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  Investigación 
14 de enero del 2002
Además: el lío con las azucareras

El congresista "Cucho" Saavedra estuvo preso nueve meses acusado del asesinato de un guardia civil.

Congresista de Perú Posible fue acusado de asesinato

El congresista Gerardo "Cucho" Saavedra, el del famoso lapsus "por Dios y por la plata", estuvo detenido por el asesinato de un guardia civil en Chiclayo. El expediente del caso desapareció y los familiares aún exigen justicia. Un informe de Alexa Vélez, en el programa Entre Líneas de Canal N, indagó en el tema.

agenciaperu.com

El guardia civil Jaime Saavedra Zegarra, asesinado en Chiclayo hace veinte años, no descansa en paz. Nunca se determinó quién fue el culpable. Esto no permitió que las heridas terminen de cicatrizar y que el fantasma de este policía se aleje finalmente de las mentes de los chiclayanos.

El recuerdo del crimen en el que estuvo vinculado el actual congresista de Perú Posible, Gerardo Cruz Saavedra Mesones -conocido por juramentar "por Dios y por la plata"-, no deja dormir hasta hoy a los familiares de la víctima.

LA EXTRAÑA MUERTE DE JAIME SAAVEDRA

El 7 de agosto de 1982, el suboficial Jaime Saavedra Zegarra fue asesinado mientras patrullaba la zona de El Camalito, lugar conocido aun ahora como un punto de venta de todo tipo de drogas.

El suboficial Jaime Saavedra Zegarra. Su extraña muerte aún no ha sido esclarecida.

El ahora congresista Gerardo Cruz Saavedra Mesones era entonces un simple oficial de la Guardia Civil. Saavedra Mesones no era un policía excepcional; nunca brilló entre sus colegas y jamás recibió felicitación alguna de la institución policial. En 1982, Saavedra Mesones fue detenido por ser el principal sospechoso del asesinato del suboficial Jaime Saavedra.

El congresista Saavedra Mesones estuvo preso por nueve meses. Edgar Tello, el juez responsable del caso lo encontró culpable, pero cuando éste fue removido, su reemplazante liberó al teniente Gerardo Saavedra Mesones y lo exculpó del cargo.

Sin embargo, la Dirección de Personal de la Policía Nacional no quedó satisfecha con la forma como concluyó el caso. Tal como consta en la nota informativa # 156 de la DIPER, el teniente Gerardo Cruz Saavedra Mesones fue separado de la institución.

Según el documento, nueve días después del asesinato del policía Jaime Saavedra Zegarra, el teniente Saavedra Mesones había realizado investigaciones de tráfico ilícito de drogas en forma dudosa y sin conocimiento del comando, con el agravante de haber ingerido bebidas alcohólicas, mantenido amistad con personas consumidoras de Pasta Básica de Cocaína y haber protagonizado un incidente haciendo disparos con el revólver Smith Wesson número 890524, de propiedad del Estado. Pero el agravante principal fue haber estado detenido y acusado del crimen del guardia Jaime Saavedra Zegarra.

Para, Segundo Saavedra Zegarra, hermano de la víctima, la separación no fue suficiente. Él está convencido de la culpabilidad del ahora congresista. "No sabemos cómo se llega a librar de estos cargos, cómo se llega a limpiar de esta situación, donde era el principal sospechoso", se pregunta.

Éste era el teniente Gerardo Saavedra, a principios de los 80, cuando no imaginaba que sería congresista.

INSÓLITOS SUCESOS

Lo cierto es que en las investigaciones existieron serias irregularidades. Una de ellas es el documento elaborado por el forense, firmado por el médico Ricardo Solís Carrera, que dice que no fueron los disparos los que terminaron con la vida de la víctima sino el golpe que recibió en el cráneo.

El documento precisa también que los orificios que presentaba la ropa de la víctima al momento de la necropsia, no concordaban con las zonas donde estaban ubicadas las lesiones.

No obstante, el parte policial no registra el golpe mortal que recibió el guardia Jaime Saavedra Zegarra ni precisa que la ropa que este llevaba puesta no concordaba con la ubicación de las lesiones recibidas.

En el colmo de las irregularidades, el expediente judicial se perdió. "El expediente judicial, lamentablemente, escuché que se le había perdido al señor Huangal Naveda (vocal y actual Presidente de la Corte Superior de Lambayeque), o sea que al gavilán le roban los huevos" se queja Segundo Saavedra.

La pérdida del expediente, la solicitud de la familia de que se reabra el caso y la posibilidad de que un legislador del oficialismo cuente son antecedentes como los señalados, motivó que el año pasado el Ministerio de Justicia solicitara a la Fiscalía de la Nación que investigue al congresista. La Fiscal de la Nación envió inmediatamente un oficio al vocal Manuel Huangal para que remitiera el expediente. Pero el vocal Huangal afirma sigue esperando que el expediente aparezca.

Mientras esperan que se haga justicia, la espera ha sido demasiado para la familia de Jaime Saavedra. Su dolido hermano recuerda el vía crucis familiar: "Mi padre fallece a los cuatro años de ese fatídico 7 de agosto del 82, a raíz de este caso porque no hallaba justicia. Se iba a la corte casi todos los días, con dos piedras en la mano para haber qué podía hacer, para haber si hacía justicia con sus propias manos".

Segundo Saavedra, hermano de la víctima, lleva casi 20 años exigiendo justicia.

POR DIOS Y POR EL AZÚCAR

Pero esos no soy los únicos problemas que tiene el congresista en Chiclayo. Las azucareras Tumán y Pucalá actualmente se encuentran en disputa con Saavedra Mesones.

Miguel Delgado, representante de la Asociación de trabajadores y accionistas de Tumán, afirma que su departamento informó al congresista que sus cañas "venían en pésimas condiciones y nos llamó poderosamente la atención que 8 meses después a Tumán se le apertura un proceso judicial, según ellos, por adulteración de los análisis" En aquella época, Saavedra Mesones les abrió un proceso por 4 millones 482 mil soles.

Por su lado, Oscar Fernández, Gerente legal de Pucalá, reclaman lo que consideran un irregular contrato: "En ese contrato, el congresista Cucho Saavedra o Cruz Saavedra se comprometía a entregar la caña en el patio del ingenio. Del fundo San Miguel nunca llegó la caña porque ya no existía. A la fecha de celebración de este contrato la empresa Tumán ya había molido la caña y le había entregado su azúcar a Cruz Saavedra."

La indemnización por daños y perjuicios que exige el congresista del oficialismo a ambas azucareras asciende a más de 4 millones de dólares.

Miguel Delgado sostiene que el proceso que inició el congresista "está plagado de irregularidades y se debe a que Cruz Saavedra manejaba el Poder Judicial. La sentencia que consiguió es realmente una aberración."

Un crimen sin esclarecer, un expediente hecho humo y dos procesos judiciales con dos conocidas azucareras, persiguen al congresista del oficialismo.

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