La muerte del general que descubrió el tráfico de armas

A principios de 1995, cuando se inicio la guerra del Cenepa un general del Ejército encontró serias anormalidades en las compras de armamento y material bélico que apuradamente compraba el Perú. El general Fernando Lizarzaburu tuvo el coraje de dejar constancia documentada sobre cada una de ellas. Cuando Vladimiro Montesinos se enteró de las críticas y las anotaciones que realizaba el general, mandó cesarlo de su cargo y lo sacó del Ejército. Hace dos años, el general Lizarzaburu murió víctima de un cáncer incipiente. Ahora, sus familiares exigen una explicación sobre su muerte, pues consideran que existen suficientes razones para pensar que su deceso no la causó su enfermedad.

Escribe César Hildebrandt Chávez / agenciaperu.com

El año 1995 fue extremadamente difícil para nuestras Fuerzas Armadas. El 25 de enero, el conflicto con el Ecuador arreció y se convirtió en la justificación para que, en febrero de ese año, el gobierno de Alberto Fujimori aprobó una serie de decretos secretos que autorizaron la compra de armamento.

Como es tradicional en el ejército, la partidas presupuestales pasaron por la Oficina de Planificación del Ministerio de Defensa, a cargo en ese entonces por el general Fernando Lizarzaburu Corte.

EL GENERAL QUE SABÍA DEMASIADO

El general Lizarzaburu había trabajado anteriormente en la Oficina de Información del Ejército. Antes, entre 1980 y 1982, fue edecán del presidente Fernando Belaúnde. En 1994, ya con el grado de general, asumió la dependencia clave dentro del Ministerio de Defensa: la Oficina de Planificación Presupuestal de las Fuerzas Armadas. En ese puesto permaneció hasta 1996, cuando Montesinos se enteró de que cuestionaba todas las compras hechas por los tres institutos armados.

En abril de 1995, un decreto había llamado la atención del general. El decreto de urgencia número 020 que permitía que el Ministerio de Defensa, encabezado en ese entonces por el ahora prófugo general Víctor Malca, disponga libremente de 222 millones de dólares para gastos de seguridad.

Ahora se sabe que casi todas las adquisiciones de armamento sirvieron para que se beneficiara la mafia de vendedores de armas vinculadas a Vladimiro Montesinos.

El general Lizarzaburu fue un oficial comprometido durante más de 38 años con su institución, y frente a estos hechos, se sentía atado de manos.

Un viejo amigo suyo, don Juan Bardelli, quien, en esos meses, se reunía casi a diario con el general, recuerda sus quejas: "Él veía todas las compras y a veces me decía: estoy viendo unas cosas que ni te imaginas. Es desesperante. Alguien tiene que saber esto. No te puedo contar nada porque está en juego la seguridad de la Nación."

agenciaperu.com tuvo acceso a uno de los informes que elaboró el general Lizarzaburu, en 1995, mientras ocurría el conflicto del Cenepa y Montesinos decidía que armas se debían comprar. En el informe, el general detalla y cuestiona el material que se compró para los tres institutos armadas durante ese año.

En el informe, del 28 de noviembre, figuran las observaciones realizadas por el general respecto de cada una de las irregularidades que la cúpula montesinista ejecutaba en pleno conflicto con el Ecuador.

En cada página de ese minucioso y hasta hoy desconocido informe militar, el general Lizarzaburu se esmeró que quedara constancia -y con el sello del Ministerio de Defensa- de cada uno de los millonarios delitos. Las frases como "No se tiene conocimiento de licitación alguna"; "a la fecha no se ha remitido R.M. (resolución ministerial) de presupuesto analítico" o "se desconoce a qué partida específica corresponde" son comunes en el revelador documento.

Además, aparecen algunas compañías que, en 1995, aún se mantenían en la sombra: Crousillat Brothers; B & F Comercialización, del vendedor de armas Enrique Benavides Morales; Mobetek Representaciones, de Moshe Rothschild y Alberto Venero; Sutex, de James Stone; Wotan International, de Klaus Corpancho; Frixi, compañía vinculada a Víctor Posso Carrillo, cuñado del ex comandante de la marina Américo Ibárcena, y Catic, la empresa china que cuyos representantes confesaron haber pagado a Victor Joy Way más de 2 millones y medio de dólares en comisiones.

Incluso, al final de una de las páginas, como parte de las adquisiciones del Ejército, aparece la compra de uno de los equipos de interceptación telefónica celular: el CTMS 6001, importado por la empresa peruana Atlas Trade.

A fines de 1996, el disgusto del general Lizarzaburu se hizo evidente y llegó a oídos del ex asesor Vladimiro Montesinos. Y empezó la pesadilla.

MONTESINOS ATACA

En diciembre de 1996, mediante una resolución suprema, el general Fernando Lizarzaburu Corte, después de 38 años y 11 meses en el ejército, fue pasado al retiro por "renovación", una de las causales más ingratas dentro de las Fuerzas Armadas. En esos años, Montesinos ordenaba los ascensos y las bajas dentro el ejército. Sin duda, el ex asesor se ensañó con el general.

A principios de 1997, cuando la situación económica de la familia Lizarzaburu empeoraba, el general recurrió a Baruch Ivcher, un viejo amigo suyo, y le pidió trabajo en la fábrica de colchones Paraíso.

La amistad del general con el accionista mayoritario de canal 2 fue determinante. Los agentes del SIN, alertados, vigilaron cada uno de sus movimientos. La señora Dora Gambetta Ponce de León, viuda de Lizarzaburu recuerda que la angustia de esos meses era excesiva. Incluso, recuerda, los vecinos llegaron a interrogar a unos extraños personajes que permanecían durante horas dentro de automóviles estacionados en el vecindario.

El general Lizarzaburu sabía que lo peor era perder la calma. Con gran flema, anotó en su agenda personal del año 1997 cada seguimiento: en los días 3, 18 y 21 de junio, registra las placas de los dos vehículos que lo vigilaban a él y a su familia.

La primera matrícula, la HQ 4889, según el registro de propiedad vehicular, pertenece a Nancy Manco Navarro y a Augusto Alejandro Gonzales Caycho. Sin embargo, ninguno de los dos personajes aparece actualmente en el Registro Nacional de Identificación.

El segundo vehículo tenía la placa JQ 7276 y actualmente aparece como material de guerra del ejército asignado al general Enrique Oliveros Pérez, jefe del servicio de inteligencia del ejército en esos años.

LA ENFERMEDAD

En marzo de 1999, el general Fernando Lizarzaburu acudió al Hospital Militar Central, ubicado en la avenida Pershing. Una persistente tos lo aquejaba

En el Hospital Militar le asignaron un tratamiento a cargo del doctor Rómulo Cárdenas Agramonte. El diagnóstico inicial fue el de un cáncer incipiente.

Los amigos y familiares del general Lizarzaburu aseguran que el tratamiento que se le aplicó fue sospechosamente negligente y que eso determinó su muerte, un año después.
"Ese chequeo se tradujo en una serie de irregularidades en el tratamiento que le dieron. Irregularidades negligentes" recuerda Juan Bardelli, amigo del general. Amigos y familiares consultaron a varios médicos y la conclusión fue la misma: "le aplicaron quimioterapia cuando no era necesario".

En diciembre de 1999, la señora Dora Gambetta Ponce de León, esposa del general, decidió buscar otra opinión médica y acudió al Instituto Oncológico de Lima donde se entrevistó con el doctor Andrés Solidoro. Cuando le dijo que le habían aplicado nueve quimioterapias, el doctor exclamó: "¡Si solo le han debido aplicar tres!".

La señora Dora cuenta que, días después de visitar al doctor Solidoro, en el hospital militar ocurrió un episodio alarmante: "El doctor Cárdenas le ordenó a la enfermera que le aplique a mi esposo una inyección de codeína, pero ella se negó. Luego me dijo que si lo hubiera hecho le habría ocasionado un paro cardíaco".

La codeína es un narcótico de propiedades sedantes y analgésicas. Algunos miembros del personal médico que atendieron al general Lizarzaburu durante su tratamiento confirmaron a agenciaperu.com las órdenes que dio el doctor Rómulo Cárdenas. Incluso, aseguraron que, en otras oportunidades, otros médicos le recetaron corticoides.

La sospecha carcome a la familia del general. Según ellos, el exceso de estos medicamentos empeoró su salud. "Le aplicaron una cantidad excesiva de cortisona. Se volvió un monstruo. Todo se hinchó, sus brazos, todo... Imagínate que no podía permanecer parado" recuerda la señora Dora.

Un mes antes de morir, el general Fernando Lizarzaburu anotó en su agenda sus últimos días en el hospital: "Comienzo a perder fuerza en piernas y brazos. Se me está dificultando mi capacidad de andar por mi mismo."

La familia empezaba a desesperar. La señora Dora recuerda con angustia esos días: "Mi hijo le decía: salte de aquí, te van a matar. Y mi esposo le decía: cómo crees, si este es mi hospital."

El 16 de enero del año 2000, a las 9 y 35 de la noche, el general Lizarzaburu dejó de existir. Desde ese día, su esposa Dora Gambetta Ponce de León, ha solicitado al Hospital Militar innumerables veces la historia clínica de su marido. La respuesta siempre es la misma: se ha perdido.

CONTINÚAN LAS VEJACIONES

El protocolo de necropsia del general Lizarzaburu está fechado el 17 de enero de 2000 y, según el documento firmado por el doctor Juan Parreño Serpa, el examen se inició ese día a las 6 de la mañana. Sin embargo, los familiares del general aseguran que este documento registra información falsa ya que ellos vieron el cadáver del general a las 7 de la mañana y no tenía ningún rastro que se le hubiera practicado la necropsia.

Juan Bardelli fue uno de los primeros en ver el cuerpo del general: "Estaba hinchado, normal, pero no estaba cortado. No había pasado bisturí por su cuerpo ni sierra quirúrgica. Yo le desabotoné la camisa para ver si habías rasgos, pero nada" asegura. "¿Cómo este doctor pudo haber firmado un protocolo de necropsia cuando no se le practico autopsia al general?" se pregunta y añade: "la muerte del general es un delito muy grave que no ha sido investigado. Todas las evidencias apuntan a que fue asesinado."

El patólogo Juan Parreño tiene una particular versión de la autopsia que le practicó al general. Asegura tener una técnica especial "para que la familia no vea nada de nuestro trabajo"; es decir, "no dejamos huellas que pueden observarse a través del vidrio".

El doctor Uriel García, el patólogo más experimentado del país, niega que exista alguna técnica especial que permita realizar necropsias sin dejar rastros.

Incluso después de muerto, el general fue maltratado. Su cuerpo iba a ser enterrado "en un cajón que parecía una caja de leche" recuerda, adolorida e indignada, su viuda. "Con las justas mi hijo y un amigo lo pusieron en otro cajón porque el primero se rompió. Me negaron el crematorio, me negaron la capilla... Era un ser humano, no era un perro."

Dos años después de su muerte, la familia y los amigos del general esperan que el ejército ordene una investigación al respecto y por fin reivindicarlo. Para la señora Dora, esto no es simplemente una cruzada personal. "Es también porque ha habido tantas muertes raras en estos diez años, que espero que las esposas denuncien, porque no puede seguir esto así. No puede".