esa época
y el caso Luccheti y su controversia data del año 1997".
Todo indica
que la última palabra sobre Lucchetti, está dentro
de los fueros nacionales, y la tiene el Concejo Metropolitano de
Lima. Pero si el Municipio decidiera no prorrogar el plazo de permanencia
de Lucchetti en los pantanos de Villa, la empresa chilena está
decidida a demandar al gobierno peruano ante organismos internacionales.
Sin embargo,
la empresa haría bien en demostrar, por lo menos, que ha
cambiado sus gestos.
Pedro Solano,
de la SPDA, señala: "todos sabemos que la instalación
fue ilegal, todos sabemos que hubo corrupción de funcionarios,
y hasta ahora nadie ha escuchado una disculpa formal de la empresa.
Creo que ese tema de actitud, además de la prepotencia con
que se instalaron, fastidia mucho".
Por su parte,
Jorge Caillaux, afirma que "el caso evoca toda una situación
de incumplimiento que constituye un precedente nefasto para futuros
proyectos y para esta cultura de primero hacer y luego preguntar
si puedo hacer, después recién acudir a la autoridad.
Por eso es importante que este caso no se vea desde una sola esfera
sino de todo un conjunto para que esto no se vuelva a repetir".
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