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El
congresista "Cucho" Saavedra estuvo preso nueve
meses acusado del asesinato de un guardia civil.
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Congresista
de Perú Posible fue acusado de asesinato
El congresista
Gerardo "Cucho" Saavedra, el del famoso lapsus "por
Dios y por la plata", estuvo detenido por el asesinato de un
guardia civil en Chiclayo. El expediente del caso desapareció
y los familiares aún exigen justicia. Un informe de Alexa
Vélez, en el programa Entre Líneas de Canal
N, indagó en el tema.
agenciaperu.com
El guardia civil
Jaime Saavedra Zegarra, asesinado en Chiclayo hace veinte años,
no descansa en paz. Nunca se determinó quién fue el
culpable. Esto no permitió que las heridas terminen de cicatrizar
y que el fantasma de este policía se aleje finalmente de
las mentes de los chiclayanos.
El recuerdo
del crimen en el que estuvo vinculado el actual congresista de Perú
Posible, Gerardo Cruz Saavedra Mesones -conocido por juramentar
"por Dios y por la plata"-, no deja dormir hasta hoy a
los familiares de la víctima.
LA EXTRAÑA
MUERTE DE JAIME SAAVEDRA
El 7 de agosto
de 1982, el suboficial Jaime Saavedra Zegarra fue asesinado mientras
patrullaba la zona de El Camalito, lugar conocido aun ahora como
un punto de venta de todo tipo de drogas.
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El
suboficial Jaime Saavedra Zegarra. Su extraña muerte
aún no ha sido esclarecida.
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El ahora congresista
Gerardo Cruz Saavedra Mesones era entonces un simple oficial de
la Guardia Civil. Saavedra Mesones no era un policía excepcional;
nunca brilló entre sus colegas y jamás recibió
felicitación alguna de la institución policial. En
1982, Saavedra Mesones fue detenido por ser el principal sospechoso
del asesinato del suboficial Jaime Saavedra.
El congresista
Saavedra Mesones estuvo preso por nueve meses. Edgar Tello, el juez
responsable del caso lo encontró culpable, pero cuando éste
fue removido, su reemplazante liberó al teniente Gerardo
Saavedra Mesones y lo exculpó del cargo.
Sin embargo,
la Dirección de Personal de la Policía Nacional no
quedó satisfecha con la forma como concluyó el caso.
Tal como consta en la nota informativa # 156 de la DIPER, el teniente
Gerardo Cruz Saavedra Mesones fue separado de la institución.
Según
el documento, nueve días después del asesinato del
policía Jaime Saavedra Zegarra, el teniente Saavedra Mesones
había realizado investigaciones de tráfico ilícito
de drogas en forma dudosa y sin conocimiento del comando, con el
agravante de haber ingerido bebidas alcohólicas, mantenido
amistad con personas consumidoras de Pasta Básica de Cocaína
y haber protagonizado un incidente haciendo disparos con el revólver
Smith Wesson número 890524, de propiedad del Estado. Pero
el agravante principal fue haber estado detenido y acusado del crimen
del guardia Jaime Saavedra Zegarra.
Para, Segundo
Saavedra Zegarra, hermano de la víctima, la separación
no fue suficiente. Él está convencido de la culpabilidad
del ahora congresista. "No sabemos cómo se llega a librar
de estos cargos, cómo se llega a limpiar de esta situación,
donde era el principal sospechoso", se pregunta.
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Éste
era el teniente Gerardo Saavedra, a principios de los 80,
cuando no imaginaba que sería congresista.
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INSÓLITOS
SUCESOS
Lo cierto es
que en las investigaciones existieron serias irregularidades. Una
de ellas es el documento elaborado por el forense, firmado por el
médico Ricardo Solís Carrera, que dice que no fueron
los disparos los que terminaron con la vida de la víctima
sino el golpe que recibió en el cráneo.
El documento
precisa también que los orificios que presentaba la ropa
de la víctima al momento de la necropsia, no concordaban
con las zonas donde estaban ubicadas las lesiones.
No obstante,
el parte policial no registra el golpe mortal que recibió
el guardia Jaime Saavedra Zegarra ni precisa que la ropa que este
llevaba puesta no concordaba con la ubicación de las lesiones
recibidas.
En el colmo
de las irregularidades, el expediente judicial se perdió.
"El expediente judicial, lamentablemente, escuché que
se le había perdido al señor Huangal Naveda (vocal
y actual Presidente de la Corte Superior de Lambayeque), o sea que
al gavilán le roban los huevos" se queja Segundo Saavedra.
La pérdida
del expediente, la solicitud de la familia de que se reabra el caso
y la posibilidad de que un legislador del oficialismo cuente son
antecedentes como los señalados, motivó que el año
pasado el Ministerio de Justicia solicitara a la Fiscalía
de la Nación que investigue al congresista. La Fiscal de
la Nación envió inmediatamente un oficio al vocal
Manuel Huangal para que remitiera el expediente. Pero el vocal Huangal
afirma sigue esperando que el expediente aparezca.
Mientras esperan
que se haga justicia, la espera ha sido demasiado para la familia
de Jaime Saavedra. Su dolido hermano recuerda el vía crucis
familiar: "Mi padre fallece a los cuatro años de ese
fatídico 7 de agosto del 82, a raíz de este caso porque
no hallaba justicia. Se iba a la corte casi todos los días,
con dos piedras en la mano para haber qué podía hacer,
para haber si hacía justicia con sus propias manos".
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Segundo
Saavedra, hermano de la víctima, lleva casi 20 años
exigiendo justicia.
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POR DIOS
Y POR EL AZÚCAR
Pero esos no
soy los únicos problemas que tiene el congresista en Chiclayo.
Las azucareras Tumán y Pucalá actualmente se encuentran
en disputa con Saavedra Mesones.
Miguel Delgado,
representante de la Asociación de trabajadores y accionistas
de Tumán, afirma que su departamento informó al congresista
que sus cañas "venían en pésimas condiciones
y nos llamó poderosamente la atención que 8 meses
después a Tumán se le apertura un proceso judicial,
según ellos, por adulteración de los análisis"
En aquella época, Saavedra Mesones les abrió un proceso
por 4 millones 482 mil soles.
Por su lado,
Oscar Fernández, Gerente legal de Pucalá, reclaman
lo que consideran un irregular contrato: "En ese contrato,
el congresista Cucho Saavedra o Cruz Saavedra se comprometía
a entregar la caña en el patio del ingenio. Del fundo San
Miguel nunca llegó la caña porque ya no existía.
A la fecha de celebración de este contrato la empresa Tumán
ya había molido la caña y le había entregado
su azúcar a Cruz Saavedra."
La indemnización
por daños y perjuicios que exige el congresista del oficialismo
a ambas azucareras asciende a más de 4 millones de dólares.
Miguel Delgado
sostiene que el proceso que inició el congresista "está
plagado de irregularidades y se debe a que Cruz Saavedra manejaba
el Poder Judicial. La sentencia que consiguió es realmente
una aberración."
Un crimen sin
esclarecer, un expediente hecho humo y dos procesos judiciales con
dos conocidas azucareras, persiguen al congresista del oficialismo.
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